Conceptualmente, la Cosa Juzgada puede ser concebida como la cualidad inimpugnable e inmutable asignada por la Ley a la decisión contenida en una sentencia “en firme y ejecutoriada” dictada en un Proceso Contencioso con relación a todo proceso posterior entre las mismas partes, que verse sobre el mismo objeto y se funde sobre la misma causa.
Sentencia de 27 de agosto de 2021. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción N.E.S.C. c Universidad de Panamá.
Partiendo de esta idea, la Corte considera que el acto impugnado deviene en ilegal porque al conferirle a la Junta Comunal de Tolé el derecho exclusivo de celebración de sus fiestas patronales contraviene el artículo 1204 del Código Administrativo que dice:
“Artículo 1204. En los Distritos Municipales sólo se permitirán fiestas o diversiones públicas en los días del Santo Patrono del lugar, en los dνas cívicos declarados por la ley, en las noches vísperas de los expresados días y el domingo, lunes y martes de carnaval, previo aviso a la autoridad pública del lugar respectivo.”
Esta norma hace permisible que las actividades de naturaleza comercial que se realizan en el marco de la celebración de las fiestas patronales; tales como bailes populares, presentaciones artísticas, corridas de toro, aparatos mecánicos, juegos de azar, exhibición de productos, venta de bebida, comidas, artesanías, etc.; sean realizadas por particulares, sean éstos personas jurídicas o naturales que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
Sentencia de 22 de marzo de 2002. Caso: R.Á.C.R. c. Consejo Municipal del Distrito de Tolé.
Potestad Sancionadora
Debemos entender que la potestad sancionadora de la Administración como facultad o competencia de las autoridades administrativas, desarrollada en aplicación del “ius puniendi”, para fiscalizar los comportamientos de los administrados en el personal de servicio adscrita a ella, y para imponer medidas restrictivas de derecho ante la inobservancia de las reglas que prescribe. Se considera una garantía del cumplimiento del derecho positivo administrativo y como una función instrumental cuyo objeto es proteger los bienes e intereses definidos por el ordenamiento en cada materia o sector.
Esta potestad está sujeta al principio de legalidad, por lo que es atribuida a determinados órganos del Estado por medio de la ley, con la finalidad de imponer sanciones a los particulares y a los funcionarios que infringen sus disposiciones, como fue el caso que nos ocupa.
Sentencia de 28 de agosto de 2019. Proceso: Demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. Partes: R.R.R. c. Caja de Ahorros.
La potestad revocatoria o anulación opera bajo supuestos específicos y recae exclusivamente sobre la autoridad que emitió el Acto Administrativo, a fin de evitar que las instituciones del Estado incurran en decisiones arbitrarias que vulneren o desconozcan injustificadamente derechos adquiridos por terceros, tal como es el reconocimiento del ingreso a la Carrera Migratoria que le otorga estabilidad laboral a un servidor público, siendo este el motivo por el cual se debe examinar minuciosamente si se configura o no alguna de las causales descritas.
Sentencia de 10 de septiembre de 2021. J.C.T.M. c Servicio Nacional de Migración.
Dentro del marco del criterio jurisprudencial, resulta necesario advertir, que contra los Actos preparatorios no cabe acción alguna, dado que su contenido forma parte del Procedimiento Administrativo, encaminado adoptar una Decisión Final, cuya condición puede variar, siendo pues, el Acto definitivo, aquel que pone fin a la actuación Administrativa; es decir, aquellos que deciden el fondo de un asunto, ya sea creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica.
Auto de 24 de marzo de 2021. C.L.M. c Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.