Sus pagos no pueden ser suspendidos por el consejo municipal

 

Esta Superioridad ya ha señalado que el Consejo Municipal no puede suspender los pagos que la Tesorería Municipal debe hacer, siempre que dichos pagos cumplan con las norma y reglas establecidas por la Contraloría General de la República y los demás requisitos establecidos por la Ley (ver auto de 5 febrero de 1999 y 8 de junio de 1999). De ahí que la Sala encuentre probada la violación del artículo 114 de la Ley 106 de 1973.

Sentencia de 28 de junio de 2000. Caso: Olmedo Arrocha c/ Consejo Municipal de Panamá.

Texto de fallo

Impide que un médico salubrista sea trasladado para ejercer funciones curativas

 

De los informes periciales (fs. 83-97) que constan en el expediente, se infiere que las funciones clínicas asignadas a la doctora Aida Libia Moreno de Rivera en el Centro de Salud de las Mañanitas son distintas a las que corresponden a un médico salubrista o sanitarista.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la Resolución N° 04952 de 28 de septiembre de 1999, dictada por el Ministro de Salud ha infringido el artículo 62 del Código Sanitario que establece que los miembros del escalafón sanitario gozan de permanencia y solo podrán ser separados por renuncia, falta, invalidez, jubilación o fallecimiento. Esto es así, pues al trasladarse a la doctora Aida Libia Moreno de Rivera al Centro de Salud de las Mañanitas en el que ejerce funciones curativas, se le violó su derecho de estabilidad en su cargo que le corresponde como miembro de la Carrera Sanitaria, ya que se le separo del escalafón sanitario sin que mediara una de las causales de separación establecidas en la norma anteriormente citada.

Sentencia de 10 de enero de 2002. Caso: Aida Libia Moreno de Rivera c/ Ministerio de Salud.

Texto de fallo

No procede si no se ha notificado personalmente el auto que libra mandamiento de pago

 

Del estudio del expediente, la Sala considera que le asiste la razón al incidentista, toda vez que para poder proceder con el embargo era necesario que el auto que libra mandamiento de pago le fuese notificado personalmente al defensor de ausente nombrado, una vez transcurrido los diez días desde la última publicación del edicto emplazatorio en un diario de circulación nacional, y que este tomase posesión del cargo previo a la notificación de dicho auto, lo cual nunca ocurrió.

Auto de 14 de diciembre de 2000. Caso: Aníbal Tejeira dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el IFARHU le sigue a Misael Domínguez Tejeira.

Texto de fallo

Se surte bajo los mismos requisitos de las demandas de plena jurisdicción

 

Finalmente, es conveniente aclarar que aun en el caso de que nos encontráramos ante una acción contenciosa de protección de los derechos humanos, instaurada contra un acto de carácter particular, esta Sala ha señalado categóricamente, que cuando se trata de la violación de un derecho humano justiciable, por un acto administrativo individual, los requisitos procesales subjetivos son los mismos que en los procesos ordinarios de plena jurisdicción, dado que el artículo 98 numeral 15 del Código Judicial establece claramente, que el trámite de estos procesos se regula por las Leyes 135 de 1943 y 33 de 1946.

La única excepción a dicha regla, es que no se requiere al agraviado que agote previamente la vía gubernativa, pero sí debe cumplir con el plazo de prescripción establecido en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946. (Cfr. resolución de 18 de enero de 2000).

Auto 5 de diciembre de 2000. Caso: Luis Enrique Ortiz Martínez c/ Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República.

Texto de fallo

Sus reclamaciones laborales no proceden por la vía del contencioso administrativo

 

El Magistrado considera que la presente demanda es inadmisible por las razones que se explican a continuación. Tal como lo dispone el artículo 81 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997 (Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá), la Autoridad está sujeta a un régimen laboral especial, por lo que a los funcionarios, a los trabajadores de confianza, a los trabajadores y a las organizaciones sindicales de la Autoridad, no les serán aplicables las disposiciones del Código de Trabajo y del Código Administrativo, sino las disposiciones de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, los reglamentos y las convenciones colectivas. En este sentido cabe señalar que la Ley Orgánica prevé el procedimiento para la tramitación de quejas establecidas en la convención colectiva, como la vía adecuada para resolver reclamos de tipo laboral. Por tanto el recurrente no debió, mediante una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, efectuar este tipo de reclamos por no ser la vía adecuada, sino de que debió recurrir al procedimiento para la reclamación de quejas para el reclamo de su pretensión.

Auto de 3 de julio de 2000. Caso: Henry Pino c/ Dirección de Operaciones Marítimas de la Autoridad del Canal de Panamá.

Texto de fallo