El contrato-ley es una figura jurídica que está diseñada para promover la inversión privada, sea esta nacional o extranjera, utilizando como herramienta la asignación de garantías y seguridades jurídicas al inversor.
Sentencia de 03 de agosto de 2021. Demanda de Inconstitucionalidad contra artículos (cláusulas) del Contrato Ley 36-2017, de 07 de diciembre de 2016, aprobado por la Ley 28 de 25 de mayo de 2017.
En ese orden de ideas la participación ciudadana es un asunto correlativo al tema del derecho humano de acceso a la información o libertad de información en poder de la Administración Pública u otros organismos privados que brinden un servicio público. La información a recibir no solo va referida a su gestión, sino también a la conducta de los servidores públicos, al sustento de los criterios y decisiones de forma clara y oportuna, al manejo de los recursos que forman parte del patrimonio del Estado, cuya administración es confiada a los gobernantes, y a que se de a conocer de forma clara y oportuna el sustento de los criterios que motivan sus decisiones, así como la decisión misma.
Sentencia de 16 de diciembre de 2016. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad Asociación Productores de Cultivos Exportables APCE c Autoridad Nacional del Ambiente.
En cuanto a las vacaciones, nuestra legislación reconoces estas como aquel derecho que tiene todo trabajador de percibir descanso remunerado por cada once meses de trabajo.
Sentencia de 23 de agosto de 2021. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción L.M.H c Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.
Amerita aclararse que al quedar sometido a la Carrera Policial, el miembro de la Policía Nacional no podrá ser removido del cargo con fundamento en la potestad discrecional de la autoridad nominadora, pero sí por haber incurrido en la comisión de una falta disciplinaria, debidamente comprobada en el curso de un procedimiento administrativo en el que se le hayan garantizado todos sus derechos, como efectivamente ocurrió en este caso.
Sentencia de 27 de agosto de 2021. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción G.A.L. c Ministerio de Seguridad Pública.
En los procesos de reparación directa es necesaria la determinación, por parte del Tribunal, de la existencia de la antijuricidad del daño para que, de esta forma, sea objeto de reparación por esta vía contencioso administrativa, lo que en definitiva se logra al verificar los elementos del propio daño, que es aquel que sea cierto, de carácter personal y directo, y sobre todo debe cumplir con el elemento o característica de antijuricidad, entendido como aquel que la persona no está en la obligación a asumir, o soportar como ciudadano, al no existir una razón jurídica justificada para tolerar ese daño, porque traspasa el ámbito de las cargas jurídicamente impuestas por la Administración con fundamento en una norma jurídica.
Sentencia de 11 de agosto de 2021. R.F.D c Estado Panameño (Ministerio de la Presidencia).