La Sala tercera ha sostenido, a partir de 1991, que la suspensión provisional de un acto administrativo puede decretarse en procesos de nulidad. Con ello se cambió el criterio que había prevalecido en esta Sala a partir de 1965.
La suspensión en estos procesos de nulidad procede si el acto administrativo infringe palmariamente el principio de separación de poderes o si puede si puede entrañar un perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico por violar en forma manifiesta una norma jurídica de rango superior.
Adicionalmente debemos señalar que la Sala puede suspender las acciones relativas al pago de tributos municipales, ya que, según lo ha interpretado esta Corporación de Justicia, el artículo 74 de la Ley 135 de 1943, que impide la suspensiónprovisional del pago de impuestos, contribuciones o tasas, no es aplicable en materia de tributos municipales. La Sala ha hecho una interpretación restrictiva de la norma y ha considerado que esta prohibición rige sólo respecto a tributos fijados por ley, y no a tributos creado mediante acuerdos municipales, acciones cuyos efectos sí esta sujetos a la potestad discrecional de la Sala de ser suspendidos provisionalmente. (Ver Res. De 9 de julio de 1993, Registro Judicial de julio de 1993 págs. 227 y 228 y Res. De 19 de enero de 1996, Registro Judicial de enero de 1996, pág. 326).