La Sala ha reiterado como en otros casos análogos que no basta con enunciar que se puede sufrir un perjuicio notoriamente grave, como lo asevera la demandante en esta oportunidad, sino que es imprescindible que el recurrente detalle en forma sistemática, especifica y explique a la Sala en qué consisten o pueden consistir los perjuicios, acompañando incluso pruebas fehacientes que demuestren la gravedad del daño alegado, lo que en el presente negocio no advierte.

Tratándose de acciones de plena jurisdicción, este Tribunal ha indicado que es necesario que se acredite la existencia de un perjuicio notoriamente grave y de difícil o imposible reparación.

Auto de 03 de marzo de 2021. Demanda Contencioso de Plena Jurisdicción Consorcio IDEL contra Ministerio de Ambiente.

Texto del Fallo

Tenemos que la Medida Cautelar de Suspensión Provisional del Acto Administrativo tiene como propósito evitar que el demandante o el ordenamiento jurídico sufran perjuicios graves o de difícil o imposible reparación; no obstante, busca también preservar la existencia del acto impugnado, de manera, que, posteriormente, pueda recaer una decisión que resuelva la pretensión planteada en la Demanda y que la misma no carezca de efectividad y utilidad. De igual manera, se evidencia que en la medida cautelar administrativa debe necesariamente valorarse o ponderarse el interés general.

Auto de 15 de enero de 2021. Demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción Autoridad del Canal de Panamá contra Autoridad de los Servicios Públicos.

Texto del Fallo

Este Tribunal, a través de su jurisprudencia, también ha señalado que en la Tutela Cautelar Administrativa el Tribunal Contencioso Administrativo debe valorar no solo la situación particular del afectado, sino también el interés público, por tanto, previo a decretar la medida cautelar de Suspensión Provisional, es su obligación una minuciosa ponderación sobre los efectos adversos que el acto administrativo puede ocasionar en perjuicio del interés público.

Auto de 15 de enero de 2021. Demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción Autoridad del Canal de Panamá contra Autoridad de los Servicios Públicos.

Texto del Fallo

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debe de advertirle al accionante, que la regla general en materia de validez del acto administrativo radica en que todo acto se presume legal, hasta tanto no se llegue a probar lo contrario.

Sentencia de 26 de febrero de 2021. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción contra el Resuelto N° 2557 de 24 de mayo de 2018, emitida por el Ministerio de Educación.

Texto del Fallo

En qué consiste

Sobre el particular,  considera la Sala, que es la motivación de un acto lo que permite que el mismo pueda ser valorado y criticado, y en ese sentido, el funcionario que lo emite debe fundamentar su decisión situación que permite facilitar el control jurisdiccional, constituyéndose esto en un postulado del debido proceso.

Sentencia de 9 de julio de 2020. Proceso Demanda Contencioso Administrativa de  Plena Jurisdicción interpuesta por John Almillátegui Racey contra Resolución 002 de 6 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

Texto del Fallo