Es importante señalar que la Tercería Excluyente interviene en un proceso con el objetivo de que se desembargue un bien en el proceso ejecutivo, en virtud de que el tercerista tiene un título de dominio sobre el bien embargado o un derecho real constituido sobre dicho bien con anterioridad a la fecha del secuestro o embargo, según sea el caso.
Auto de 20 de octubre de 2023. Tercería Excluyente Caja de Ahorros c Banco Nacional.
Sobre el particular, recordemos que debe recordarse que en los procesos de ejecución coactiva como el que nos ocupa, el auto que libra mandamiento de pago equivale a la presentación de la demanda, y su debida notificación interrumpe la prescripción; criterio que ha sido reiterado por este Tribunal en constante y uniforme jurisprudencia.
Auto de 1 de julio de 2022. Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo R.S.Q. c Banco Nacional de Panamá.
Uno de los momentos en que la obligación se considera exigible en los Procesos de Ejecución Coactivo, lo es a partir de la notificación del Auto que libra Mandamiento de Pago, sin embargo, es necesario resaltar que, en el negocio jurídico bajo análisis, dicha notificación no se llevó a cabo.
Lo anterior lo señalamos, pues el Auto No. 1685 de 27 de septiembre de 1999, emitido por el Juzgado Ejecutor del IFARHU, mediante el cual se Libró Mandamiento de Pago en contra de la deudora, tenía como propósito, además del cobro de la deuda, interrumpir la prescripción de la misma, sin embargo, según las pruebas aportadas por las partes, dicha orden no le fue notificada a G.S.B., a pesar de las gestiones adelantadas en este entonces.
Auto de 27 de mayo de 2022.Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo G.S.B. c Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
Cumplimiento de una función pública
Con respecto a la naturaleza jurídica del remate judicial, existen varias teorías como autores que intentan explicar la institución en estudio.
Para el Doctor Jorge Fábrega Ponce, el remate constituye “un acto procesal mediante el cual el juez, que no es propietario del bien en conflicto, porque es pertenencia del deudor, vende dicho bien no en sustitución del deudor, sino para cumplir una función pública, mediante la ley”. (FÁBREGA PONCE, Jorge. Procesos Civiles. Editora Panameña. Panamá. 2002. Pág. 520).
Por su parte, el Licenciado Jaime A. Castillo Herrera, señala que la naturaleza jurídica de esta institución “se puede resumir como un acto procesal en el que el Juez vende embargos del deudor o se garante en ejercicio del poder de ejecución que la confiere la Ley. Dicha actuación de derecho público la realiza el Juez en virtud de un poder propio y supremo, en ejercicio de la función de administrar justicia encomendada al Estado. Así se explica que el Juez ni necesita la voluntad del deudor, ni la sustituye, ni expropia la facultad de disposición del bien”. (Castillo, Herrera, Jaime.Op.Cit.Pág.15).
Entendiéndose entonces que, el Juez al realizar el remate judicial no lo está haciendo para pagar al deudor, sino para cumplir una función pública encomendada.
Auto de 17 de junio de 2019. Recurso de Apelación, contra la Resolución del 7 de diciembre de 2017, dictado por el juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el sigue el Banco Nacional de Panamá a Cesar Arnulfo Tejedor Méndez.
No obstante, la Sala aprecia que el impuesto sobre la renta que la Administración Regional de Ingresos pretende cobrar al señor VILLALOBOS GÓNDOLA está parcialmente prescrito. En efecto, conforme se aprecia a foja 2 del expediente ejecutivo, el impuesto sobre la renta que se exige al ejecutado comprende el período que va desde el 31 de marzo de 1989 hasta el 31 de diciembre de 2001, pese a que la Administración sólo podía exigir el impuesto comprendido entre los años 1995 al 2001, quedando prescrito el derecho a cobrar el impuesto correspondiente al período 1989-1994. Ello es así porque de acuerdo con el artículo 737 del Código Fiscal, el derecho del Fisco a cobrar el impuesto sobre la renta “prescribe a los siete (7) años, contados a partir del último día del año en que el impuesto debió ser pagado”.
Sentencia de 6 de febrero de 2004. Juicio ejecutivo por cobro coactivo. Caso: Administradora Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá c/ Fermín Villalobos Góndola.