Finalmente, con respecto a la solicitud del pago de los salarios dejados de percibir, sólo es procedente acceder a esta clase de pretensión y así lo ha reiterado la Sala Tercera de la Corte en diversas ocasiones, según lo dispuesto en el artículo 302 de la Constitución Política de la República de Panamá, que establece que los derechos de los servidores públicos para que puedan ser reconocidos, deben ser contemplados en una ley formal, que los fije, determine y regule.

 En este sentido, sólo prosperará este tipo de peticiones en el caso que exista una norma con rango de la ley formal aplicable de manera directa al caso, que lo haya dispuesto de manera expresa. Así entonces, en el presente caso, sí procede el pago de lo peticionado, en virtud de la recién expedición de la Ley 151 de 24 de abril de 2020 2Que adiciona un artículo a la Ley 59 de 2005, sobre protección laboral para las personas con enfermedades crónicas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral”, norma vigente al momento de expedición del acto demandado (18 de mayo de 2021) y que contempla el pago de los salarios dejados de percibir desde el día de su suspensión del cargo, de su despido o destitución hasta el momento en que se haga efectivo su reintegro.

Sentencia de 21 de abril de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción H.A.F.D.L. c Autoridad Nacional de Descentralización.

Texto del Fallo

Causas para que un agente de policía pase del servicio activo al estado de disponibilidad

 

Las causas para que un miembro de la Policía Nacional pase del estado activo al de disponibilidad son: con motivo de una sanción disciplinaria, por una causa penal que lleve consigo la separación provisional del cargo hasta que se dicte una sentencia definitiva, por una sentencia judicial condenatoria, cuando la pena sea privativa de libertad y por enfermedad o incapacidad temporal.

Sentencia de 19 de mayo de 2015. Caso: Javier De León Caicedo c/ Ministerio de Seguridad.

Texto de fallo

Su otorgamiento es prueba fehaciente de la discapacidad del servidor público

 

Por otro lado, contrario a lo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el sentido que el señor Omar Guerra Rodríguez no aportó prueba idónea que demostrara su discapacidad y el grado de la misma, la Sala considera que el mismo acreditó que su discapacidad fue diagnosticada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, al concederle una pensión con carácter definitivo por el accidente sufrido el 18 de septiembre de 2000, mientras laboraba como empleado de la finca Esmeralda, S.A, pues la Comisión Médica Calificadora procedió a reevaluar al señor Omar Guerra Rodríguez y dictaminó que persisten las causas que determinaron su incapacidad permanente, cumpliendo de esta forma con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 42 de 27 de agosto de 1999 y el artículo 55 del Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 de noviembre de 2002.

Sentencia de 5 de febrero de 2015. Caso: Omar Guerra Rodríguez c/ Ministerio de Economía y Finanzas. Registro Judicial, febrero de 2015, p. 1220.

Texto del fallo

No está permitido exigir la renuncia al cargo para acceder a dicha prestación

 

En el presente negocio jurídico, un estudio del expediente administrativo, de las constancias procesales y del acto administrativo impugnado, demuestra a esta Sala que la entidad demandada no aplicó en debida forma la normativa contenida en el artículo 2 de la Ley N.° 40 de 2007, en perjuicio de los intereses del doctor MANUEL ABOOD AOUN.

Ello es así, toda vez que la Ley 40 de 20 de agosto de 2007, tal como indica la entidad demandada, era una norma vigente tanto al momento en que el doctor ABOOD presentara su renuncia como en el momento en que desiste de la misma. ….

La norma anterior indica, claramente, la prohibición a las instituciones de exigir a los servidores públicos la renuncia del cargo que desempeñan, a fin de optar por la pensión de vejez, considerando la institución que solamente recibirá su salario hasta el momento en que empiece a recibir los derechos de la pensión de vejez.

Sentencia de 5 de febrero de 2015. Caso: Manuel Abood Aoun c/ Caja de Seguro Social. Registro Judicial, febrero de 2015, p. 1254.

Texto del fallo

Debe existir causa justificada para que proceda la destitución durante este período

 

De lo expuesto anteriormente se desprende claramente que, el licenciado TROETSCH WILCOX participó en el concurso interno para el cargo de Personero Municipal de Bocas del Toro, clasificando elegible y luego seleccionado para ocupar dicha posición por un período de seis (6) meses, que de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de Carrera de Instrucción Judicial, se denomina periodo probatorio. Dicho nombramiento, tal y como lo expresa la Directora de Recursos Humanos en su nota, entro en vigencia a partir del 15 de junio de 1998- el demandante se encontraba ejerciendo su cargo dentro del periodo denominado de prueba o probatorio. Ello conduce la Sala a concluir, de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del citado artículo 27, que el licenciado TROETSCH WILCOX solo podía ser destituido, durante ese periodo, existiendo causa para ello, debidamente comprobada, entendiéndose como causas justificadas las enumeradas en el artículo 121 del mismo reglamento.

Sin embargo, la Sala advierte que quien demanda fue destituido, según se expresa en la Resolución impugnada, “… por asuntos de trabajo y para la mejor marcha y funcionamiento de dicho despacho…”, causal que no está contemplada en ninguno de los veintisiete (27) numerales del artículo 121, y más aun sin que exista constancia alguna, ni en el expediente, ni en la resolución acusada, que el licenciado TROETSCH WILCOX se le hubiese seguido un proceso destinado a comprobar la existencia de alguna causal que justificara su destitución.

Sentencia de 26 de marzo de 2002. Caso: Dimitri Troetsch c/ Fiscal de Circuito de la Provincia de Bocas del Toro. Registro Judicial, marzo de 2002, p. 480.

Texto del fallo