En el mismo orden de ideas, el artículo 5 de la excerta legal en referencia prevé el mecanismo para que se certifique la condición física o mental de quien padece una enfermedad crónica, involutiva y/o degenerativa, y se indique si este padecimiento puede producir o no una discapacidad laboral en el afectado, lo cual está a cargo de la comisión Interdisciplinaria nombrada para tal fin, cuyas funciones entraron en vigencia con la expedición del Decreto Ejecutivo No. 45 de 7 de abril de 2022.
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De los hechos antes descritos y las constancias que los amparan, tenemos que ante este cúmulo de certificaciones y constancias emitidas por médicos especialistas de las mencionadas enfermedades, la entidad demandada no dispuso en ningún momento la remisión de esta documentación a la Comisión Interdisciplinaria adscrita al Ministerio de Salud, a fin de constatar si tales padecimientos producían o no una discapacidad laboral, habida cuenta que los padecimientos de dichas enfermedades crónicas ya estaban acreditados, por lo que lo correspondiente en este caso, era que dadas las circunstancias y las constancias incorporadas a través del recurso correspondiente por el afectado, la entidad remitiera para el trámite a la Comisión Interdisciplinaria, con miras a constatar no solo el padecimiento de las enfermedades sino si estas generaban una discapacidad laboral al funcionario considerando que a la fecha en que se dictó el acto administrativo de destitución del accionante, materializado en el Resuelto No. 241 de 8 de julio de 2024, ya había nacido a la vida jurídica el Decreto Ejecutivo 45 de 7 de abril de 2022, “Que reglamenta el artículo 5 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005 que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, modificada por la Ley 25 de 19 de abril de 2018”, por lo que existía un procedimiento regulado ante una Comisión Interdisciplinaria que podía constatar si los padecimientos producían una discapacidad laboral en el afectado.
Sentencia de 12 de septiembre de 2025. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción FACG c Asamblea Nacional. 18426.