Mercancías con valor aduanero exentas del pago de dicho impuesto

 

El valor aduanero viene siempre determinado por el valor de las mercaderías, y sobre este se impone el pago del impuesto de importación. No obstante, existen mercaderías que aunque posean un valor aduanero gravable, se eximen del pago de tarifa arancelaria y del impuesto de importación por así disponerse en leyes arancelarias o especiales, como es el caso del fungicida kitasen (cfr. art. 535 literal 7 del C.F. y Partida Arancelaria 38.082010)

Lo mismo ocurre con las mercancías que se encuentran sometidas a un régimen parcial o total de exoneración, (v.g. bienes de agentes diplomáticos, bienes utilizados en desarrollo de acciones pastorales, etc.), que aunque posean un valor aduanero, por disposición de Ley, se encuentran exonerados del pago de impuesto de importación.

Sentencia de 27 de julio de 2000. Caso: Duwest Panamá, S.A. c/ Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Texto de fallo

En los procesos de pago debe proceder según las instrucciones del alcalde

 

Al efecto, la Sala Tercera participa de la opinión ofrecida por la colaboradora de la instancia en esta consulta, en el sentido de que el Tesorero Municipal ha de seguir en los procesos de pago, las instrucciones que dicte el Alcalde, quien como Jefe de la Administración Municipal es el encargado de ordenar los gastos del Municipio de Panamá, y decidir sobre los aspectos de: qué, cuándo y cómo pagar los compromisos municipales.

Sentencia de 2 de agosto de 2000. Caso: Tesorero Municipal del Distrito de Panamá c/ Alcaldía del Distrito de Panamá.

Texto de fallo

Momento en que nace el derecho de una persona jubilada a gozar de la exoneración del tributo

 

A juicio de la Sala, este derecho para la demandante no surge cuando la Ley que lo crea fue promulgada en la Gaceta Oficial, como equivocadamente afirma su apoderado legal; y tampoco es correcta la tesis de la Administración y de la Procuraduría de la Administración que señalan como punto de partida para el reconocimiento de la exoneración tributaria, la fecha en que la demandante presentó la solicitud de exoneración.

Considera la Sala que debe estimarse como el punto de referencia correcto para la determinación del derecho de exoneración, que según la Ley pueda asistirle a la demandante, la fecha en que ésta adquirió la condición de jubilada o pensionada de la Caja de Seguro Social, o bien al ser persona de la tercera o cuarta edad, a tenor del artículo 1, numeral 17, que se estima violado. 

Sentencia de 4 de agosto de 2000. Caso: Josefa María Alvarado de Cedeño c/ Ministerio de Obras Públicas.

Texto de fallo

Se otorga por el alcalde en ejercicio de funciones administrativas

 

En el negocio bajo estudio, sin embargo, nos encontramos ante una situación sustancialmente distinta porque la Resolución Nº 108-98-DSL-MCH de 1º de junio de 1998 no sanciona ninguna de las faltas administrativas reguladas en el Capítulo Primero de la Ley 55 de 1973 (artículos 23 y siguientes), sino que niega una licencia para la venta de bebidas alcohólicas. De lo que se trata, entonces, es de un acto dictado por la entonces Alcaldesa del Distrito de Panamá en ejercicio de funciones administrativas, esto es, como Jefa de la Administración Municipal. De allí que, al no ser la aludida resolución un acto de carácter sancionatorio, dictado en ejercicio de las funciones de policía que el citado artículo 31 ibídem le confiere a los Alcaldes de Distrito, mal podría impugnarse mediante el recurso de apelación que esta norma prevé.

Sentencia de 4 de agosto de 2000. Caso: D.R.D. Enterprises, Inc. c/ Alcaldía del Distrito de Panamá.

Texto de fallo

No tienen esa condición quienes ocupan la posición de titulares del derecho subjetivo

 

En el negocio sub-judice, quienes piden que se les admita en el proceso como terceros coadyuvantes de la demanda afirman que tienen intereses directos en el resultado de este proceso, porque “ocupan una posición idéntica a los demandantes originales”, tal como “consta en autos y especialmente en la planilla para el pago de la (sic) cuotas del décimo tercer mes respectivas” (cfr.92). Estos hechos, llevan a la Sala a la indudable conclusión de que los peticionarios no son simples terceros interesados en la decisión de fondo, sino “titulares de derechos subjetivos” supuestamente vulnerados por la funcionaria demandada, quien no dio trámite a la planilla relativa al XIII Mes que se le remitió para su debido pago. De ello se infiere, entonces, que la vía procesal idónea para reclamar el restablecimiento de tales derechos es la acción contenciosa-administrativa de plena jurisdicción de conformidad con los razonamientos arribas expuestos.

Auto de 23 de agosto de 2000. Caso: Marino Palacios y Jorge Carrillo c/ Vice Ministra de Economía y Finanzas.

Texto de fallo