Determinación de la condición de contribuyente

Parece claro que la persona obligada al pago del impuesto de mercados públicos particulares es la que tiene a su cargo la explotación del negocio de mercado, con independencia absoluta del dueño del inmueble donde funciona el respectivo negocio, ya que el artículo 1025 del Código Fiscal no menciona para nada al propietario del inmueble. Es innegable que en algunos casos, el propietario del inmueble es a su vez el que explota el negocio de mercado, pero en algunos casos la explotación se lleva a cabo por un tercero, y es este el obligado, por ministerio de la ley, al pago del impuesto. En el caso de que coincidan las condiciones de propietarios del inmueble y explotador del negocio de mercado, la condición que se toma en cuenta para señalarlo como sujeto del impuesto es esta última y no el de propietario del inmueble.

Auto de 12 de diciembre de 1961. Proceso: Juicio ejecutivo por cobro coactivo. Caso: Administración General de Rentas Internas c. Hermanos Ruíz, herederos de Anastasio Ruíz. Magistrado ponente: Eduardo Alfaro.

Texto del fallo

Causado por un contrato administrativo aprobado mediante Ley

 

En este sentido, los contratos administrativos se cumplen de buena fe, y uno de los puntos esbozados por el tercero coadyuvante en esta demanda (REFINERÍA PANAMÁ, S. A.) que merece igualmente consideración por parte del Tribunal, recae precisamente en el hecho de que si el Estado, como titular de los créditos tributarios procediese a sancionar pecuniariamente a la empresa, conforme al texto del artículo 987 del Código Fiscal, por el incumplimiento de los dispuesto en el artículo 967 del mismo cuerpo legal, pese a que el propio Estado convino expresamente, y así quedó aceptado por la Ley 31 de 1992 que aprueba la contratación, que el contrato causaría impuesto de timbre por valor de mil balboas (B/.1,000.00), estableciéndose como fecha para la eficacia del mismo la fecha de su entrada en vigencia posterior a la aprobación legislativa, la imposición de sanción sería no sólo contrario a lo convenido, sino también a la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.

El contrato suscrito, por su naturaleza, produce una especial incidencia en el mundo jurídico, determinando recíprocamente atribuciones y obligaciones con efectos jurídicos propios, directos e inmediatos, y de manera particular e individual para cada una de las partes. Ese acto bilateral emana de una manifestación de voluntades coincidente de las partes. La voluntad del Estado, como se desprende de lo estipulado en elcontrato, se circunscribe en cuanto a este punto, en la fijación de manera expresa, del impuesto de timbre que se causaría.

Sentencia de 6 de octubre de 1994. Caso: Boris Meléndez-Aven vs. Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Texto del fallo

Pago de la obligación derivada de documentos distintos de una factura

 

Quienes suscriben se percatan que el actor para sustentar sus pretensiones ha argumentado básicamente que PATRIVIR, S. A. no expidió factura alguna para registrar las operaciones de venta de banano realizadas en el período comprendido entre 1989 a 1991 porque no estaba obligada hacerlo, conforme lo dispuesto por el artículo 1º, literal a. del Decreto de Gabinete No. 90 de 25 de marzo de 1971, que exime de la obligación de contar con licencia comercial o industrial para efectuar sus operaciones por estar dedicada a la agricultura. Dada esta situación, el actor considera que la Resolución impugnada infringió el artículo 11 de la ley 76 de 22 de diciembre de 1976, reformada por la Ley 45 de 31 de octubre de 1980.

Al respecto es procedente señalar que conforme a las normas fiscales, así como a la jurisprudencia de esta Sala ha quedado establecido que la factura no es el único documento en virtud de cuya expedición surge la obligación de pagar el Impuesto de Timbre. Así vemos que en sentencia de 12 de febrero de 1981, este Tribunal dijo lo siguiente: “Por consiguiente, no es de trascendencia jurídica la determinación que se utiliza en el documento o factura que se expida y en donde conste tal servicio, ya que lo que genera el impuesto es la función que cumpla, esto es, que sirva como cobro de los servicios prestados y basándose en ello se contabilice en los libros de la empresa”.

Acorde con este pronunciamiento, la Sala dictaminó que el impuesto de timbre está dirigido a la documentación que plasma la descripción del producto, precio, etc., el cual podría consistir en una factura (sentencia de 11 de agosto de 1998, bajo la ponencia del Magistrado Edgardo Molino Mola). En consecuencia, quienes suscriben consideran que no procede éste primer cargo de ilegalidad.

Sentencia de 28 de septiembre de 1999. Caso: PUMSA Inc., S.A. c/ Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí.

Texto del fallo

Su exoneración debe fundamentarse en una ley especial

 

Al realizar un análisis de la pretensión formulada por la demandante y de las constancias allegadas al proceso en estudio, se percata esta Corporación de Justicia que no es Ilegal la Resolución 201-2801 de 8 de agosto de 2008, emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, así como tampoco su acto confirmatorio, puesto que para ser acreedor a la exención de Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) en las adquisiciones locales e importaciones, el solicitante debe fundamentar la misma en una ley especial que no se contraponga al parágrafo 26 del artículo 1057- V del Código Fiscal, tal como quedó vigente a partir de la Ley 6 de 2005 , hecho este que no ha sido acreditado por el hoy demandante.

Sentencia de 10 de febrero de 2014. Caso: Puerto de Cruceros Colón 2000, S.A. c/ Dirección General de Ingresos.

Recae sobre cualquier llamada sin importar el medio utilizado

 

La Sala comparte lo expresado por la Administración Fiscal y el señor Procurador en el sentido de que el gravamen de B/.1.00 señalado en la Ley 88 de 1961, tiene como objeto impositivo, y así lo establece su hecho generador, cada llamada que se haga desde nuestro país al exterior, salvo las que expresa y específicamente se eximan, sin importar el medio de comunicación utilizado para ello.

Así también lo entendió el Pleno de la Corte, en fallo de 21 de diciembre de 1973, cuando se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 5 del Decreto ejecutivo N.° 104 de 1962, que reglamenta el impuesto señalado en dicha norma, en el que se indica que también se considerarán como llamadas telefónicas las que se hagan por el sistema de Telex o similares, que operan directamente algunas empresas particulares.

Sentencia de 26 de febrero de 1982. Caso: Chrysler International, S.A. c/ Administración Regional de Ingresos, Zona Oriental. Registro Judicial, abril de 1982, pp. 18-19.

Texto del fallo