No pueden ser gravados por los municipios

 

Del estudio armónico de los Artículos 1249 y 1238 del Código Administrativo y Artículo 75, ordinal 28, de la Ley 106 de 1973, se desprende que el Municipio no puede gravar a los juegos de suerte y azar, como lo son las tragamonedas.

[…]

De conformidad con los prescrito en el Artículo 17, ordinal 9, de la Ley 106 de 1973, para establecer tasas o impuestos se requiere que estén previstos en la Ley. De esta manera se viola la mencionada disposición legal, pues no existe ley que autorice el Consejo Municipal del Distrito de Colón a gravar las máquinas tragamonedas.

Sentencia de 18 de diciembre de 1980. Caso: Procurador de la Administración c/ Tesorería Municipal de Colón.

Texto del fallo

Su beneficio corresponde exclusivamente al Estado

 

El legislador ha dispuesto expresamente que los beneficios de los juegos de suerte y azar corresponde únicamente al Estado.

En consecuencia, el Municipio no puede participar de esos beneficios por medio de gravámenes.

Fundándose en el artículo 1045 del Código Fiscal, considera la Sala los beneficios en esas actividades no incluye a los Municipios, ya que dicha disposición se refiere exclusivamente al Tesoro Nacional.

Sentencia de 18 de diciembre de 1980. Caso: Procurador de la Administración c/ Tesorería Municipal de Colón.

Texto del fallo

Exoneración del pago de impuestos municipales

 

En lo que se refiere a la exoneración del pago de los impuestos municipales a las Juntas Comunales de los Corregimientos del Distrito de Santiago que celebran sus fiestas patronales una vez al año, y la exoneración en un 50% del pago de los impuestos municipales una (1) actividad al año por comunidad, esta Corporación de Justicia considera que dicha medida es acorde con la legalidad pues la adopción de la misma es una facultad de los Consejos Municipales, y que en el caso que nos ocupa ciertamente promueve la participación de las Juntas Comunales a través de actividades que le permitan generar ingresos para brindarle respuesta a sus comunidades.

Como se desprende del análisis de las disposiciones citadas así como de un examen integral del resto de las normativas de las Leyes Nº 105 de 1973 y N.° 106 de 1973, las decisiones adoptadas por el Consejo Municipal del Distrito de Santiago son acordes al ordenamiento jurídico patrio, razón por la cual quedan deben ser desestimados los cargos de ilegalidad incoados contra el Acuerdo Municipal No. 2 de 15 de febrero de 2005, con el consecuente levantamiento de las medidas de suspensión provisional decretadas contra el Acuerdo Municipal No. 2 de 15 de febrero de 2005 y el Acuerdo Acuerdo Municipal N.° 17 de 2 de julio de 2008, ambos expedidos por el Consejo Municipal del Municipio de Santiago.

Sentencia de 11 de diciembre de 2008. Caso: Luis Campos c/ Consejo Municipal del Distrito de Santiago.

Texto del fallo

Deber de la Tesorería Municipal de informar dicha situación previo al cobro del impuesto

 

Con el mismo alcance que demuestra la anterior disposición legal examinada, ésta le impone al Tesorero Municipal la obligación de informar inmediatamente, tanto al señor Alcalde como al Consejo Municipal sobre los establecimientos comerciales que se encuentran
en mora por tres (3) meses. Es decir, que existiendo presuntivamente la ejecución de una actividad de esa índole (expendio de licores al por menor), la información sobre la misma era imprescindible pasado el tiempo de que se acusa en mora al almacén actor, para que se adoptaran las medidas de cobro, inclusive si era necesario el cierre de ese establecimiento, pero ello no pudo, ni podía hacerse en su oportunidad, puesto que al no ser real tal actividad, mal podía existir hecho alguno que motivara el establecimiento del impuesto demandado.

Sentencia de 26 de febrero de 1981. Caso: El Machetazo, S.A. c/ Tesorería y Dirección Catastral del Municipio de Panamá. Registro Judicial, abril de 1981, p. 20.

Texto del fallo

Constituyen garantías para el contribuyente

La legislación de todos los países en materia tributaria o de gravámenes fiscales, señala pautas de procedimiento que constituyen garantías especiales para los contribuyentes y para el mismo Estado, con el propósito de que los primeros sepan a qué atenerse en cuanto al pago de los diversos impuestos que el Estado exige a los ciudadanos y, por su parte, los funcionarios autorizados para hacer efectivos esos gravámenes logren recaudar el máximo posible… No solo en Panamá, sino en todas partes, aún en aquellos países donde existe una rigurosa conciencia cívica, los contribuyentes se muestran siempre reacios a pagar los impuestos o contribuciones y de ahí que las leyes hacendarias tiendan a ser claras, comprensibles y específicas en cuanto a la naturaleza de la imposición, fijando al mismo tiempo las normas de procedimiento que deben ser insoslayables porque constituyen en sí una garantías para el contribuyente.

Sentencia de 25 de enero de 1961. Proceso: Plena jurisdicción. Caso: Julia A. de Álvarez c. Administración General de Rentas Internas. Acto impugnado: Resolución 55-470 de 11 de agosto de 1955. Magistrado ponente: Luis Morales Herrera.

Texto del fallo