Sus titulares tienen derecho a intervenir como parte en los proceso contenciosos administrativos

 

En los procesos de plena jurisdicción debe entenderse que cuando el artículo 14 de la Ley 33 de 1946 señala que pueden demandar las personas afectadas por el acto administrativo de que se trate, los afectados son aquellos que tengan no solo un derecho subjetivo en el sentido tradicional sino también un derecho colectivo en el que si existe relación jurídica entre los titulares o, como en el presente caso, un derecho difuso. Asimismo, debe entenderse que el artículo 30 de la Ley 33 de 1946 al disponer que en los procesos de plena jurisdicción el derecho de intervenir como parte solo se reconoce a quien acredite un interés directo en el resultado del proceso incluye no solo a los titulares de derechos individuales sino también a los titulares de derechos colectivos y de derechos difusos, ya que la indeterminación de los titulares y la indivisibilidad del bien jurídico que se da en esta última categoría de derechos no impide que los titulares tengan un interés directo en el resultado del proceso. En este caso la parte demandante, titular de un derecho difuso, tiene un interés directo ya que la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales interesan en forma directa a la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza dado los fines sociales que persigue está persona jurídica.

Auto de 12 de marzo de 1993. Caso: Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) c/ Instituto Nacional de Recursos Renovables (INRENARE).

Texto de Fallo

No puede configurarse sin la presencia de pruebas que lo acrediten

 

“…El Pleno de esta Sala observa que, en el caso subjudice, no se configura el presupuesto necesario para que pueda declararse en desacato al señor Ministro de Desarrollo Agropecuario, ya que, según se desprende de la documentación que milita en el expediente, visible a fojas 4 y 5, este funcionario no se ha negado en ningún momento a cumplir con lo dispuesto en la Sentencia de 25 de agosto de 1999, dictada por esta Superioridad. Por el contrario, lo que acontece en el presente caso, es que el querellante, el señor JOSÉ NIEVES BURGOS, aparentemente, no se ha presentado a su puesto de trabajo en la institución después de lo resuelto por la Sala.

Es importante resaltar a este respecto, que el desacato supone la existencia de pruebas concretas de incumplimiento o renuencia a acatar lo decidido en un fallo judicial. No puede configurarse el desacato sin la presencia de pruebas fidedignas que acrediten el presupuesto meritado, ni tampoco se da tal desacato cuando el cumplimiento de la decisión judicial depende de comportamientos que debe desplegar exclusivamente el querellante y no el funcionario acusado.”

Auto de 9 de octubre de 2000. Caso: José Nieves Burgos vs. Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Texto del fallo

Cobro de obligaciones económicas

 

Esta Corporación Judicial ha tenido la oportunidad de explicar la figura del desacato frente al cobro de una obligación. Así en Fallo de 8 de febrero de 2006, la Sala manifestó lo siguiente:

…

“El desacato, entonces, no es un medio para cobrar compulsivamente las prestaciones que haya fijado una resolución judicial ejecutoriada.

Es importante, en consecuencia, no confundir el incumplimiento deliberado de una orden del tribunal con la efectiva recuperación de las prestaciones reconocidas en una Sentencia Judicial.

(…)

Si las sumas adeudadas a los trabajadores no han sido pagadas por razones más económicas que jurídicas, esta situación no puede ser remediada acudiendo al mecanismo del desacato, pues este instrumento no está creado para tal propósito.

Auto de 31 de marzo de 2006. Caso: Municipio de Chame vs. Municipio de Capira.

Texto del fallo

Concepción Jurisprudencial

Por su parte, esta Corporación de Justicia, por medio de la vía jurisprudencial, ha señalado en cuanto al desacato que el mismo “constituye una cuestión accesoria de la sentencia principal a la que se le atribuye los efectos de ejecutoriada, y en tanto, la parte considere que no se ha cumplido la orden, podrá solicitar que se declare el desacato.” (Resolución de 28 de diciembre de 2009).

Sentencia de 1 de noviembre de 2018. Proceso: Incidente de Desacato, Partes: Adolfo Alberto Vallarino Rangel contra Banco Hipotecario Nacional, por incumplir lo ordenado en la Sentencia de 29 de agosto de 2017.

Texto del Fallo

Cuestión Accesoria de la Sentencia Principal

Por su parte, esta Corporación de Justicia, por medio de la vía jurisprudencia, ha señalado en cuanto al desacato que el mismo “constituye una cuestión accesoria de la sentencia principal a la que se le atribuye los efectos de ejecutoriada, ya que su propósito es imponer medidas para el cumplimiento de ésta y asegurar su eficacia, y en tanto, la parte considere que no se ha cumplido la orden, podrá solicitar que se declare el desacato.” (Resolución de 28 de diciembre de 2009).

Sentencia de 6 de febrero de 2019. Proceso Querella por Desacato. Partes Ulises Antonio González Sevillano, para que se declare en desacato al Administrador General de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

Texto del Fallo