Precisamos destacar que, tradicionalmente el derecho a una estabilidad laboral en el sector público se adquiere según el Texto Único de 29 de agosto de 2008 que ordena sistemáticamente la Ley 9 de 1994, que instaura la Carrera Administrativa, por medio de un procedimiento especial de ingreso de reclutamiento y selección basado en la competencia profesional, al mérito y la moral pública del aspirante, requisitos que se comprobarán mediante instrumentos válidos de medición previamente preparados, aprobados y aplicados por la Dirección General de Carrera Administrativa; es decir, a través del concurso de antecedentes, exámenes de libre oposición, evaluaciones de ingreso o cualquier combinación de los anteriores.

Sentencia de 10 de junio de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción J.S.D.C. c Ministerio de Desarrollo Social.

Texto del Fallo

Las tasas por servicios públicos se tratan de la recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un servicio público; se autofinancia este servicio mediante una remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo presta. Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado por un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: por la prestación de un servicio público especifico, y es el que el fin que persigue la tasa es la financiación del servicio público que se presta, situación que evidentemente no ocurre con el aporte exigido en concepto del Fondo de Electrificación.

Sentencia de 23 de mayo de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Autoridad del Canal de Panamá c Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Texto del Fallo

El silencio administrativo es un fenómeno jurídico, que se encuentra revestido de gran relevancia e importancia, toda vez que la Ley le otorga el efecto procesal de hacer viable una acción ante la jurisdicción contencioso administrativo, cuando la Administración no brinde una respuesta a las solicitudes o recursos que originen actos recurribles ante esta instancia, y que ante ella se instauren por considera la presunta existencia de un derecho subjetivo agraviado.

Así pues, el objeto de esta figura es servir de garantía para el particular frente a la inactividad de la Administración en los procesos iniciados a instancia de parte, para que la misma tenga la posibilidad de accionar los medios impugnativos correspondientes.

Auto de 18 de mayo de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción L.M.C. c Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Texto del Fallo

Se puede definir la estabilidad laboral de un servidor público, como la inamovilidad del cargo de la que goza un funcionario, en la que se le garantice que no puede ser removido de su puesto de trabajo discrecionalmente, salvo que medie una causa justificada o previa instauración de un Procedimiento Disciplinario.

Sentencia de 21 de abril de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción E.H. c Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Texto del Fallo

En cuanto a los principios contra los actos propios y de buena fe, que se estiman infringidos por la parte actora, precisamos que el primero exige a la Administración ser consecuente con sus propios actos, es decir, la inexistencia de contrariedad entre una primera actuación y las siguientes. El segundo, abarca una actuación administrativa que permite al administrado confiar en que no se le exigirá más allá de lo que contemplan los parámetros legales.

Sentencia de 20 de abril de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Agroindustrial Rey, S.A. c Ministerio de Comercio e Industrias.

Texto del Fallo