Se debe impugnar conjuntamente con el acto de adjudicación del concurso

 

El resto de los Magistrados que integran la Sala consideran que no le asiste la razón al apelante, toda vez que el acto impugnado constituye el acto de adjudicación de concurso y no el nombramiento, lo que si constituiría el acto definitivo. El artículo 42 de la ley 135 de 1943, señala que el acto impugnado debe decidir el fondo del asunto o hacer imposible su continuación, por lo que se hace indispensable para presentar una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que el acto impugnado constituya un acto definitivo.

Esta Sala ha mantenido en jurisprudencia constante que en las demandas sobre adjudicación de concursos, se debe impugnar el acto administrativo por el cual se adjudica el concurso y el acto administrativo que contiene el nombramiento, ya que, es en base a éste último acto sobre el cual la Sala puede tomar una decisión definitiva.

Auto de 13 de septiembre de 1999. Caso: Próspero Ruíz c/ Universidad Autónoma de Chiriquí. Registro Judicial, septiembre de 1999, p. 236.

Texto de fallo

Su pago procede en caso de absolución en la jurisdicción penal

 

El artículo 138 de la Ley 47 de 1946, cual es la Ley Orgánica de Educación, dispone que “cuando las faltas cometidas por un miembro del personal docente o administrativo estén bajo la acción judicial, las autoridades del Ramo suspenderán toda actuación y se acogerán al fallo proferido por el tribunal de la causa”.

De la citada disposición legal se colige que una vez se dio la absolución del profesor ROMERO TORRES en la jurisdicción penal por el supuesto delito de falsificación de diplomas, el Ministerio de Educación debió acogerse a dicha decisión judicial, y, por consiguiente, ORDENAR el reintegro de éste a su cargo como profesor de Educación Artística en el Colegio Ángel Rubio. De igual manera, dicha entidad debió pagarle todos los salarios dejados de percibir desde el momento en que fue suspendido de su cargo hasta que se hiciera efectivo su reintegro, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación, que en su artículo 142 es clara al establecer que: “Cuando un empleado del Ramo de Educación considere que ha sido separado de su cargo sin causa justificativa o sin que se hayan cumplido los requisitos de esta Ley, podrá recurrir a los Tribunales. En este caso el empleado del Ramo de Educación continuará devengando su sueldo hasta tanto el Tribunal dicte fallo definitivo siempre que éste le favorezca …”

Sentencia de 3 de diciembre de 1997. Caso: Roberto Romero Torres c/ Ministerio de Educación. Registro Judicial, diciembre de 1997, p. 232.

Texto de fallo

No tiene plazo de prescripción la obligación que se cobra de dicho contrato

 

Por todo lo expuesto, a juicio de la Sala, el contrato en estudio es un contrato administrativo en el cual el Estado se reserva la facultad de resolverlo administrativamente. Y si esto es así, no le asiste razón al excepcionante cuando indica que el término de prescripción aplicable al presente negocio es el establecido en el artículo 1704 del Código Civil ya que tratándose de un contrato administrativo o de concesión administrativa la obligación que se cobra es un crédito que no tiene plazo de prescripción fijado en ley especial, y que prescribe a los 15 años, conforme al artículo 1073, ordinal 2 del Código Fiscal.

Auto de 22 de julio de 1993. Caso: Cecilia Ana Sterling de Rodríguez c/ Banco de Desarrollo Agropecuario.

Texto de fallo

Su nombramiento puede ser revocado por el Rector de la Universidad

 

Por último, aduce el demandante, que ha sido violado el artículo 73 del Estatuto Universitario, porque se le nombro en el cargo por 3 años, el que vencerá el 12 de mayo de 2003, y la misma no autoriza ni a los Decanos ni al Consejo Académico para acortar dicho periodo.

A juicio de la Sala, tenemos que el lapso de 3 años establecidos, solo determina el máximo de tiempo dentro del cual pueden ser nombrados en dicho cargo, pero, nada nos dice o no establece, en estos casos una restricción a la potestad implícita del señor Rector de la Universidad de Panamá, para revocar los nombramientos de los titulares de esos cargos antes de la fecha en que deba vencerse el periodo. No existe ninguna disposición legal que establezca la inamovilidad en el cargo de los Directores de Departamento Académicos.

Sentencia de 19 de abril de 2002. CaSO: Freddy E. Blanco M. c/ Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

Texto de fallo

Cláusulas exhorbitantes

 

Es claro que estamos ante un contrato administrativo el cual presenta definitivamente características particulares que lo diferencian de los contratos civiles. Una de ellas es la existencia de cláusulas exhorbitantes, que si bien no son estipulaciones contractuales, si están inmersas tácitamente en este tipo de contratación, situación que obedece a la finalidad de realización de una obra o servicio público a que responden los contratos administrativos. Existe, pues, una situación de desigualdad jurídica a favor de la Administración, como gestora del interés público, que conlleva la posibilidad de adopción de medidas unilaterales relacionadas, entre otras, con la interpretación y resolución de los contratos. No obstante, debe quedar claro que ello no es absoluto, dado que el ejercicio de esas facultades exhorbitantes se dan en la medida que se ajusten a las normas jurídicas por las que se rige, tal como sucedió y quedo en evidencia en este caso.

Sentencia de 22 de julio de 2002. Caso: Mahepme Construction, S.A. c/ Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Texto de fallo