En cuanto a los requisitos que deben concurrir para que la suspensión provisional del acto sea decretada, la Jurisprudencia de este Tribunal ha sido uniforme al referirse a dos exigencias imprescindibles, a saber: la apariencia de buen derecho o “fumus boni iuris”, lo que significa que del acto, resolución o disposición  que se impugna, se vislumbra una violación clara y manifiesta o notoria al ordenamiento jurídico; y el perjuicio notoriamente grave o “periculum in mora”, que no es más que el daño grave e inminente que se puede ocasionar, producto de la ejecución de la actuación demandada.

Auto de 27 de agosto de 2021. Solicitud de Suspensión Provisional COOTRAOMARTH, R.L. c Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Texto del Fallo

Cabe reitera, que de forma consistente se ha establecido que la Solicitud de Aclaración de Sentencia no puede ser entendida como una instancia adicional, en la cual puedan debatirse las motivaciones de las resoluciones, puntos en desacuerdo con las mismas o las razones por las cuales se tomó la decisión cuya disconformidad se alega.

Sentencia de 28 de junio de 2021. Incidente de Nulidad Minera Panamá, S.A c Ley 9 de 1997.

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Esta Corporación de Justicia ha señalado que la igualdad exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en iguales situaciones, es decir, igual tratamiento de los iguales en iguales circunstancias. Por lo tanto ello significa el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias y condiciones.

Sentencia de 22 de diciembre de 2021. Demanda de Inconstitucionalidad R.R.D. c artículo 24 de la Ley 23 de 2015.

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El centro medular de la gestión documental es, encontrar, archivar, crear y disponer de los documentos en forma estandarizada y delimitada. Por lo que tener toda la información en forma digital y estructurada en una base de datos es fundamental para lograr una gestión documental avanzada.

Sentencia de 01 de diciembre de 2021. Acción de Inconstitucionalidad G.S. c los artículos 1, 3, 10-A, 18 y 20-B de la Ley 83 de 2012.

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Es importante definir el concepto de consentimiento en relación a los procedimientos médicos, y podemos decir, que: el consentimiento informado del paciente: “se trata de aquella obligación, de carácter legal, que tiene un médico de explicar a su paciente, en forma clara, completa y veraz, su patología y opciones terapéuticas, con la exposición de beneficios y riesgos a fin de que el paciente, ejerciendo su derecho a autodeterminarse, acepte o rechace las alternativas planteadas”.

Sentencia de 29 de diciembre de 2021. Demanda Contencioso Administrativa de Indemnización J.E.J.P. c Caja de Seguro Social.

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