Norma de naturaleza adjetiva

La norma advertida de ilegal —artículo 19 del Acuerdo 009-2015 de 27 de julio de 2015— es intrínsecamente de carácter procesal, en la medida que su contenido carece de elementos jurídicos que permitan al Superintendente de Bancos determinar, si la sanción impuesta es abusiva, exagerada, carente de respaldo jurídico contraria el principio de legalidad y debido proceso. Es de notar, que el artículo en mención regula los efectos en que se conceden los recursos que se presenten contra las decisiones del Superintendente dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio por posibles infracciones a las disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva aplicable a sujetos obligados. Esto nos permite concluir que el texto reglamentario advertido de ilegal carece de enunciado jurídico para resolver el fondo del proceso.

Auto de 10 de julio de 2019. Proceso: Advertencia de ilegalidad. Caso: OWA Trust (Panama) Corp. c. Superintendencia de Bancos de Panamá. Magistrado ponente: Luis Ramón Fábrega.

Texto de la resolución

Reglamentos con efectos retroactivos

Una ley no puede, salvo declaración expresa en contrario, vulnerar los derechos adquiridos, pues entonces su aplicación seria retroactiva. Los derechos adquiridos no pueden ser alterados por las leyes, las expectativas están sometidas a todas las contingencias y a todos los cambios de la legislación. La Junta Directiva de la Zona Libre de Colón no está facultada para dictar reglamentos que tengan efectos retroactivos, y menos en perjuicio de derechos adquiridos, lo que implica que ha vulnerado el inciso segundo del artículo 46 de la Ley 38 de 2000 y el artículo 3 del Código Civil, al querer aplicar una norma que causa perjuicio a los arrendatarios que ya tenían contratos de arrendamiento de lote vigentes.

Sentencia de 12 de julio de 2019. Proceso: Plena jurisdicción. Caso: Rosas & Rosas c. Junta Directiva de la Zona Libre de Colón. Acto impugnado: Artículo 21 del reglamento aprobado mediante la Resolución JD 0002-2017 de 26 de abril de 2017. Magistrado ponente: Efren C. Tello C.

Texto del fallo

Infracción atribuible al comprador

La infracción de no retirar facturas, debidamente emitidas por un equipo fiscal autorizado por la Dirección General de Ingresos, es atribuible al consumidor que no la retira, y para la cual la ley ha dispuesto la sanción de multa, por salir de un local comercial sin la debida factura. No puede sancionarse a la empresa contribuyente por no permitir la debida fiscalización de sus operaciones, cuando se comprobó que una de sus sucursales contaba con los equipos fiscales y cumplía con la obligación de facturar, la que podía ser fiscalizada debido a las memorias del equipo fiscal en cuestión.

Sentencia de 18 de octubre de 2019. Proceso: Plena jurisdicción. Caso: Empresas Melo, S.A. c. Autoridad Nacional de Ingresos, hoy Dirección General de Ingresos. Acto impugnado: Resolución 201-9446 de 1 de agosto de 2013. Magistrado ponente: Abel Augusto Zamorano.

Texto del fallo

Relación jurídica contractual

El hecho generador del daño denunciado lo constituye la ejecución de una relación contractual entre el Banco Nacional de Panamá y las sociedades Félix B. Maduro, S.A. y Grupo Cima Panamá, S.A. Esto presupone, que estamos frente a una relación jurídica contractual, que no se rige por el presupuesto de exigencia de responsabilidad patrimonial establecido en el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial. Resulta evidente que la presente acción indemnizatoria deriva de los supuestos daños ocasionados al cumplimiento o ejecución de las obligaciones contractuales del Banco Nacional de Panamá, en su calidad de fiduciario, en virtud del mencionado instrumento de fideicomiso.

Auto de 3 de julio de 2017. Proceso: Indemnización. Caso: Abdul Mohamed Waked Fares c. Banco Nacional de Panamá. Magistrado ponente: Abel Augusto Zamorano.

Texto de la resolución

Acto de naturaleza mercantil

Resulta importante indicar la naturaleza del contrato suscrito por el Banco Nacional de Panamá, toda vez que no debemos olvidar que en la intervención del Estado en la actividad económica, sus actuaciones pueden realizarse con fines de servicios públicos o con finalidades simplemente económicas, es decir, comerciales e industriales. En ese sentido, el instrumento de fideicomiso del cual se pretende derivar la acción indemnizatoria no es de carácter administrativo, ya que no se deriva de la prestación de un servicio público ni del ejercicio de alguna función pública, sino que se trata de un acto eminentemente mercantil, en el cual el Banco Nacional de Panamá actúa como agente fiduciario en su condición de entidad bancaria, lo que implica una relación eminentemente civil comercial.

Auto de 3 de julio de 2017. Proceso: Indemnización. Caso: Abdul Mohamed Waked Fares c. Banco Nacional de Panamá. Magistrado ponente: Abel Augusto Zamorano.

Texto de la resolución