Debe ser pagada por los ejecutivos y empleados que sean socios o accionistas del patrono

 

Discrepamos del criterio externado por la parte actora, dado que en primer lugar, y en esto coinciden con el Procurador de la Administración, el hecho de su trabajador goce de su derecho a la Pensión de Vejez, no eximen a la empresa que contrata sus servicios posterior el haber adquirido este derecho, el descontar las sumas obrero patronal. Dichas cuotas deben ser decididas del salario del trabajador.
En el caso que nos ocupa, el señor JAMES A. REID O, NO, ha negado su relación laboral la empresa ECONOPARTES ZONA DEL CANAL, S.A. obrero patronal. Lo que señala es que es derecho del 70% de los trabajadores de una empresa que se beneficien de participaciones en dinero dentro de la empresa, no incluya a los ejecutivos, y empleados o socios o accionistas del empleador o patrono; ni a sus parientes. Este artículo no prohíbe o exime de deducir las cuotas obrero patronal al trabajador accionista o socio, y figura para que en este caso o sustenta el señor JAMES A. REID O BREY.

Sentencia de 25 de marzo de 1994. Caso: Econopartes Zona del Canal, S.A. vs. Caja de Seguro Social.

Texto del fallo

Pueden ser dictadas por el Contralor General para instruir sobre aspectos presupuestarios

 

La Sala pasa a examinar las infracciones señaladas por la parte actora. En primer lugar, la Sala estima que el Contralor General de la República esta plenamente facultado para expedir la circular impugnada puesto que el artículo 167 de la Ley Nº 32 de 31 de diciembre de 1992 mediante la cual se dictó el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1992 autoriza al Ministerio de Planificación y Política Económica y a la Contraloría General de la República para que mediante circulares, instructivos o cualquier otra forma de comunicación que estimen apropiada, puedan instruir a las instituciones públicas sobre la correcta aplicación de las normas presupuestarias. Sin embargo, la Sala observa que si bien el acto impugnado es una circular de carácter general, dado que está dirigida a todos los Ministros de Estado, Magistrados de Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación, Directores de Instituciones Autónomas y Semiautónomas, Gobernadores, Alcaldes, Autoridades y Jefes de la Contraloría de cada entidad gubernamental, también es cierto que mediante dicho acto se lesionaron derechos subjetivos del IRHE puesto que se le negó a dicha institución el pago de viáticos en un 35% a pesar de que dicho pago está contemplado en su Ley especial (Ley 8 de 1975) y en su reglamento interno, los cuales a juicio de la Sala son de jerarquía superior a la circular impugnada.

Sentencia de 23 de marzo de 1994. Caso: Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) vs. Contraloría General de la República.

Texto del fallo

Defensa de los intereses nacionales

 

La facultad que a la Corte otorga el articulo 15 de la Ley 33 de 1946, que es a la que apela el Procurador Auxiliar para que en ejercicio de ella se disponga ‘por analogía y extensión’ , como se concede a los Municipios, que la Caja de Seguro Social puede asumir la defensa de sus propios intereses, se circunscribe a los ‘actos previstos en el artículo 13 de dicha Ley, entre los cuales no está comprendida la de modificar la norma o la de crear por analogía disposiciones distintas a las consignadas en ella.

…

Las normas transcritas son claras: Al Procurador Auxiliar, que es quien ejerce las funciones del Fiscal del antiguo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, corresponde la representación de los intereses nacionales y municipales en TODOS los negocios que se sigan ante la Sala de lo Contencioso de la Corte. Siendo la Caja de Seguro Social una institución del Estado, sus intereses, que son de carácter nacional, deben ser defendidos por el Procurador Auxiliar por disponerlo así la Ley.

Auto de 3 de mayo de 1961. Proceso: Plena jurisdicción. Caso: Elisa Vásquez de Lane c. Caja de Seguro Social. Acto impugnado: Resoluciones 3575 de 20 de diciembre de 1958 y 4215 de 5 de septiembre de 1959. Magistrado ponente: Luis Morales Herrera.

Texto de la resolución

Tienen facultad discrecional para establecer impuestos municipales

 

Según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 106 de 1973, modificado por la Ley 52 de 1984, dentro de las atribuciones de los Consejos Municipales se encuentra la de “Establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas, de conformidad con las leyes para atender a los gastos de la administración e inversiones municipales”.

De modo que el Consejo Municipal del Distrito de Panamá, en ejercicio de esa facultad que le es otorgada por la mencionada Ley, dictó el Acuerdo No. 5 de 23 de enero de 1980, el cual contempla las actividades lucrativas que son objeto de gravamen por los Municipios, distinguiendo si se trata de impuestos o tasas.

El artículo 2o. del mencionado acuerdo, relativo a Otras Actividades Lucrativas No Especificadas, al establecer que las actividades lucrativas operen en el Distrito y que no están clasificadas en los impuestos o contribuciones comprendidas dentro del capítulo y el presupuesto de ingresos, pagarán un impuesto de B/.10.00 a B/.1,000.00 por mes o fracción de mes; considera la Sala, que dicho acto se ajusta a derecho, por cuanto los artículos 242 y 243 de la Constitución Nacional y la Ley 106 de 1973, le otorga esa facultad discrecional a los Consejos Municipales, para establecer los gravámenes que considere necesarios en aquellas actividades lucrativas, comerciales e industriales, de modo que todo negocio que opere en el Distrito Capital, pague su impuesto correspondiente, y así no se vean afectadas las arcas municipales.

Sentencia de 9 de febrero de 1988. Caso: Adalberto Villalobos vs. Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

Texto del fallo

Prevalencia de la ley en caso de discrepancia

 

Para que sean válidas en contratos de concesiones mineras las causales de caducidad, deben estar determinadas, primero, en la ley, y luego, en el contrato. En el caso de surgir discrepancia entre esas dos normas, es obvio que debe privar la legal, que es de donde deriva el Órgano Ejecutivo su facultad de contratación en dichas concesiones.

Sentencia 28 de julio de 1961. Caso: Merimax, S.A. c. Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias. Acto impugnado: Resolución 12 de 9 de abril de 1957. Magistrado ponente: Luis Morales Herrera.

Texto del fallo