Su práctica es competencia en primera instancia del magistrado sustanciador

 

El Tribunal de apelaciones no puede ordenar la práctica de pruebas testimoniales respecto de los testigos aducidos por el señor MIZRACHI por dos razones. Primero porque este pronunciamiento compete, en primera instancia, al Magistrado Sustanciador; y segundo porque está pendiente el trámite previo a la práctica de pruebas que consiste en la admisión de las pruebas aducidas y presentadas, función que también, en primera instancia, es competencia del Magistrado Sustanciador.

Auto de 5 de julio de 2001. Caso: Darío Carrillo c/ Consejo de Gabinete. Registro Judicial, julio de 2001, p. 626.

Texto de fallo

No tiene plazo de prescripción la obligación que se cobra de dicho contrato

 

Por todo lo expuesto, a juicio de la Sala, el contrato en estudio es un contrato administrativo en el cual el Estado se reserva la facultad de resolverlo administrativamente. Y si esto es así, no le asiste razón al excepcionante cuando indica que el término de prescripción aplicable al presente negocio es el establecido en el artículo 1704 del Código Civil ya que tratándose de un contrato administrativo o de concesión administrativa la obligación que se cobra es un crédito que no tiene plazo de prescripción fijado en ley especial, y que prescribe a los 15 años, conforme al artículo 1073, ordinal 2 del Código Fiscal.

Auto de 22 de julio de 1993. Caso: Cecilia Ana Sterling de Rodríguez c/ Banco de Desarrollo Agropecuario.

Texto de fallo

Puede llevar a cabo contrataciones directas para facilitar el ejercicio de sus funciones

 

En este escenario jurídico, no está demás mencionar que, aunque este no es el caso, el artículo 116 del Código Electoral le permite al Tribunal Electoral,por urgencia notoria, llevar a cabo contrataciones directas (arrendamiento,compras, etc.) para facilitarle el ejercicio de sus funciones al momento que está ejecutando el presupuesto de elecciones. Obvio es que esta norma ha sido concebida para disciplinar circunstancias netamente nacionales y no las que hoy ocupa nuestra atención; sin embargo es citada por esta Sala para ilustrar, que en casos similares el Tribunal Electoral puede llevar a cabo contrataciones directas, sin que esto menoscabe el objetivo de los principios que respaldan las actuaciones públicas en lo que a contrato se refiere.

Sentencia de 19 de abril de 2002. Caso: Equipamiento Institucional, S.A. (EKINSA) c/ Tribunal Electoral.

Texto de fallo

No puede la Sala Tercera entrar a determinar si el acto es legal o ilegal

 

Es preciso anotar, de manera final, que dada la naturaleza jurídica del Contencioso de Interpretación Prejudicial, esta Superioridad debe concretarse a expedir una declaración sobre el significado de un acto administrativo, absteniéndose de emitir otro tipo de declaraciones pues contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en los procesos contenciosos de plena jurisdicción, nulidad o apreciación de validez, la Corte no puede en los procesos de interpretación, entrar a determinar si el acto administrativo es legal o ilegal. 

Sentencia de 28 de junio de 2002. Caso: Italo Isaac Antinori Bolaños c/ Secretario Ejecutivo del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos.

Texto de fallo

Su nombramiento puede ser revocado por el Rector de la Universidad

 

Por último, aduce el demandante, que ha sido violado el artículo 73 del Estatuto Universitario, porque se le nombro en el cargo por 3 años, el que vencerá el 12 de mayo de 2003, y la misma no autoriza ni a los Decanos ni al Consejo Académico para acortar dicho periodo.

A juicio de la Sala, tenemos que el lapso de 3 años establecidos, solo determina el máximo de tiempo dentro del cual pueden ser nombrados en dicho cargo, pero, nada nos dice o no establece, en estos casos una restricción a la potestad implícita del señor Rector de la Universidad de Panamá, para revocar los nombramientos de los titulares de esos cargos antes de la fecha en que deba vencerse el periodo. No existe ninguna disposición legal que establezca la inamovilidad en el cargo de los Directores de Departamento Académicos.

Sentencia de 19 de abril de 2002. CaSO: Freddy E. Blanco M. c/ Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

Texto de fallo