En atención a lo expuesto, acotamos que lamentablemente ninguno de los anteriores documentos constituye la prueba idónea para acreditar las enfermedades que la ex servidora pública aduce padecer en los términos que, para tal fin, establece el artículo 5 de la Ley 59 de 2005, modificado por el artículo 5 de la Ley 25 de 2018. Reiteramos que esta disposición puntualmente expresa que la certificación de la condición de salud de las personas que padecen enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin o por el dictamen de dos médicos especialistas idóneos del ramo. Sin embargo, en la situación bajo examen no hay tal certificación de una comisión interdisciplinaria, ni el dictamen de dos médicos especialistas idóneos del ramo que certifiquen las enfermedades que la ahora demandante aduce padecer.
En cuanto a las referencias al servicio médico de ortopedia, es válido esclarecer que, dado que las mismas se encuentran en manuscrito, no es posible comprender lo que en ellas se encuentra escrito, además, proceden de un médico general y no de un médico especialista del ramo. Lo mismo ocurre con la historia clínica de enfermería, puesto que, aunque en la misma se denote el sello y la firma de varios médicos especialistas, no se logra lo que en ellas ha sido plasmado. Y es precisamente por ello, que la norma exige el dictamen de dos médicos especialistas idóneos del ramo, de manera tal que, al dar lectura a estas certificaciones, no surja la menor duda en cuanto a las enfermedades que aquejan al paciente.
Sentencia de 28 de julio de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción D.C.C.J. c Ministerio de Economía y Finanzas.