De ahí, vale destacar el principio pro homine, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 5 numeral 1, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 29; el que concibe el concepto de favorabilidad de la norma, cuyo alcance abarca a todo el sistema jurídico del Estado, aplicable al interés superior de preferir o tutelar los derechos fundamentales del ser humano, mediante una interpretación extensiva y no restrictiva del precepto que los contempla.
Sumando a ello, co-existe “el principio de progresividad de derechos humanos, que implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimento, es decir, que para la ejecución de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible”, de manera que, el derecho internacional de los derechos humanos es dinámico, ya que busca constantemente diferentes formas de ampliar el ámbito de protección que ofrece. (Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, p.11).
En concreto, frente a este principio de progresividad, cuyo objetivo es la plena efectividad de los derechos humanos, sumado al principio pro homine, debe prevalecer la norma que permite mayor protección a la persona, lo cual se impone con mayor fuerza, cuando su aplicación no causa colisión del derecho humano con otros valores, principios, atribuciones o derechos fundamentales.
Sentencia de 7 de agosto de 2025. Demanda de Inconstitucionalidad JPJS c frase del artículo 131 y 144 de la Resolución RI-001-2015 de 14 de diciembre de 2015. 18434.