Puede la Administración rechazar las propuestas si son contrarias al interés público

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el artículo 48 de la Ley 56 de 1995, es el instrumento jurídico que permite que la Institución Estatal rechace una o todas las propuestas aunque las mismas hayan sido adjudicadas definitivamente, pero con la limitante clara que atenten contra el interés público y que no se encuentre dicha adjudicación ejecutoriada. Este facultad exorbitante de la administración (esto último caracteriza los contratos administrativos de los privados) debe plantearse en una Resolución motivada, y en ella debe explicar las razones que condujeron a adoptar esta decisión.

Sentencia de 2 de agosto de 2002. Caso: Alpha Mediq, S.A. c/ Ministerio de Salud.

Texto del fallo

Disminuye el error en la escogencia del contratista

 

El estado financiero exigido a una empresa, para concursar en un acto público, es un requisito importante, pues de él se infiere el comportamiento económico de la concursante y posibilita a la Administración, en gran medida, conocer algunas variantes: 1. la seriedad de la empresa de la empresa; 2. de la capacidad económica; y 3. experiencia, y todo esto con el objetivo principal de cerciorarse de que la posible contratista tiene la capacidad para cumplir el contrato. En otras palabras, se disminuye el porcentaje de error en la escogencia de ofertas no convenientes, o de contratistas que posteriormente no pueden responder, contractualmente, al Estado.

Sentencia de 2 de agosto de 2002. Caso: Alpha Mediq, S.A. c/ Ministerio de Salud.

Texto del fallo

Empresas participantes que no cuentan con documentos financieros

 

No obstante, y a juicio del Tribunal Contencioso, en algunas ocasiones participan en estos concursos públicos, empresas de reciente funcionamiento en el mercado local, que no cuentan con documentos contables o financieros completos, y recurren a mecanismos supletorios que hagan las veces de esta información económica, y que unidos a otros elementos de juicio, son considerados aceptables, dentro de la etapa precontractual. Por supuesto que, cada caso en particular debe ser estudiado con detenimiento para cuando surjan estas situaciones excepcionales, sin dejar de lado que estos comercios también deben tener la oportunidad, en igualdad de condiciones en relación a las otras empresas aspirantes, de participar y de ser seleccionadas para ejecutar una prestación pública.

Sentencia de 2 de agosto de 2002. Caso: Alpha Mediq, S.A. c/ Ministerio de Salud.

Texto del fallo

Comprobación de la solvencia económica del proponente mediante certificación bancaria

 

La situación que se nos presenta actualmente, en el caso de ALPHA MEDIQ, S.A., estima la Sala, que esta empresa a pesar que no presentó estados financieros propiamente tal, en razón de su creación reciente dentro del mercado (al momento de efectuarse el concurso), esto es, tenía menos de una año de funcionamiento, justificó de manera seria su capacidad económica para cumplir el contrato, mediante la certificación bancaria aludida. Si la Comisión estimó en su oportunidad que, esta circunstancia no limitaba la propuesta de ALPHA MEDIQ, S.A., lo más seguro es que los documentos entregados por la misma para demostrar dicha capacidad de solvencia, eran de tal confiabilidad que no daba cabida a dudas económicas. La certificación bancaria creó en el ánimo de los evaluadores técnicos, la certeza inequívoca de la seriedad y capacidad del precitado comercio, para cumplir en el futuro el contrato público, sometido a concurso.

Sentencia de 2 de agosto de 2002. Caso: Alpha Mediq, S.A. c/ Ministerio de Salud.

Texto del fallo

Gastos económicos incurridos a raíz del rechazo de una propuesta

 

Para finalizar, la Sala quiere resaltar el hecho de que la empresa Horacio Icaza y Cía. (La Casa del Médico) hizo entrega efectiva de los ventiladores volumétricos al Santo Tomás, por lo que resulta oneroso compelir al Ministerio de Salud, a rescindir dicha contratación en favor de ALPHA MEDIQ, S.A., cuando la misma ha sido ejecutada aproximadamente dos años atrás. Pero pese a ello, y debido a la existencia de vicios que invalidan dicha relación contractual, es convicción del Tribunal que ALPHA MEDIQ, S.A., tiene derecho a que el Ministerio de Salud le reconozca una indemnización por todos los gastos económicos y de tiempo incurridos para ser acreedora de la Solicitud de Precios 99-205, Requisición No.2299, Renglón N°1 de 23 de septiembre de 1999.

Sentencia de 2 de agosto de 2002. Caso: Alpha Mediq, S.A. c/ Ministerio de Salud.

Texto del fallo