No ejerce facultades decisorias

Ahora bien. Si el Procurador de la Administración emitió concepto sobre la Ley que se aplica en este caso, apréciese que lo hizo en forma general y objetiva, y que ahora, debe hacerlo sobre un caso particular, por tratarse de una demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, asunto del cual puede variar de acuerdo con las circunstancias que rodean cada caso en particular, sin que ello implique que haya prejuzgado la situación jurídica que se debate.

Pues, debe hacerse énfasis también, que el Procurador de la Administración no ejerce facultades decisorias, sino que éstas son propiamente funciones de la sala, quien en definitiva debe desatar la controversia en torno a la situación jurídica debatida en el proceso.

Auto de 31 de diciembre de 1976. Proceso: Plena jurisdicción. Caso: Olga Alicia Charter de Martínez c/ Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales. Acto impugnado: Memorándum ACT-243. Magistrado ponente: Lao Santizo.

Texto del fallo

Interviene en interés de la ley en las resoluciones donde hay controversia entre particulares

 

De igual forma, el impugnante en el acápite b del primer numeral de la demanda bajo estudio, afirma que el Ministerio de Comercio e Industrias es representado en esta oportunidad por el señor Procurador de la Administración más sin embargo, es necesario destacar que la Procuraduría de la Administración en los casos específicos de conflicto de intereses marcarios entre particulares por razón de los mismos, intervendrá en el proceso, en defensa de la ley y no del acto administrativo, como apreciamos a continuación…

Auto de 16 de junio de 1993. Caso: Industrias Diversas, S.A. c/ Ministerio de Comercio e Industrias.

Texto de Fallo

No actúa como parte en los procesos de nulidad

 

En adición a la deficiencia anotada, se observa que el recurrente ha realizado una inadecuada individualización y designación de las partes del proceso instaurado, tal como consta a foja 14 del expediente, al señalar como parte demandada al Señor Ministro de Educación, quien según el recurrente, estará representado por el Procurador de la Administración.

Es preciso recordar al actor, que nos encontramos ante un Proceso Contencioso Administrativo de Nulidad, que persigue la nulidad de un acto administrativo objetivo, general e impersonal por transgredir el orden legal, y en el cual el señor Procurador de la Administración interviene emitiendo su concepto sobre la legalidad del acto acusado y en interés y defensa precisamente del ordenamiento legal supuestamente transgredido, y no en defensa del acto proferido por la Administración (Artículo 348 numeral 1° del Código Judicial).

Auto de 20 de septiembre de 1993. Caso: Domingo Sánchez Lección y Marcha Guerra Serrano c/ Ministerio de Educación.

Texto del fallo

Interviene en defensa del ordenamiento jurídico en las acciones de nulidad

 

Consideramos, también, oportuno recordar al recurrente, tal como vimos en líneas anteriores, que en la acción contenciosoadministrativa de NULIDAD, la Procuraduría de la Administración interviene en defensa del ordenamiento jurídico; es decir que emite criterio respecto si considera que el acto impugnado es legal o ilegal. Este comentario obedece, a que en el libelo contentivo de la presente demanda, el actor al describir las partes y sus representantes intervinientes en el presente proceso, erróneamente afirma, que el Procurador de la Administración “intervendrá en defensa de los actos impugnados”, ya que éste es papel que desempeña este funcionario en los procesos contenciosos administrativos de plena jurisdicción, mediante los cuales se persigue la anulación también de actos administrativos individuales, personales, que afecten derechos subjetivos (artículo 43a de la Ley 33 de 1946).

Auto de 14 de mayo de 1999. Caso: Ricardo Lay Meneses c/ Caja de Ahorros.

Texto del fallo

Está facultado para delegar la atribución de representar los intereses del Estado

 

La Sala Tercera resolvió, en auto de 23 de julio de 1999, declarar no probado el incidente presentado, al señalar que el Procurador General se encuentra legalmente facultado por el artículo 347 numeral 3 del Código Judicial, para promover y sostener los procesos necesarios en defensa de los bienes e intereses del Estado. Este funcionario a su vez, podía delegar la autorización conferida por el Órgano Ejecutivo para instaurar la presente acción de nulidad, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 346 del Código Judicial.

Por ende, y siendo que el Jefe del Ministerio Público convino en delegar tal atribución a la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial, cuya sede territorial se encontraba en el área geográfica donde se ubica la finca cuya adjudicación se impugno, lo procedente era negar el incidente presentado.

Sentencia de 27 de octubre de 2000. Caso: Fiscalía Superior de Distrito Judicial c/ Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Texto de fallo