Elementos

En relación a la tipicidad, otro principio que invoca el actor que ha sido infringido por la entidad demandada, demarcaremos algunos aspectos doctrinales que nos presenta el Doctor Santofímio, al señalar:

“Para que se pueda predicar el cumplimiento del contenido del principio de tipicidad, se habrán de reunir tres elementos, a saber: (i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) Que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la ley; (iii) Que exista correlación entre la conducta y la sanción; Sin perjuicio de lo anterior, debe recordarse que “las conductas o comportamientos que constituyen falta administrativa, no tienen por qué ser descritos con la misma minuciosidad y detalle que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor flexibilidad en la adecuación típica”.
Es así como en algunas ocasiones los anteriores elementos no se encuentran previstos en el mismo instrumento normativo, sino que se hace necesario consultar el contenido de otras disposiciones para especificar cuál es la conducta ordenada o prohibida o cuál es la sanción específica aplicable (Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. “Reflexiones en torno a la potestad administrativa sancionadora: aplicación en el sector energético, ambiental, de telecomunicaciones )( en otros sectores.” Universidad Externado de Colombia. 1ra. Edición octubre 2014. Página 27).

Sentencia de 3 de Julio  de 2017. Proceso: Plena Jurisdicción. Caso: Claro Panamá S.A. c/ Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. acto: Resolución AN N° 6877-CS de 3 de diciembre de 2013. Magistrado ponente: Abel Augusto Zamorano.

Texto del Fallo

Principio Iura Novit Curia

En ese sentido, debemos expresar que el principio iura novit curia es un principio jurídico del derecho procesal que se manifiesta como una presunción de que el juez es conocedor del derecho aplicable, y lo obliga a decidir de acuerdo a la normativa vigente, como ha ocurrido en el presente negocio.

Sentencia de 19 de julio de 2019. Proceso: Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad. Partes: María Teresa Wald de Osorio contra Ministerio de la Presidencia.

 Texto del Fallo

En ocasión de lo expuesto, precisa referirnos al principio del interés superior del consumidor, respecto al cual, la Sala, en sentencia del 25 de junio de 2019 señaló: “…denota la orientación de las normas que regulan la materia que establecen como fin último la protección de los consumidores, bajo el supuesto de su debilidad en la estructura de funcionamiento del sistema económico y comercial. De allí que, los reconocimientos de sus derechos deben ser respetados y garantizados conforme a la Constitución y la Ley, siempre en el marco del debido proceso, con independencia que la reclamación sea individual y colectiva por los afectados. . .”

En ese sentido, le asiste al consumidor el Derecho a la Reparación, el cual ha sido conceptualizado doctrinal y jurisprudencialmente, como aquel en que los consumidores tienen derecho a recibir compensación o reparación por los daños o perjuicios sufridos como resultado de productos o servicios defectuosos o prácticas comerciales abusivas.

Sentencia de 19 de agosto de 2025. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción SILABA MOTORS, S.A. c Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. 18410.

Texto del Fallo

Principio de Buena Fe

En este marco de referencia debemos recordar que el principio de buenas fe, debe orientar en todo momento las actuaciones de las autoridades administrativas, las cuales deben imperar la confianza, probidad, decoro y credibilidad, para que los administrados puedan cifrar su confianza en que la Administración no va a defraudarles en su detrimento, lo que sucede en este caso con la emisión de un acto de terminación de la relación laborar, que si bien cumple con la orden judicial, no obstante, lo hace con la intención inmediata de destituir […]

En estas condiciones, somos del criterio que la autoridad demandada no debía desconocer la situación de la funcionaria como responsable de dos (2) personas con enfermedades discapacitantes y debía garantizar el derecho al trabajo con la renovación del nombramiento, mientras este fuera necesario para el funcionario apropiado para la institución y cumplir por otro lado, con el principio de buena fe que es darle la confianza a la colaboradora que su trabajo depende de su eficiencia y esfuerzo sin injerencia de medidas arbitrarias.

Sentencia de 17 de abril de 2019. Proceso Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción. Partes: Diana Vieto Bonilla contra Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Texto del Fallo

Entre los principios que rigen la relación de consumo, tenemos el principio indubio pro consumidor, descrito por el Doctor Luis Camargo Vergara, en su obra “Régimen Jurídico de Los Mercados”, en la cual señala que: “La protección que la constitución y la Ley le dispensa a los consumidores, presume el carácter tuitivo que en las relaciones de consumo se establece en beneficio de la parte más débil en la relación jurídica que se produce entre proveedores y consumidores, que tiene como presupuesto la debilidad estructural del sistema económico, en lo que respecta al equilibrio que debe existir entre los agentes económicos que mueven la oferta de bienes y servicios y la demanda de esto por parte de los compradores y consumidores.” (Camargo Vergara, Luis. Régimen Jurídico de Los Mercados. Panamá: lmprenta Articsa, 2012, Pág. 81).

La cita doctrinal permite deducir que, dentro de las relaciones de consumo se le debe garantizar a I os consumidores una protección eficaz de sus intereses económicos , mediante un trato equitativo y justo en toda relación, como persona natural que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza, lo que presupone una obligación de los agentes económicos de indemnizar los perjuicios que causen a los consumidores , basados también en el principio “favor debilis” que reconoce la condición de debilidad intrínseca de los consumidores frente a los proveedores.

Sentencia de 23 de julio de 2025. Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción MYS, S.A. c Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. 18387.

Texto del Fallo