Puede ordenarse en los casos en que el acto acusado es un contrato administrativo

 

Las tres circunstancias anotadas llevan al Tribunal al convencimiento de que lo más prudente en este momento, es disponer la suspensión provisional de los efectos del contrato censurado, habida cuenta que la obra de construcción del proyecto de vivienda, por parte del Fondo de Inversión Social, podría estar siendo desarrollado sobre bienes inmuebles de propiedad de terceros.

No escapa a la percepción de la Corte, que una dilación en el inicio de la obra de construcción lleva aparejadas consecuencias de importancia, principalmente por la naturaleza social de la obra; sin embargo, de no suspenderse los efectos del contrato, pese a la apariencia de ilegalidad que el mismo reviste, podría producirse una lesión objetiva al ordenamiento legal, y perjuicios graves, no sólo a quienes reclaman la propiedad sobre los inmuebles ya mencionados, sino también a la entidad pública contratante y a los intereses del Estado, en caso de que se determine que el área en que se pretende llevar adelante la obra de construcción no le pertenece al Banco Hipotecario Nacional, sino que se trata de bienes de propiedad privada.

Como quiera que la medida cautelar tiene como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso, el Tribunal conceptúa procedente la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, subrayando que esta decisión en forma alguna puede considerarse como un adelanto de la sentencia de mérito, que en su momento emitirá el Tribunal.

Auto de 11 de junio de 2007. Caso: Inversiones y Desarrollo Sabanitas, S.A. y Fundación Costa de Oro vs. Fondo de Inversión Social (FIS).

 Texto del fallo

Procede si recae sobre un acto relativo al pago de un tributo municipal

 

La Sala tercera ha sostenido, a partir de 1991, que la suspensión provisional de un acto administrativo puede decretarse en procesos de nulidad. Con ello se cambió el criterio que había prevalecido en esta Sala a partir de 1965.

La suspensión en estos procesos de nulidad procede si el acto administrativo infringe palmariamente el principio de separación de poderes o si puede si puede entrañar un perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico por violar en forma manifiesta una norma jurídica de rango superior.

Adicionalmente debemos señalar que la Sala puede suspender las acciones relativas al pago de tributos municipales, ya que, según lo ha interpretado esta Corporación de Justicia, el artículo 74 de la Ley 135 de 1943, que impide la suspensiónprovisional del pago de impuestos, contribuciones o tasas, no es aplicable en materia de tributos municipales. La Sala ha hecho una interpretación restrictiva de la norma y ha considerado que esta prohibición rige sólo respecto a tributos fijados por ley, y no a tributos creado mediante acuerdos municipales, acciones cuyos efectos sí esta sujetos a la potestad discrecional de la Sala de ser suspendidos provisionalmente. (Ver Res. De 9 de julio de 1993, Registro Judicial de julio de 1993 págs. 227 y 228 y Res. De 19 de enero de 1996, Registro Judicial de enero de 1996, pág. 326).

Auto de 26 de julio de 1999. Caso: Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. vs. Consejo Municipal del Distrito de Santiago.

Texto del fallo

De manera excepcional puede solicitarse únicamente la nulidad del acto administrativo

 

En este orden de ideas, la Sala debe expresar que no en todos aquellos casos en que se interpone una demanda de plena jurisdicción es necesario pedir declaraciones adicionales a la nulidad del acto acusado. Si bien éste constituye un elemento característico de este tipo de demandas, existen situaciones excepcionales en las que, la sola declaratoria de nulidad del acto o actos acusados trae consigo la reparación o restablecimiento del derecho subjetivo lesionado, tal como sucede en el presente caso, en que la eventual nulidad de la resolución impugnada dejaría sin efectos la concesión de uso de agua otorgada a la sociedad LOS NARANJOS OVERSEAS, S. A.

Auto de 22 de julio de 2003. Caso: AES Panamá, S.A. vs. Autoridad Nacional del Ambiente.

Texto del fallo

Debe probarse que se gestionó la obtención de la copia del acto acusado

 

No obstante lo anterior, el resto de los Magistrados de la Sala considera, que la demanda no debe admitirse, porque si bien el demandante pidió a la Sala, en la parte final del libelo de su demanda, que solicitara al Representante Legal del Jurado de Elecciones una copia autenticada del Acta de Proclamación de Decano y Vicedecano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, en el expediente no reposa ninguna prueba de que el recurrente hizo las gestiones tendentes a obtener dicho documento.

Cabe aclarar, sobre el contenido del artículo 46 de la citada Ley que, la Sala Tercera de la Corte Suprema, en reiterados fallos ha manifestado que se requiere acreditar la renuencia del funcionario demandado a suministrar la copia autenticada del acto acusado, no basta alegar simplemente que su expedición ha sido negada, sino que, además se requiere que el demandante pruebe que hizo las gestiones pertinentes para obtenerlo, lo que bien puede hacerse con el documento mediante el cual se hizo la solicitud de las copias.

Auto de 28 de noviembre de 1997. Caso: Ricardo Reyes vs. Universidad Tecnológica de Panamá.

Texto del fallo

Permite determinar si la demanda fue interpuesta dentro del término legal

 

Este Tribunal coincide parcialmente con los planteamientos expuestos por la señora Procuradora, pues se observa que el acto acusado de ilegal fue presentado debidamente autenticado, pero sin las constancias de su notificación al interesado, tal como se observa a foja 1 a 6 del expediente el sello de fiel copia de su original expedido por el Banco Nacional de Panamá. De las constancias procesales del expediente se evidencia claramente que el apelante incumplió con el requisito que establece el artículo 44 de la Ley 135 de 1943. La Sala Tercera ha señalado en reiteradas ocasiones la importancia de presentar la copia del acto acusado con las constancias de su notificación, si bien es cierto, el acto impugnado puede presentarse en su original o en copia debidamente autenticada, es necesario que se deje constancia de la notificación, de no ser así, la Sala no puede determinar si la demanda fue interpuesta dentro del término que establece la ley, es decir, dos meses a partir de la última publicación, notificación o ejecución del acto con lo cual se comprueba el agotamiento de la vía gubernativa.

Auto de 10 de febrero de 1998. Caso: Luis María Fonseca vs. Banco Nacional de Panamá.

Texto del fallo