Se otorga por el alcalde en ejercicio de funciones administrativas

 

En el negocio bajo estudio, sin embargo, nos encontramos ante una situación sustancialmente distinta porque la Resolución Nº 108-98-DSL-MCH de 1º de junio de 1998 no sanciona ninguna de las faltas administrativas reguladas en el Capítulo Primero de la Ley 55 de 1973 (artículos 23 y siguientes), sino que niega una licencia para la venta de bebidas alcohólicas. De lo que se trata, entonces, es de un acto dictado por la entonces Alcaldesa del Distrito de Panamá en ejercicio de funciones administrativas, esto es, como Jefa de la Administración Municipal. De allí que, al no ser la aludida resolución un acto de carácter sancionatorio, dictado en ejercicio de las funciones de policía que el citado artículo 31 ibídem le confiere a los Alcaldes de Distrito, mal podría impugnarse mediante el recurso de apelación que esta norma prevé.

Sentencia de 4 de agosto de 2000. Caso: D.R.D. Enterprises, Inc. c/ Alcaldía del Distrito de Panamá.

Texto de fallo

No tienen esa condición quienes ocupan la posición de titulares del derecho subjetivo

 

En el negocio sub-judice, quienes piden que se les admita en el proceso como terceros coadyuvantes de la demanda afirman que tienen intereses directos en el resultado de este proceso, porque “ocupan una posición idéntica a los demandantes originales”, tal como “consta en autos y especialmente en la planilla para el pago de la (sic) cuotas del décimo tercer mes respectivas” (cfr.92). Estos hechos, llevan a la Sala a la indudable conclusión de que los peticionarios no son simples terceros interesados en la decisión de fondo, sino “titulares de derechos subjetivos” supuestamente vulnerados por la funcionaria demandada, quien no dio trámite a la planilla relativa al XIII Mes que se le remitió para su debido pago. De ello se infiere, entonces, que la vía procesal idónea para reclamar el restablecimiento de tales derechos es la acción contenciosa-administrativa de plena jurisdicción de conformidad con los razonamientos arribas expuestos.

Auto de 23 de agosto de 2000. Caso: Marino Palacios y Jorge Carrillo c/ Vice Ministra de Economía y Finanzas.

Texto de fallo

Debe aportarse la certificación del Registro Público que acredite la personería

 

En este punto observa la suscrita, que la personería jurídica de la sociedad AMERICA FOOD INSDUSTRIES CORP. no ha sido acreditada, como procede en estos casos, con la certificación del Registro Público que deje constancia de su existencia, y de quien ostenta su Representante Legal. 

Autos de 24 de agosto de 2000. Caso: America Food Industries Corp. c/ Administración Nacional de Ambiente.

Texto de fallo

No se les aplica las disposiciones de los Códigos de Trabajo y Administrativo

 

Con esto se reafirma lo establecido en la resolución censurada, que sigue el precepto expreso del artículo 81 de la Ley 19 de 1997, contenido en el Capítulo V sobre “Administración de Personal y Relaciones Laborales”, en el sentido que a los funcionarios, trabajadores y trabajadores de confianza de la Autoridad del Canal y sindicatos, no les son aplicabes las disposiciones contenidas en el Código Laboral ni en el Código Administrativo, sino las previstas en la Constitución que autorizan el comentado régimen especial, la Ley Orgánica de la Autoridad, los Reglamentos y las Convenciones colectivas pactadas entre la Administración y el Representante Exclusivo o Sindicato de que se trate.

Auto de 5 de septiembre de 2000. Caso: Henry Pino c/ Autoridad del Canal de Panamá.

Texto de fallo

Debe señalarse que la Procuraduría de la Administración es parte en el proceso

 

Por último, el actor no señalo que la Procuraduría de la Administración es parte en este proceso de plena jurisdicción, por ende representante judicial de la entidad oficial demandada y defensora del acto acusado, tal como lo prevén los artículos 43, numeral 1; 58 de la Ley 135 de 1943; y 5, numeral 2, de la Ley 38 de 2000. Acerca de este requisito son numerosos los pronunciamientos de la Sala que ha inadmitido demandas por incumplir esta formalidad, sobre lo cual la Sala  ha dicho que es “suficiente causal para no admitir demandas contencioso administrativas, la no designación de la señora Procuradora de la Administración como parte del proceso en defensa del acto impugnado. (Cfr. Autos de 3 de agosto de 1998 y 11 de enero de 1999).

Auto  20 de noviembre de 2000. Caso: Nelson Marín c/ Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darién.

Texto de fallo