Carecen de personalidad jurídica

 

En este sentido observan los Magistrados que las sociedades Cambrigde Consulting Corporation, Sopha Conseil Santé y H. L. M., S. A. constituyeron, para participar en la licitación Pública UCP/803-OC-PN/001/BID dentro del marco del Programa de Rehabilitación de Servicios de la República de Panamá, una asociación accidental, consorcio o joint venture. Si bien es cierto existen lagunas en torno al desarrollo normativo de la figura en nuestro medio, esta unión transitoria no es ajena al actual movimiento comercial de nuestro país, siendo asimilado al contrato de cuentas en participación o asociaciones accidentales contemplado en los artículo 252 y 489 a 500 del Código de Comercio.

El artículo 252 de dicho cuerpo de normas establece que “las sociedades accidentales o cuentas en participación carecen de personalidad jurídica y no estarán sujetas a ninguna solemnidad”, por lo que su existencia puede acreditarse por los medios comunes de prueba, siendo innecesario el inscribir el documento de constitución de las mismas en el Registro Público.

Sentencia de 4 de junio de 1997. Caso: Cambridge Consulting Corporation, Sopha Conseil Sante y H. L. M., S.A. c/ Ministerio de Salud.

Texto del fallo

Sus dignatarios poseen un patrimonio distinto al de la sociedad

 

No puede comprometerse el patrimonio del Representante Legal para cumplir con la obligación que se le imputa a la sociedad, ya que como hemos señalado los bienes que éste posee conforman un patrimonio autónomo, separado e independiente del patrimonio de la empresa. La actuación del Representante Legal es por cuenta de la sociedad a la que representa, no en nombre propio.

Auto de 13 de septiembre de 2001. Caso: Caja de Seguro Social c/ Vidal Aráuz Rivera.

Texto de fallo

En virtud de este mandato expreso, es evidente que la Solicitud de Caducidad Especial que se presenta ante esta instancia judicial, no se configura dentro de los supuestos que se citan en líneas anteriores, ya que al respecto de la solicitud de caducidad, la Jurisprudencia ha señalado que “no es necesario imprimirle el trámite de incidente o correrla en traslado” (Auto de 22 de septiembre de 1995. Primer Tribunal Superior).

De igual manera, es pertinente explicar que el artículo 1107 del Código Judicial, que trata sobre el trámite de la solicitud de caducidad, es diáfano al preceptuar que: “Lo dispuesto en los artículos precedentes no tendrá aplicación en los procesos en que sea parte el Estado, un Municipio o institución autónoma, semiautónoma o descentralizada…”

Fallo de 9 de diciembre de 2025. Solicitud de Caducidad Especial dentro de Proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva Productos de refrigeración y aires acondicionados, S.A. c Banco Nacional de Panamá.

Texto del Fallo

Cabe señalar que, en un Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción anterior, que guarda características similares a la examinada en esta oportunidad, en la cual se reclamaba la supuesta negativa del Ministerio de la Presidencia, de conceder el beneficio de jubilación a un servidor público perteneciente a uno de los Estamentos de Seguridad del Estado, la Sala Tercera, mediante la Resolución de 9 de abril de 2025, indicó lo siguiente:

“Lo señalado evidencia- contrario a lo alegado por el demandante- que la entidad demandada no guardó silencio ante la petición de AAM, y mucho menos se pronunció en forma definitiva negando el derecho de jubilación que le asiste, sino que le informó que, en vista que esta Colegiatura, mediante Sentencia de 8 de junio de 2023, había declarado parcialmente nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 291 de 22 de abril de 2014, con el cual fue ascendido al rango de Subcomisionado del Servicio de Protección Institucional (SPI), y dado que mantenía pendiente de decisión una demanda de nulidad promovida contra el Decreto de Personal No. 40-A de 13 de febrero de 2019, mediante el cual fue ascendido al rango de Comisionado en el mencionado estamento de Fuerza Pública, correspondía esperar el pronunciamiento de este Alto Tribunal de Justicia para proceder a tramitar su solicitud de jubilación, especialmente, por el cálculo del monto que se debe recibir, el cual no puede determinarse en infracción de la Ley.

…

Así, esta Superioridad concluye que, las actuaciones ahora examinadas no constituyen la configuración del Silencio Administrativo alegado por la parte actora, pues, el Ministerio de la Presidencia no se pronunció de forma definitiva sobre el trámite de jubilación reclamado por el señor LAAT, tomando en consideración que se mantenía a la espera de un Pronunciamiento de fondo de la sala Tercera, con relación al proceso de Nulidad interpuesto contra el ascenso al rango de subcomisionado del accionante.

Sentencia de 12 de septiembre de 2025. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción LAAT c Ministerio de la Presidencia. 18427

Texto del Fallo

En ese orden de ideas, observamos que las normas antes citadas, hacen referencia a que la depreciación se determinará anualmente calculando el número de años de vida útil económica del bien depreciable y en ningún caso se permitirán vidas útiles económicas menores a treinta (30) años para bienes inmuebles; lo que es totalmente contrario a lo alegado por el contribuyente, puesto que al realizar la depreciación a quince (15) años como manifiesta que es la que realizan, estaríamos frente a una depreciación acelerada, y no conforme lo establece el artículo 52 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, antes citado.

Sentencia de 22 de julio de 2025. Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción Adama Real State, S.A. c Dirección General de Ingresos. 18391.

Texto del Fallo