A criterio de esta Sala, no puede soslayarse que ha transcurrido en exceso, el plazo para la presentación de la demandante, pues dicha reclamación debía interponerse en el término de un (1) año, a partir de que la agraviada supo la ocurrencia del inicio del daño, tal como lo establece el artículo 1706 del Código Civil.

[…]

En el presente caso, se aprecia que el hecho dañoso ocurrió en el mes de 2008, y la demanda ha sido interpuesta en abril de 2022, mucho tiempo después del señalado en la norma arriba citada. Incluso, si el plazo para su interposición se contabilizara desde la negativa a su reclamación, mediante la Resolución N° 53,922-2020-J.D. de 3 de marzo de 2020, emitida por la Caja de Seguro Social, la cual le fue notificada a la actora el 12 de marzo de 2020, como se aprecia a foja 22 del expediente judicial; aún así, la interposición de la demanda es extemporánea por el transcurrir en exceso del tiempo establecido en la ley.

Auto de 19 de mayo de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Indemnización F.S.T. c Caja de Seguro Social.

Texto del Fallo

Efectos

 

La acción contenciosa administrativa de nulidad, también conocida como acción pública, permite que cualquier persona, pueda impugnar una resolución justamente, porque sus efectos son de carácter general, erga omnes. En consecuencia, tal demandante, estaría procurando proteger dicha legalidad desde un punto de vista objetivo, en vías de preservar el orden jurídico abstracto.

Al observar los efectos de la resolución FID N°  006-2009 de 24 de julio de 2009, se advierte que afectan los derechos subjetivos de la propia sociedad MMG FIDUCIARY & TRUST CORP.  Ahora, MMG TRUST, S.A; razón por la cual no es posible darle curso legal a la misma, dado que la demanda de nulidad encausada, no recae sobre un acto administrativo general.

Auto de 12 de marzo de 2010. Caso: Manuel Antonio Guillen Morales c/ Superintendencia de Bancos.

Texto de fallo

Características que la diferencian de la demanda de plena jurisdicción

 

Ante tal situación, este tribunal de primera instancia estima conveniente hacer énfasis en el hecho de que el recurso de nulidad y el de plena jurisdicción tienen características especiales y diferenciadas. En este punto se ha dejado claramente establecido que la demanda de nulidad se interpone contra actos de carácter impersonal y objetivo, en tanto que con la de plena jurisdicción se atacan los actos de carácter particular que afectan situaciones jurídicas particulares o concretas. Por otro lado, las declaraciones que la Ley permite hacer al Tribunal en las acciones donde se ventilan derechos subjetivos son distintas a las que permite hacer en acciones que pretenden la reestructuración del orden jurídico positivo, donde interesa de manera concreta y exclusiva proteger y conservar el imperio de la legalidad. Además en las acciones de nulidad no es necesario agotar la vía gubernativa, ni existe término de prescripción.

Auto de 30 de marzo de 2012. Caso: Mariela Morones c/ Alcaldía de la Chorrera.

Texto de fallo

Procede su admisión aunque el acto haya afectado derechos de orden general

 

La revisión y lectura integra de la presente demanda, permite concluir a este Tribunal de Apelación, que en la demanda de plena jurisdicción interpuesta por la firma LAMBRAÑO, BULTRON & DE LA GUARDÍA, se identifican debidamente las exigencias formales para que la misma sea admitida para ser analizada en el fondo, esto en virtud de que la Ley Contenciosa no hace distinción sobre la naturaleza del acto para ocurrir a la Sala mediante acción de nulidad o de plena jurisdicción, siempre que en la pretensión se encuentre explícito si el restablecimiento del derecho es en virtud de violaciones al ordenamiento jurídico o del derecho particular. Tomando en cuenta el cumplimiento de los demás requisitos, no es posible impedir el curso legal de la acción por el hecho de que el afectado se ha interesado en el restablecimiento de su derecho particular y no en el de la colectividad, ya que su pretensión debe ser vista de modo independiente a que el acto administrativo pueda ser objetado incluso simultáneamente mediante la acción de nulidad, por presuntamente afectar derechos de orden general.

Auto de 7 de abril de 2010. Caso: InverPark, S.A., y Vipasa, S.A. c/ Ministerio de Vivienda.

Texto de fallo

Se diferencia de la demanda de nulidad

 

En relación con lo anterior, es necesario recalcar que dentro de nuestro ordenamiento positivo las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción y de nulidad tienen diferencias tanto en los requisitos exigidos para su presentación, como en las consecuencias o efectos que las mismas producen. La primera de ellas persigue, no solo la declaratoria de nulidad del acto impugnado, sino el restablecimiento de los derechos subjetivos vulnerados, ni importa si son de particulares o del Estado en su sentido más amplio; mientras que la demanda de nulidad tiene como objeto únicamente que la Sala Tercera declare la nulidad del acto acusado, sin que se pueda hacer ninguna declaración o reconocimiento de derechos que se consideren vulnerados por el acto.

Auto de 27 de enero de 2012. Caso: Octavio González Sánchez c/ Caja de Seguro Social.

Texto de fallo