Controversias relacionadas con la propiedad intelectual

 

Luego entonces, si la solicitud de cancelación de las inscripciones de las obras, interpretaciones y ejecuciones musicales hechas a favor del señor Milton Vargas, fue presentada ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor el 21 de febrero de 1997 y para esta fecha estaba vigente el artículo 141 de la Ley 29 de 1996 que asignaba el conocimiento de este tipo de controversias a los juzgados de circuito creados por ella (y mientras éstos se instalaban, a los juzgados de circuito civiles correspondientes), es claro que esa dependencia del Ministerio de Educación carecía de competencia para conocer y decidir dicha controversia. Esta afirmación de la Sala la corrobora el parágrafo transitorio de la misma norma, cuando señala que “Las normas procesales establecidas en esta Ley son de efecto inmediato”, como es el caso del numeral 3 y del parágrafo primero del artículo 141 ibídem.

Sentencia de 11 de julio de 2002. Caso: Publitrés, S.A. c/ Ministerio de Educación.

Texto del fallo

No está facultada para negar la expedición de un pasaporte como sanción

 

En resumen, podemos señalar que la Dirección Nacional de Pasaportes está facultada por la Ley para anular el pasaporte obtenido por John Hunt Warner suplantando la identidad de su hermano,  tal como lo hizo; pero no está facultada para sancionarlo con la pérdida del derecho a que se le expida un nuevo pasaporte con sus datos personales, pena que solo puede ser impuesta por el juez de circuito competente de la jurisdicción ordinaria, si determina que se configuró el delito de usurpación de identidad y que corresponde la aplicación de las sanciones contenidas en el artículo 18 del Decreto de Gabinete N° 75 de 1971 o en el Código Penal Panameño.

Sentencia de 18 de septiembre de 2000. Caso: John Hunt Warner c/ Dirección Nacional de Pasaporte del Ministerio de Gobierno y Justicia

Texto de fallo

Ganancia producida en el territorio nacional

 

La exégesis de la norma citada se agota en las siguientes conclusiones: a) que el objeto del impuesto sobre renta es la renta gravable de todo contribuyente b) contribuyente es toda persona natural o jurídica nacional o extranjera que percibe la renta gravada; y c) que no es renta gravable, por considerarse no producida dentro del territorio de la República, las ventas o beneficios de las actividades taxativamente señaladas en el parágrafo segundo del artículo 694 del Código Fiscal.

De acuerdo con el acápite c) del parágrafo 2° del precepto citado, a contrario sensu, se entiende que los dividendos que reparte la casa matriz por las ganancias obtenidas de las sucursales que tienen en Panamá son gravables.

Por tal razón el fundamento del cobro del impuesto sobre dividendos de las sociedades extranjeras no se basa en que su distribución se haga o no, en Panamá, sino que se deriva de las ganancias producidas en territorio panameño aún cuando sean repartidas en el extranjero.

Sentencia de 4 de agosto de 1970. Caso: Kodak Panamá Limitada, Laboratorios Kodak y Kodak Limited, c/ Administración Regional de Ingresos, Zona Oriental. Registro Judicial, julio-agosto de 1970, pp. 107-108.

Texto del fallo

Valor jurídico

 

Sobre este informe, salta a la vista un aspecto de interés particular para la sustanciación del asunto en cuestión. Y es que como se aprecia, los resultados de tal investigación del Departamento de Normas de Calidad de la Dirección de Electricidad yacen en el expediente administrativo a través de un correo electrónico, y no a través de algún otro documento que dé fe de su validez o bien a través de diligencia que ratificara la autenticidad y exactitud del mismo (del e-mail), conforme lo exige el artículo 147 de la Ley 38 de 2000 y el articulo 45 de la Ley 51 de 22 de julio de 2008…

Así, de acuerdo a las disposiciones transcritas y de conformidad con las formalidades que exigen el articulo 833 y 857 del Código Judicial con respecto al valor probatorio de los documentos privados, resulta claro que el informe contenido en el correo electrónico visible a foja 33 del expediente administrativo carece de validez, pues se incorpora al proceso a través de copia simple, sin que se constate & posteriori la aportación de documento original del informe enviado vía correo electrónico, como tampoco diligencia o inspección por medio de la cual se confirmara la autenticidad y exactitud de los datos y conclusiones expresadas en dicho correo- De hecho se observa que en dicho e-mail ni siquiera es posible identificar la fuente remitente del mismo, como mucho menos si se trata de entidad pública o privada, o bien si sencillamente se trata de un particular, como pareciera inferirse. dada la informalidad que presenta.

Sentencia de 30 de marzo de 2015. Caso: Avícola Grecia, S.A. vs. Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Texto de fallo

Se debe constatar su autenticidad

 

En este sentido, debemos indicarle al recurrente que aunque el documento aportado, contentivo del acto impugnado, sea un original, es necesario constatar la autenticidad del documento que de certeza de que ese documento es en su firma y contenido de la autoridad que lo expide. Sólo con el revestimiento de esta formalidad se da fiel cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, ésto es, repetimos, la certeza del documento y sobre todo de su fecha de expedición con la constancia de su notificación. En ocasiones reiteradas, éste ha sido el criterio prevaleciente de esta Sala. Así se resolvió en los siguientes Autos:

“Es necesario que el recurrente sepa que aunque el documento se presente en original es necesaria la demostración de que se trata de un documento auténtico, respaldada esta certeza con una certificación de la autoridad correspondiente, de que efectivamente ese documento es en su firma y contenido del funcionario y la institución que lo expide. Sólo de ésta forma se da cabal cumplimiento a la exigencia del artículo 44 de la Ley 135 de 1943, ya que lo que él persigue es la certeza del documento y sobre todo de su fecha de expedición con la constancia de su notificación”. (Auto de 12 de agosto de 1994).

“En este orden de ideas debemos indicar, que aunque el documento aportado sea un original, resulta imperativo que se constate la autenticidad del documento, haciéndose necesario respaldar el mismo con una certificación de la autoridad correspondiente, que permita tener plena certeza de que efectivamente ese escrito es, en su firma y contenido, del funcionario y la institución que lo expide. Sólo con el revestimiento de tal formalidad el documento es idóneo para su valoración”. (Auto de 25 de agosto de 1994).

Auto de 26 de octubre de 1994. Caso: Edwin Raúl Molina Jaén c/ Universidad de Panamá.

Texto del fallo