Elementos

 

Si la cuestión se examinara desde una perspectiva dogmática con el fin de identificar cuáles son los elementos esenciales de la obligación tributaria que la Ley formal ha fijado para los gastos de representación de conformidad con el diseño previsto en los artículos 732 y 734 del Código Fiscal, se tendría que señalar que tales elementos son los siguientes:

El sujeto pasivo, que vienen a constituirlo las personas naturales que devengan esta especie calificada de ingreso y sobre quienes recae la obligación de tributar.

El hecho generador o imponible del tributo, que en este caso, lo constituye la percepción de ingresos en calidad de gastos de representación.

La tarifa imponible, que no es más que el factor matemático que debe aplicarse para el tratamiento tributario de los gastos de representación y que, en este caso específico, ha sido fijado por el Legislador, en diez por ciento (10%), “…del total devengado por este concepto”, según se sigue del contenido de los parágrafos añadidos a los artículos 732 y 734 del Código Fiscal.

Forma de colectar el tributo, que, en el caso de los gastos de representación, el legislador ha determinado que se efectúe mediante la retención mensual, que es un mecanismo para conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en el decurso del ejercicio fiscal dentro del cual se causa el ingreso.

Sentencia de 27 de febrero de 2007. Caso: Jorge Omar Brennan c/ Ministerio de Economía y Finanzas.

Texto del fallo

Separación del cargo

En relación a los gastos de representación que reclamó [el demandante] y le fueron negados, debe tenerse presente que esos emolumentos se pagan a los funcionarios públicos por razón de su cargo, esto es, mientras sean titulares de los mismos, por lo que una vez separados del cargo cesa el derecho a percibirlos.

Sentencia de 23 de junio de 1975. Proceso: Plena jurisdicción. Caso: Virginia Escala c/ Caja de Seguro Social. Acto impugnado: Resolución 0990-73 de 1 de noviembre de 1973. Magistrado ponente: Ricardo Valdés.

Texto del fallo

Aplicación retroactiva de la ley

Si bien los efectos de la Ley 23 de 2017, pueden tener alcance a hechos consumados cuando se encontraban vigente las Leyes 39 y 127 de 2013, su aplicación por los efectos retroactivos no debe causar perjuicios a los derechos ya adquiridos.

En este caso también importa atender el principio indubio pro operario que obliga a preferir la interpretación que más favorezca al trabajador. Ello significa, que aplicando lo expresado por la normativa vigente y lo externado por la doctrina, aquel derecho individual constituido o derecho adquirido con anterioridad a la entrada en vigencia de una ley derogatoria, debe atenderse en lo que más favorezca al funcionario destituido.

Sentencia de 9 de marzo de 2018. Proceso: plena jurisdicción. Caso: Jamis Gaspar Acosta c/ Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Acto impugnado: Decreto de Personal 115 de 11 de agosto de 2014. Magistrado ponente: Abel Augusto Zamorano.

Texto del fallo

Es importante resaltar que, los turnos extraordinarios consisten en una necesidad para brindar de forma continua e ininterrumpida el servicio de salud; sin embargo, ello no implica que los trabajadores de los Centros Hospitalarios se vean afectados en su salud mental o física, producto de jornadas excesivas de trabajo, es por ello que, precisamente, para evitar este inconveniente, las normas citadas señalan la necesidad de organizar, regular y controlar tanto, la disposición de turnos, así como los factores que pudiesen afectar el bienestar del servicio público en los Centros Hospitalarios.

Lo anterior, se complementa con el contenido del numeral 8, del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 330 de 8 de noviembre de 2017, que regula los turnos médicos en los servicios de salud del Estado, emitidos por el Ministerio de Salud.

Sentencia de 03 de marzo de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción L.R.M. c Cala de Seguro Social.

Texto del Fallo

Previsión de carácter administrativo para el control del ejercicio profesional

 

Finalmente, en cuanto a la violación que se alega al artículo 9 del Código Civil, contentivo de las reglas de hermenéutica legal, a juicio de la Sala tampoco se infringe, pues no debe perderse de vista que, tal como lo plantea la Procuradora de la Administración, la licencia es una previsión de carácter administrativo impuesta por la Ley para el control del ejercicio profesional, cuya extralimitación conlleva la aplicación de sanciones como la cancelación de la licencia. Es claro entonces, que ante una solicitud de una nueva licencia, habrá que examinar si no se ha violentado lo previsto en el artículo 100 de la Ley 59 de 29 de julio de 1999, que regula expresamente lo referente a la cancelación de licencia en ciertos casos, como lo es la retención y apropiación de primas por más del tiempo que la misma norma prevé, hecho grave que a juicio de la Sala es suficiente para que no se acceda a conceder una nueva licencia de Corredor de Seguro, máxime que no es un derecho que el demandante logro demostrar a lo largo del proceso, que la Ley le confiera.

Sentencia de 9 de noviembre de 2000. Caso: Juan de Dios Pérez c/ Superintendente de Seguros y Reaseguros del Consejo Técnico de Seguros.

Texto de fallo