Se requiere para cualquier modificación de proyectos existentes

Retomando el contenido del Decreto Ejecutivo 209 de 2006, norma vigente en el momento en que se inicia el proceso administrativo que dio lugar al acto administrativo demandado, resulta importante indicar que el artículo 15 establecía que “los nuevos proyectos, obras o actividades o modificaciones de los ya existentes en sus fases de planificación, ejecución, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, ensamblaje, mantenimiento, operación, funcionamiento, modificación, desmantelamiento, abandono y terminación, que ingresarán al proceso de Evaluación de impacto Ambiental 0 se acogerán a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, son los indicados en la lista taxativa contenida en el Artículo 16 de este Reglamento y aquellos que la ANAM determine de acuerdo al riesgo ambiental que puedan ocasionar.” Por tanto, no es cierto lo señalado por el actor que estaba exento de presentar el correspondiente estudio de impacto ambiental, aún cuando sólo era una modificación o remodelación de lo aprobado inicialmente en el Proyecto Ecoturístico Los Quetzales.

Sentencia de 16 de mayo de 2016. Caso: Carlos Fernando Alfaro Hart c/ Autoridad Nacional del Ambiente.

Texto del Fallo

Es pertinente aludir a la deficiente foliatura del expediente administrativo de la demandante e instar, una vez, a la entidad pública demandada, a que le dé observancia al artículo 69 de la Ley 38 de 2000 que establece que este tipo de expediente han de foliarse por orden cronológico de llegada de los documentos. Su finalidad, entre otras, es que este Tribunal examine con prontitud pertinente esta importante pieza procesal que compone el material probatorio, y deje establecido en la sentencia que dirime la causa, una certera constancia de su contenido y dónde puede confrontarse el mismo.

Sentencia de 23 de noviembre de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción N.M.R.B. c Ministerio de Seguridad Pública.

Texto del Fallo

Se debe ejercitar con apego a los principios de legalidad y debido proceso

 

Sobre el particular, la discrecionalidad no puede entenderse independientemente del principio de legalidad; y cuando así se hace se convierte en un medio favorecedor de la corrupción y la injusticia, pues es en la potestad discrecional donde la Ley se expresa como un límite relacionado con el fin,a la competencia y el procedimiento. En razón de ello, con frecuencia se señala que el rasgo diferenciador de un acto discrecional (en contraposición a la arbitrariedad, ajena al derecho) es la motivación; ya que en un acto discrecional  la autoridad debe poder justificar los motivos de su decisión.

En ese sentido, advierte la Sala que es imprescindible que la autoridad cumpla, sin excepción, con el debido proceso en cualquier tipo de actuación administrativa que desarrolla. En efecto, la autoridad debe cumplir con los elementos mínimos del debido proceso y dar lugar a que el funcionario pueda ejercer en plenitud sus derechos y garantías de procedimiento, esto es, aun cuando la remoción del funcionario esté sustentada en el ejercicio de la potestad discrecional de la autoridad nominadora.

Como vemos, si la autoridad dispone ejercitar tal poder discrecional, como en este caso, ésta debe conducirse dentro de los límites que establece la ley para el ejercicio de esta facultad.

Sentencia de 7 de enero de 2015: Ricardo Quiel c. Ministerio de Seguridad Pública.

Texto del fallo

Motivación de los Actos Administrativos

Debe tenerse en cuenta que el artículo 34 de la Ley 38 de 2000, claramente establece que todas las actuaciones administrativas de todas las entidades públicas deben efectuarse con arreglo al debido proceso, lo cual exige para los efectos del acto discrecional, entre otras cosas, la motivación del acto administrativo que resulta del cumplimiento del debido tramite.

De acuerdo con el artículo 155 de la Ley 38 de 2000, los actos “que afecten derechos subjetivos” deben ser motivados con sucinta referencia a los hechos y fundamento de derecho. Por tanto, a la vista de las normas aludidas, no pueden darle validez al acto administrativo que adolece de la debida motivación y mucho menos cuando dicho acto afecta derechos subjetivos. Como decimos esta garantía prevalece indistintamente de que se trate de un acto discrecional; así se deduce no solo de la normativa Constitucional y legal señalada, sino que también lo expresa la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública (viva manifestación de la voluntad de los países firmantes, entre ellos Panamá).

Dice la Carta en su Capítulo Segundo. numeral 4: El principio de racionalidad se extiende a la motivación y argumentación que debe caracterizar todas actuaciones administrativas, especialmente en el marco de las potestades discrecionales (Capítulo Segundo, numeral 4).

Auto de 27 de mayo de 2016. Proceso: Plena Jurisdicción. Caso: Ana Leny Villarreal c/ Ministerio de Relaciones Exteriores. Acto impugnado: Decreto personal N°261 de 10 de septiembre de 2010. Magistrado sustanciador: Cecilio Cedelise.

Texto del Fallo

Muestreo 

En este punto, cabe señalar que si bien en las Actas de Verificación de Contenido Neto de Huevos correspondientes al mes de octubre de 2016 se indica que las muestras de huevos tomadas no cumplen con el peso mínimo permitido por unidad, en dichas Actas no se deja constancia ni tampoco se evidencia que las muestras de huevos se hayan tomado el mismo día de entrega del producto al establecimiento comercial supervisado, conforme lo exige el Reglamento DGNTl-COPANIT 241 -2005 emitido por la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, publicado en la Gaceta Oficial Nº 25,394 de 27 de septiembre de 2005. En ese sentido, el numeral 6 del Artículo Primero del referido Reglamento DGNTI – COPANIT 241-2005 establece lo siguiente:

“6. MUESTREO.
-La Toma de Muestras se hará por Planes Muestreo aceptados por la Autoridad Sanitaria Competente.
-La determinación del Contenido Neto se efectuará según lo indicado en el Reglamento técnico DGNTl-COPANIT 3-421-98
Metrología. Contenido Neto de Preempacados. Requisitos.
-El lugar para la Toma de Muestras debe ser en la Planta Empacadora de Huevos o en el Establecimiento del Distribuidor a la hora de la entrega del producto, pasando al distribuidor la responsabilidad de mantenerla idoneidad e inocuidad del producto”.

Sentencia de 3 de Mayo de 2017. Proceso: Plena jurisdicción. Caso: Toledano S.A c/ ACODECO. Acto impugnado: Resolución DNP Nº 462-14 INV de 18 de febrero de 2014. Magistrado ponente: Abel Augusto Zamorano.

Texto del Fallo