Cabe destacar, que el proceso contencioso-administrativo tiene por objetivo, la revisión de la legalidad el acto que se acusa, examen que debe realizarse atendiendo los cargos de ilegalidad que motivan la nulidad. En consecuencia, la ausencia de señalización el concepto de la infracción de cada norma que el demandante considera ha sido vulnerada, impedirá a la Sala Tercera, realizar una debida valoración de cargos, y, en consecuencia, evaluar en el fondo, el mérito de las pretensiones planteadas por la parte actora.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido la importancia de exponer, de manera razonada, el concepto de infracción de cada una de las normas que se estiman vulneradas, con el propósito que el Tribunal pueda hacer el correspondiente análisis de los cargos expuestos.

Auto de 9 de julio de 2024. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción RAMS c Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Texto del Fallo

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con la antes referida Ley, el régimen disciplinario del Ministerio Público “tiene como propósito asegurar el buen funcionamiento de la Institución mediante normas que permitan elevar el rendimiento y garantizar que la conducta de sus servidores sirva a los fines de la administración” (art. 58). Para tal efecto, la ley establece que el procedimiento disciplinario es el Conjunto de actuaciones establecidas en esta Ley para la investigación y sanción de las faltas y prohibiciones en las que incurran los servidores de la Institución” (art. 7 numeral 27).

Según la citada Ley Sanción Disciplinaria puede conceptuarse como las medidas de carácter administrativo que se impone a un servidor por la comisión de una o más faltas, cumpliendo el procedimiento establecido en la presente Ley.

Sentencia de 11 de julio de 2024. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción JOCH c Fiscalía Metropolitana.

Texto del Fallo

No obstante, la entidad demandada en el caso en concreto del demandante, ha interpretado erróneamente lo expresado en la Ley de Presupuesto, con respecto a que solo tendrán derecho a gastos de representación los funcionarios que tengan derecho a ello mientras ocupen sus cargos, asumiendo que esta disposición, le permite concluir que los gastos de representación no constituyen salario y, por ende, no deben ser tomados en cuenta como parte de la remuneración devengada por el funcionario, para el cálculo de la indemnización prevista en la Ley sobre el mercado de valores en la República de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores, cuando  aquellas norma solo pretende reafirmar que, para recibir el gasto de representación el funcionario debe estar ejerciendo efectivamente, el cargo en que fue nombrado y que cuenta con esta retribución.

Sentencia de 19 de julio de 2024. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción JAMG c Superintendencia del Mercado de Valores.

Texto del Fallo

Antes de finalizar, esta Judicatura advierte que dentro de las pretensiones solicita el pago de la prima de antigüedad, por lo que resulta pertinentes informarle a la parte actora que, para que dicho derecho particular pueda ser reconocido, debió requerirlo en una acción autónoma de Plena Jurisdicción, ya que de acuerdo al artículo 10 de la Ley N° 23 de 12 de mayo de 2017, que adiciona el artículo 137-B a la Ley N° 9 de 20 de junio de 1994, dicho beneficio surge una vez termina o cesa el vínculo laboral entre el servidor público y la institución, por lo que, no es congruente solicitar en una misma acción, el reintegro o la reincorporación de la ex funcionaria al cargo que ocupaba dentro de la Fiscalía General Electoral y el reconocimiento de la prima de antigüedad, la cual deriva del momento en que la relación laboral con el Estado ha finalizado.

Sentencia de 10 de julio de 2024. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción VBE c Fiscalía General Electoral.

Texto del Fallo

Ante el cese de funciones, el 14 de agosto de 2019, conviene subrayar que el pago peticionado por OPVP cuya procedencia, reiteramos que ha sido reconocida por el MIVIOT, tiene como base lo instituido en el artículo 140 de la Ley No. 9 de 1994, vigente a esa fecha. Siendo esto así, descartamos la aplicabilidad y cargo de infracción contra el 1 de la Ley No. 39 de 11 de junio de 2013, reformada por el artículo 3 de la Ley No. 127 de 31 de diciembre de 2013. Al mismo tiempo, enfatizamos que, a la referida disposición aplicable, se le adiciona mediante Ley 241 de 13 de octubre de 2021, que el salario base para el cálculo de la prestación, será el último e inclusive, se categoriza este texto jurídico de interés social y confiere efectos retroactivos.

Lo dicho hasta aquí determina que se tiene derecho a la prima de antigüedad cuando se pone termino a la contratación con el Estado-con independencia de la causa-por lo que la prestación laboral requerida por parte de la ex funcionaria, OPVP, es cónsona con la no impugnación del acto por medio del cual se le cesa en sus funciones en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Sentencia de 9 de julio de 2024. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción OPVP c Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Texto del Fallo