Falta de aprobación posterior

La Corte advierte que el contrato Nº 232-94 fue suscrito y ejecutado por haber presuntamente cumplido las condiciones esenciales de existencia, pero del estudio realizado se concluye que se encuentra ausente una condición o requisito de validez: su aprobación o refrendo posterior.

Esta situación jurídica no podía ser evaluada por el Tribunal al momento de conocer del incidente de suspensión provisional, toda vez que no se contaba con el material probatorio necesario ni con los argumentos jurídicos de todos los interesados en el proceso, lo que habría puesto en estado desventaja procesal a alguna de las partes, dado lo delicado del punto a dirimir. Tampoco correspondía al Tribunal adelantar un examen o juicio valorativo de fondo de la pretensión en aquella etapa, mismo que se satisface en este momento.

Como nuestra legislación no distingue entre las causales de nulidad absoluta y relativa, la falta de perfeccionamiento del contrato acarrea su nulidad, desde el momento de la declaratoria de la misma. La Corte estima sin embargo, que dado que la nulidad deviene de la falta de aprobación posterior, y en atención a que el contratista ha venido cumpliendo la concesión de manera responsable y conforme a lo pactado, nada impide que el contrato sea sometido a la aprobación o no, del Consejo Municipal para cumplir con la formalidad omitida.

Sentencia de 1 de febrero de 1996. Proceso: Nulidad. Caso: Municipio de Panamá c/ Municipio de Panamá y empresa Proveedora Atlántico Pacífico, S.A. Acto impugnado: Contrato 232-94. Magistrado ponente: Edgardo Molino Mola.

Texto del fallo

Cumplimiento del contratista

 

Ahora bien. ante tales supuestos esta Sala considera preciso señalar que la doctrina ha señalado que la teoría del cumplimiento de los contratos administrativos, señala que los contratistas tienen dos tipos de obligaciones cuando suscriben este tipo de contratos:

“… I. Cumplimientos por el contratista.

Los contratos administrativos hacen nacer para el contratista dos obligaciones:

a) la de realizarla prestación en el tiempo previsto

b) la de entregar exactamente la prestación pactada.

Correlativamente, el contratista puede incurrir en dos tipos de incumplimientos. Puede realizar la prestación de un modo exacto. pero sin respetar el plazo total fijado o los plazos parciales señalados para la ejecución sucesiva o puede que. cumpliendo con los plazos establecidos. entregue una prestación que no coincida exactamente con la pactada” (Hernández, Juan Antonio. Derecho Administrativo Iberoamericano, Tomo III, Ediciones Paredes, Caracas. Venezuela, 2007. página 2168)

Sentencia de 5 de mayo de 2015. Caso: Ingeniería Quiroz García, S.A. vs. Fondo de Inversión Social (FIS).

Texto de fallo

Sus cláusulas constituyen ley entre las partes

 

Como corolario de lo esbozado en los párrafos que anteceden, es menester indicar que la cláusula a la que se ha hecho mención, y que está inserta en el pliego de cargos, constituye Ley entre las partes contratantes, conforme a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 3 de la Ley No. 56 de 1995, estableciéndose que:

“Pliego de Cargos. Conjunto de requisitos exigidos unilateralmente por la entidad licitante, que especifican, el suministro de bienes, la construcción de obras públicas o la contratación de servicios, incluyendo los términos y condiciones del contrato a celebrarse, los derechos y obligaciones de los oferentes y el contratista, y el mecanismo procedimental a seguir en la formalización y ejecución del contrato.

El pliego de cargos constituye la fuente principal de derechos y obligaciones entre proponentes y la entidad licitante, en todas las etapas de selección de contratista y ejecución del contrato y, en consecuencia, incluirá reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la participación de los interesados en igualdad de condiciones…”

Sentencia de 3 de julio de 2008. Caso: Almacenadora Nacional, S.A. vs. Ministerio de Obras Públicas.

Texto del fallo

Con respecto a la nulidad del procedimiento de selección de contratista, lo que es distinto a la nulidad del contrato, ha dicho la doctrina que es una figura jurídica con la finalidad de proporcionar a las entidades licitantes, en el ámbito de la contratación una herramienta licita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, en aras de lograr un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones.

Sentencia de 4 de marzo de 2024. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción ETESA c Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

Texto del Fallo

Como quiera que, lo extenso de la piezas procesales que reposan en el expediente administrativo demuestran que la demandante actúo  apagada a lo estipulado en el contrato, al ejecutar a satisfacción de la entidad contratante los Productos No. I y No. 2, haciendo sobre todo grandes esfuerzos para cumplir con la entrega del Producto No. 3, aun cuando su ejecución se encontraba sujeta a la voluntad de los 30 socios estratégicos que conformaban el programa, quienes nunca se obligaron contractualmente a consumar lo ahí pactado, lo que generó que rechazaran la siembra en sus fincas durante la estación seca, pese a que la actora aplicó paliativos de conservación en las especies vegetativas sembradas, lo cual nunca fue tomado en consideración por la entidad demandada al momento de valorar las solicitudes de prórroga de los plazos de entrega del Producto No. 3 y el producto final contratado, lo que en definitiva traería un incumplimiento del contrato a cago de la contratistas, con su consecuente resolución administrativa.

De ahí que, frente a esas causas de fuerza mayor y caso fortuito que estaban fuera del control razonable de la contratista, el Ministerio de Ambiente en aras de salvaguardar el mayor beneficio para el Estado y el interés público que no era otro que reforestar la Cuenca Hidrográfica del Río Grande, podía dar aplicación a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del contrato, antes de avocarse a una rescisión administrativa del contrato mediante la expedición de la Resolución No. DM-0614-2019 de 4 de diciembre de 2019, acusada de ilegal; situación que viene a demostrar que su expedición violento lo preceptuado en el artículo 115 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017, el artículo 34d del Código Civil y los artículos 34 y 36 de la Ley 38 de 2000, lo que se traduce en su nulidad, por ilegal.

Sentencia de 24 de enero de 2024. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad IDEL c Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

Texto del Fallo