Se entiende que la Fianza de Cumplimiento procura otorgar seguridad a la entidad contratante en caso de que el adjudicatario incumpla o no entregue a satisfacción el contrato u obligación que ejecuta.
Auto de 8 de noviembre de 2022. Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo Aliado Seguros, S.A. c Caja de Seguro Social.
Tal como queda expuesto, ante la adjudicación definitiva y ejecutoriada de un Acto Público, la excerta invocada prevé la obligación a la Entidad licitante de compensar al adjudicatario por los gastos incurridos en caso que decidiera no formalizar el Contrato, situación acaecida en esta oportunidad, pues, reiteramos, ante la negativa de la Contraloría General de la República de refrendar el Contrato, la Asamblea Nacional no realizó gestiones adicionales tendientes a refrendarlo, lo que evidencia la aceptación tácita de la decisión del Ente fiscalizador y un rechazo implícito de la oferta.
Ante este escenario, es atendible la pretensión de la recurrente, pues es indudable que la EMPRESA ZAGO GROUP, S.A., se ha visto lesionada por haber realizado de buena fe, actos encaminados a honrar la contratación suscrita con la Asamblea Nacional, máxime cuando existía una perspectiva real que el Estado perfeccionaría el Contrato.
En este punto, vale la pena resaltar la importancia del Principio de Buena Fe como uno de los principios generales en la interpretación de las reglas contractuales en el marco de las Contrataciones Públicas, en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.
Sentencia de 28 de julio de 2022. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción EMPRESA ZAGO GROUO, S.A. c Asamblea Nacional.
La adjudicación es el acto por el cual la entidad licitante determina, reconoce y declara la oferta o propuesta más ventajosa para la institución, y que pone fin a la etapa precontractual. A propósito de lo anterior, la Ley Nº 5 de 25 de febrero de 1993 estipula en su artículo 32 lo siguiente:
“Artículo 32. Cuando se hayan cumplido todas las formalidades legales y reglamentarias correspondientes, la Junta Directiva deberá adjudicar definitivamente la licitación o concurso de precios, mediante resolución motivada, a la persona cuya propuesta represente el mayor beneficio para el Estado”. (lo subrayado es de la Sala).
Sentencia de 27 de febrero de 2004. Caso: Amina Bhiku de Daya, Carlos Santiago Castillo Murgas y Giselle de Lourdes Burillo de Calcagno c/ Autoridad de la Región Interoceánica.
Esta superioridad coincide con los argumentos vertidos por la parte actora, pues si bien es cierto, la demandante tiene participación como proponente en el Acto de Licitación Pública No. 48-96, no reclama un derecho directo para sí misma, toda vez que dicho acto público no ha sido adjudicado aún. Entonces, mal podríamos decir que el litigio se sostiene en el reclamo de una pretensión personal, puesto que, QUIMIFAR, S. A. no es la única que participa como proponente en la precitada licitación; y la nulidad que se demanda no favorece a la demandada de manera particular, ya que el beneficio recaería en una generalidad, que lo son todos los proponentes que participaron en dicho acto público.
Auto de 14 de julio de 1998. Caso: Quimifar, S.A. c/ Ministerio de Hacienda y Tesoro.
Por su parte Jiménez Aparicio comenta “hasta el momento de la adjudicación nos encontramos en el seno de las denominadas “actuaciones preparatorias” o “expediente de contratación”…..; con la adjudicación se perfecciona el contrato y nace al mundo jurídico”. “La Ley, al precisar que sólo la adjudicación perfecciona el contrato, impone una doble consecuencia: de manera negativa señala que las actuaciones anteriores, sea cual sea el procedimiento o forma de adjudicación, han de ubicarse en la fase precontractual; y de manera positiva supone que, a partir de ese momento, el contrato existe y obliga como tal…”(JIMÉNEZ APARICIO, Emilio. “Comentarios a la Legislación de los Contratos de las Administraciones Públicas”. Segunda Editorial Aranzadi. 2002. Pág. 573)
Auto de 27 de julio de 2006. Caso: Sergio Augusto Molina Barrios, Eduardo Álvarez y Carlos A. Rodríguez c/ Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.