No presta mérito ejecutivo un documento que no acredita la naturaleza de la deuda

 

La Sala debe indicar que el documento presentado como título ejecutivo, sobre el cual se funda el auto de mandamiento de pago ejecutivo, no presta tal mérito, ya que como quedó demostrado en el proceso, no acredita con certeza cuál es la naturaleza de la deuda, o sea, de dónde emana la misma, adoleciéndo de la certeza necesaria en este tipo de ejecuciones.

La seriedad y gravedad de dicha actuación amerita que ese reconocimiento de una obligación tenga un fundamento verdadero, cierto, comprobable, explicable, que corresponda a una realidad identificada y documentada, y que no tenga ningún margen para dudas o interpretaciones.

Sentencia de 2 de enero de 1998. Caso: Banco Nacional c/ Lucía de Franco. Registro Judicial, enero de 1998, pp. 370-371.

Texto de fallo

No goza de estabilidad en el cargo

 

Por todo lo antes anotado, la Sala reitera que el cargo para Notario Público no está regulado por ninguna ley especial y no se encuentran incorporados a la Carrera Administrativa, por lo que no gozan de estabilidad en el cargo, dado que para tenerla, se requiere no solo su consagración legal expresa, sino que igualmente requiere que ingresen al Notariado mediante concurso públicos de méritos. Finalmente, se deja sentado que la jurisprudencia ha sido constante en sostener que el hecho de que los notarios sean nombrados por un período fijo, ello no equivale a que los mismos gozan de estabilidad.

El documento presentado como título ejecutivo, sobre el cual se funda el auto de mandamiento de pago ejecutivo, debe acreditar con certeza cuál es la naturaleza de la deuda.

Sentencia de 13 de marzo de 1998. Caso: Jesús L. Rosas c/ Ministerio de Gobierno y Justicia. Registro Judicial, agosto de 1998, pp. 459-460.

Texto de fallo

No existe tal error cuando se trata de un defecto estructural de la demanda

 

Por lo expuesto, no es aceptable la posición expuesta por el licenciado Sánchez en el sentido de que, en base al artículo 469 del Código Judicial, este Tribunal debe darle el debido trámite a su demanda. Obsérvese que el artículo en mención se refiere específicamente a la calificación o identificación en la denominación de la demanda, cuando en realidad en el presente caso no se trata de ello simplemente sino de un defecto estructural de la demanda consistente en una mezcla indebida de figuras jurídicas cuyos objetivos y fines son distintos. Además, la legitimación para interponer una y otra clase demanda no coinciden enteramente, tal como se aprecia en los numerales 11 y 12 del artículo 98 del Código Judicial.

Sentencia de 22 de enero de 1999. Caso: Tesorero Municipal del Distrito de Panamá c/ Artículo 86 de la Ley 106 de octubre de 1973, reformado por la Ley 52 de diciembre de 1984.

Texto de fallo

Diferencias que lo distinguen del contencioso de interpretación

 

Es pertinente indicar que ambas figuras, si bien es cierto tienen similitudes, se diferencian en lo fundamental:

  1. En las demandas contencioso de interpretación prejudicial el objetivo perseguido en las mismas es elevar una consulta para aclarar el verdadero sentido y alcance del acto administrativo cuyo contenido resulte oscuro o dudoso, mientras que las demandas de apreciación de validez lo que se pretende es confrontar el acto administrativo elevado a consulta, con un texto legal para determinar si se ha infringido o no.
  2. La interpretación prejudicial será elevada por la autoridad judicial o administrativa que deberá resolver o ejecutar el acto, mientras que la apreciación de validez solamente puede se elevada por la autoridad encargada de administrar justicia.

Auto de 1 de agosto de 1997. Caso: Alcaldesa Municipal del Distrito de Panamá c/ Acuerdo municipal 23 de 22 de febrero de 1996.

Texto de fallo

Se debe impugnar conjuntamente con el acto de adjudicación del concurso

 

El resto de los Magistrados que integran la Sala consideran que no le asiste la razón al apelante, toda vez que el acto impugnado constituye el acto de adjudicación de concurso y no el nombramiento, lo que si constituiría el acto definitivo. El artículo 42 de la ley 135 de 1943, señala que el acto impugnado debe decidir el fondo del asunto o hacer imposible su continuación, por lo que se hace indispensable para presentar una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que el acto impugnado constituya un acto definitivo.

Esta Sala ha mantenido en jurisprudencia constante que en las demandas sobre adjudicación de concursos, se debe impugnar el acto administrativo por el cual se adjudica el concurso y el acto administrativo que contiene el nombramiento, ya que, es en base a éste último acto sobre el cual la Sala puede tomar una decisión definitiva.

Auto de 13 de septiembre de 1999. Caso: Próspero Ruíz c/ Universidad Autónoma de Chiriquí. Registro Judicial, septiembre de 1999, p. 236.

Texto de fallo