No puede decretarse contra una persona que no es parte en el proceso

 

La Sala, debe recalcar, que no puede decretarse embargo contra una persona que no es parte en el proceso, por no haberse librado mandamiento de pago en su contra. En los juicios ejecutivos el embargo tiene como fin la ejecución de una resolución judicial incumplida y por tanto solamente puede decretarse después que esté ejecutoriado el mandamiento de pago dictado en contra de los ejecutados en el proceso.

Auto de 7 de mayo de 1997. Caso: Banco Nacional de Panamá c/ Débora Stanziola Blasser. Registro Judicial, mayo de 1997, p. 448.

Texto de fallo

Puede solicitarla el magistrado sustanciador previa solicitud del demandante

 

El demandante presenta como prueba de que hizo la solicitud mencionada, los escritos legibles a fojas 43 y 44 del expediente, en el que se aprecia, respectivamente, el sello de recibido en la Superintendencia de Bancos (11 de noviembre de 2009) así como la comunicación que le hizo el Superintendente Interino respecto a la remisión del recurso de apelación a la Junta Directiva de esa entidad.

De conformidad con la Ley 135 de 1943, el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir o no la demanda, y cuando así lo pida el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia y el petente prueba que gestionó la obtención de dicha copia.

Auto de 5 de enero de 2010. Caso: Javier Ernesto Sheffer Tuñón. Registro Judicial, abril de 2010, pp. 582-583.

Texto de fallo

Debe estar autenticada por la autoridad que emitió el acto

 

Recordemos que el agotamiento de la vía gubernativa es un presupuesto esencial para acudir ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y la presentación de una copia autenticada del acto impugnado y sus actos confirmatorios (en la cual sea visible la notificación) constituye el medio idóneo para probar dicho agotamiento; tal como lo establecen los artículos 42 y 44 de la Ley 135 de 1943.

…

En primer lugar, vemos que la copia del acto impugnado fue presentada de forma simple, es decir, que la misma no fue autenticada por la autoridad que la emitió. Que si bien, mediante nota de fecha 9 de diciembre de 2009 la señora MEJÍA solicita la autenticación de la referida copia no es menos cierto que no cumplió con el requisito de solicitar a ésta Sala que previa a la admisión de la demanda realizara las gestiones necesarias para la obtención de las copias pertinentes.

Auto de 6 de enero de 2010. Caso: Luz Adriana Mejía c/ Fondo de Inversión Social por intermedio del Ministerio de la Presidencia. Registro Judicial, enero de 2010, pp. 571-572.

Texto de fallo

No se perfecciona por inobservancia del procedimiento legal

 

La Sala debe indicar por tanto que cuando la Ley impone a la administración el procedimiento a seguir para la suscripción de un contrato, este procedimiento es obligatorio, y debe ser respetado y acatado por la esfera administrativa, pues su inobservancia deviene en la nulidad de los actos contractuales celebrados.

Acotamos además, que aunque el contrato de arrendamiento es consensual, como lo es también lo es la compra-venta porque desde el momento en que se acuerda tanto el precio como la mercancía surge la obligación de ambas partes para la entrega, en este caso, la calidad de uno de los contratantes impide que el mismo se hubiese perfeccionado con el solo acuerdo de voluntades. Tal como expresara la Sala Tercera en la sentencia antes comentada: “…el perfeccionamiento del contrato de compra-venta de manera consensual solo es posible tratándose de la Caja de Seguro Social, entidad pública, cuando la manifestación de voluntad de la adquiriente se formula dentro del marco de la Ley que prescribe los requisitos para que no exista vicio de nulidad”.

Sentencia  de 18 de julio de 1994. Caso: NCR Corporation Panama, S.A. c/ Caja de Seguro Social.

Texto de fallo

Falta de competencia para suscribir un contrato

 

Debe recalcar este Tribunal por consiguiente, que para adelantar la contratación, el señor AGUSTÍN DÍAZ carecía de la legitimación y la personería jurídica que la Ley expresamente ha hecho recaer en otra persona para suscribir una contratación que obligase a la Caja de Seguro Social. Esta sola circunstancia implica un vicio sustancial que invalida la contratación llevada a cabo, en lo que respecta a la Caja de Seguro Social.

Considera la Sala Tercera en cuanto a este punto, que efectivamente la Caja de Seguro Social no estaba obligada a aceptar como valido un crédito por razón de una contratación que no fue suscrita por el funcionario público autorizado (falta de capacidad subjetiva, que en Derecho Público es competencia).

Sentencia  de 18 de julio de 1994. Caso: NCR Corporation Panama, S.A. c/ Caja de Seguro Social.

Texto de fallo