Pago de derechos adquiridos por insubsistencia

 

Sin perjuicio de todo lo antes expuesto, no podemos desconocer que en el caso particular o que nos ocupa, el Licenciado JÁCOME DE LA GUARDIA, ostentaba al tiempo de la emisión del acto administrativo hoy demandado, un cargo para el cual había sido designado por un período determinado, es decir, de siete (7) años que corrían del diecisiete (17) de diciembre de 2002 hasta el diecisiete (17) de diciembre de 2009, de tal manera que al declararse su insubsistencia en el cargo para el cual había sido designado con el aval de los máximos jefes de los otros tres (3) Órganos del Estado Panameño, no hace otra cosa que dar lugar, al menos, en esta ocasión por razón de la sustracción de materia de la que venimos hablando; a que esta Magistratura le reconozca el derecho al hoy demandante, respecto de su tercera pretensión esbozada en el libelo de su demanda, entendiéndose el derecho a percibir todos los salarios y gastos de representación a hubiere lugar, más aquellas sumas de dinero en concepto de décimo tercer mes y vacaciones, sea proporcionales y/o vencidas al tiempo en que es notificado de lo resuelto en la Resolución N.° 10 de 19 de marzo de 2007 (visible de fojas 1 a 2 del Exp. Ppal.), hasta el diecisiete (17) de diciembre del año 2009, como en efecto se hará seguidamente.

Sentencia de 15 de septiembre de 2011. Caso: Jaime Jácome de la Guardia c/ Procuraduría General de la Nación.

Texto de fallo

Sobre estos actos no tiene competencia la Sala Tercera

 

En atención a las circunstancias que preceden, se colige que el acto objeto de impugnación en esta demanda es de carácter laboral y jurisdiccional, de conocimiento privativo de los Juzgados Seccionales de Trabajo y no un acto de naturaleza administrativa. En vista de ello, y por mandato expreso de la ley (artículo 98 del Código Judicial), la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) no tiene competencia para conocer de la legalidad o ilegalidad de tales actos y por tanto, no le es dable a esta jurisdicción contencioso-administrativa conocer sobre el mismo.

Auto de 25 de agosto de 2011. Caso: Anel Alexis Córdoba c/ Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección.

Texto de fallo

No procede contra procesos en trámite de la vía gubernativa

 

En este sentido es necesario indicar que si bien es cierto, el artículo 73 aludido, establece que es facultad discrecional de la Sala la suspensión provisional, se infiere del artículo en cuestión que solo procede contra los actos administrativos, resoluciones o disposición demandados por ilegal. En el caso que nos ocupa podemos apreciar un error en la demandante al solicitar la suspensión provisional de un proceso de lanzamiento, sobre el cual la Sala no tiene competencia para decretar la medida cautelar correspondiente.

El acto sobre el que se solicita la suspensión provisional, debe consistir en un acto en firme y contra el cual no proceda recurso alguno en la vía gubernativa.

Auto de 2 de agosto de 2011. Caso: Patricia C. Butta Tejeiro c/ Comisión de Vivienda.

Texto de fallo

Resolución que surte los efectos de un proceso administrativo

 

Es importante indicar que el procedimiento seguido en la esfera administrativa, por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, consistía en un procedimiento penal aduanero, con un carácter especial y naturaleza jurídica distinta a los procedimientos administrativos en general. Y es que la ley le otorga al Administrado Regional de Aduanas una facultad jurisdiccional para este tipo de procesos, convirtiendo el acto que se emite en este proceso en un actor jurisdiccional, a pesar de ser emitido por una autoridad administrativa.

Este tipo de actuaciones no son revisables ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que el control de legalidad que se ejerce en este sentido recae sobre actuaciones administrativas en ejercicio de la función administrativa que ejercen las autoridades públicas.

Sin embargo, la resolución que nos ocupa, no surte los efectos propios de un proceso penal aduanero, ya que, en vez de culminar con las sanciones penales establecidas para este tipo de delito, culminó con la absolución de un delito y la imputación de la comisión de una falta de carácter administrativo, quedando investido de la función administrativa el funcionario que llevaba la investigación penal aduanera, ya que confluyen en la misma persona la función administrativa y la función penal aduanera; esta situación produjo como resultado una sanción de naturaleza administrativa.

Sentencia de 21 de julio de 2011. Caso: Ministerio de Economía y Finanzas c/ Administración Regional de Aduanas Zona Aeroportuaria.

Texto de fallo

No es competencia de la Sala Tercera

 

Con fundamento a lo anterior, este Tribunal debe concluir que la controversia en cuestión para que se anule la inscripción de una Escritura Pública, inscrita en el Registro Público, no puede ser examinada por esta Sala, ya que por su naturaleza es una materia de competencia de la vía ordinaria civil.

Auto de 14 de junio de 2011. Caso: Inversiones Funsa, S.A. c/ Notaría Quinta de Circuito de Panamá.

Texto de fallo