Como se extrae del inciso, la regla es que los servidores públicos sean regidos por una Ley de carrera pública, la excepción es que le sean aplicables normas del Código de Trabajo, mandato que debe estar expresamente así establecido mediante Ley. Este último supuesto excepcional fue lo que ocurrió con dos empresas públicas de servicio en las que se normó la relación obrero patronal (servidor público-Estado) de conformidad con la Ley 8 de 1975, preceptiva de un régimen especial laboral similar al regulado por el Código de Trabajo, régimen cuyos vacíos debían suplirse con normas de este Código. Estas empresas eran el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), encargadas del abastecimiento de energía eléctrica prestación del servicio de telefonía y telecomunicaciones en general, respectivamente, hoy privatizadas a raíz del proceso de modernización del Estado.
Sentencia de 15 de marzo de 2002. Caso: Dania Juana Landau de Lokee c/ Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).