Funciones jurisdiccionales

 

La Administración Pública hoy día, en virtud del intervencionismo del Estado en los asuntos sociales y económicos, decide pretensiones entre las partes , dentro de un verdadero proceso, con demandas, traslados contestación de demandas , audiencias , pruebas , prácticas de las mismas y alegatos. Es todo un procedimiento con normas tipificadas en la Ley, y como decía el Dr. JORGE FABREGA, que son “funciones jurisdiccionales de la Administración, caracterizadas por decisiones sobre conflictos y controversias inter-subjetivas, en que la Administración no es parte, sino órgano decisor, que decide típicamente una pretensión, y que lo hace mediante un proceso que produce efectos de cosa juzgada, a lo menos de cosa juzgada formal. ” (FABREGA, JORGE. Derecho Procesal de Trabajo (Individual y Colectivo) Panamá, 1982, Pág. 52).

Auto de 23 de octubre de 1991. Caso: Panama Air Marine Safety & Supply Inc. (PAMAR) c/ Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Registro Judicial, octubre de 1991, p. 130.

Texto del fallo

Conflictos laborales que deciden el monto aplicable

 

En cuanto al hecho de crear un salario mínimo para determinada región o actividad comercial , y que la misma sea una labor administrativa, no significa que esta situación es igual o parecida a la de determinar.

Esto es así, ya que al Director General de Trabajo y en grado de apelación, el Ministro de Trabajo, no crean salario mínimo sino que , frente a una situación determinada en donde existen conflictos en el pago de salarios, este tomando en cuenta las características propias de la actividad comercial para decidir, dentro de la escala de salario mínimo ya existente, cual debe aplicarse.

El Decreto 3 de 4 de marzo de 1980, determina el salario del área canalera, considerando características propias de la actividad.

Es por lo que hemos expuesto que no se debe confundir la actividad administrativa de crear salarios mínimos, con la de determinar con el consecuente pago de la diferencia adeudada si se solicita.

Auto de 23 de octubre de 1991. Caso: Panama Air Marine Safety & Supply Inc. (PAMAR) c/ Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Registro Judicial, octubre de 1991, p. 130.

Texto del fallo

No lo es aquel acto que surge de la función de administrar

 

El jurista Rafael Bielsa, en su obra intitulada Cuestiones de Jurisdicción señala que “si una autoridad, cualquiera sea, puede decidir en materia de su competencia, o sea resolver cuestiones surgidas en la ejecución de la ley, es porque ello entra en la función de administrar, pero no en la de juzgar en definitiva. En tal caso no hay verdadera contienda, pues para eso es necesario que el poder Administrador asumiera la actitud de parte frente al Administrado” (Bielsa, Rafael. Citado en los autos de 10 y 15 de septiembre de 1982. Arosemena, Roy y Troyano, José A. Jurisprudencia Contencioso Administrativa 1971-1985., Litografía e imprenta LIL. S.A., Panamá, 1987, pp. 32 y 35).

En el caso que nos ocupa, el acto que se impugna ha sido expedido por una autoridad administrativa, con fundamento en el artículo 69 de la Ley 100 de 1974, que señala que “el Director General podrá ordenar, aún de oficio, por la vía administrativa, la rectificación de partidas que contengan omisiones o errores manifiestos”. La Sala estima que dicho acto no es un acto jurisdiccional, sino un acto administrativo cuya competencia ha sido otorgada por la Ley al funcionario que lo emitió.

 Auto de 27 de noviembre de 1992. Caso: Constantino Juan Lekas c/ Registro Civil. Registro Judicial, noviembre de 1992, p. 32.

Texto de Fallo

Actos dictados en procesos ejecutivos por cobro coactivo

 

Por otra parte, se observa que las actuaciones recurridas, el Acta de Remate de 19 de febrero de 1999 y el Auto No. 176 de 23 de febrero de 1999 proferidos por el Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros, no reúnen los presupuestos señalados en la ley para poder recurrir al proceso contencioso administrativo de nulidad. En ese sentido, vemos que la primera causa da incompatibidad consiste en que las mismas no son actos administrativos, sino jurisdiccionales; puesto que se trata de decisiones adoptadas en el curso de un proceso jurisdiccional, como lo son procesos ejecutivos por cobro coactivo, regulados íntegramente por el Código Judicial, en los cuales actúa, como Juez Ejecutor, un funcionario administrativo investido excepcional y legalmente de facultades jurisdiccionales en ejercicio de las cuales adopta, profiere o ejecuta los actos correspondientes.

Auto de 14 de mayo de 1999. Caso: Ricardo Lay Meneses c/ Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros.

Texto del fallo

Tiene tal carácter las resoluciones que resuelven conflictos laborales

 

En estas condiciones podemos concluir, que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mediante los cuales se resuelven conflictos laborales regulados por la legislación laboral, y a los cuales se aplican procedimientos especiales, como es el caso de los señalados por la Ley 53 de 1975, son actos materialmente jurisdiccionales y no actos administrativos.

Finalmente, es importante señalar que no porque un acto sea proferido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, este puede ser revisable ante la jurisdicción contencioso administrativa. Para ello es indispensable que el acto administrativo sometido a revisión ante esta jurisdicción sea de naturaleza administrativa, lo que equivale a que el acto este revestido, tanto material como formalmente, de materia administrativa.

Sentencia de 8 de mayo de 2002. Caso: Cicerón López Jiménez c/ Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Texto de fallo