Las tres circunstancias anotadas llevan al Tribunal al convencimiento de que lo más prudente en este momento, es disponer la suspensión provisional de los efectos del contrato censurado, habida cuenta que la obra de construcción del proyecto de vivienda, por parte del Fondo de Inversión Social, podría estar siendo desarrollado sobre bienes inmuebles de propiedad de terceros.

No escapa a la percepción de la Corte, que una dilación en el inicio de la obra de construcción lleva aparejadas consecuencias de importancia, principalmente por la naturaleza social de la obra; sin embargo, de no suspenderse los efectos del contrato, pese a la apariencia de ilegalidad que el mismo reviste, podría producirse una lesión objetiva al ordenamiento legal, y perjuicios graves, no sólo a quienes reclaman la propiedad sobre los inmuebles ya mencionados, sino también a la entidad pública contratante y a los intereses del Estado, en caso de que se determine que el área en que se pretende llevar adelante la obra de construcción no le pertenece al Banco Hipotecario Nacional, sino que se trata de bienes de propiedad privada.

Como quiera que la medida cautelar tiene como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso, el Tribunal conceptúa procedente la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, subrayando que esta decisión en forma alguna puede considerarse como un adelanto de la sentencia de mérito, que en su momento emitirá el Tribunal.

La Sala tercera ha sostenido, a partir de 1991, que la suspensión provisional de un acto administrativo puede decretarse en procesos de nulidad. Con ello se cambió el criterio que había prevalecido en esta Sala a partir de 1965.

La suspensión en estos procesos de nulidad procede si el acto administrativo infringe palmariamente el principio de separación de poderes o si puede si puede entrañar un perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico por violar en forma manifiesta una norma jurídica de rango superior.

Adicionalmente debemos señalar que la Sala puede suspender las acciones relativas al pago de tributos municipales, ya que, según lo ha interpretado esta Corporación de Justicia, el artículo 74 de la Ley 135 de 1943, que impide la suspensiónprovisional del pago de impuestos, contribuciones o tasas, no es aplicable en materia de tributos municipales. La Sala ha hecho una interpretación restrictiva de la norma y ha considerado que esta prohibición rige sólo respecto a tributos fijados por ley, y no a tributos creado mediante acuerdos municipales, acciones cuyos efectos sí esta sujetos a la potestad discrecional de la Sala de ser suspendidos provisionalmente. (Ver Res. De 9 de julio de 1993, Registro Judicial de julio de 1993 págs. 227 y 228 y Res. De 19 de enero de 1996, Registro Judicial de enero de 1996, pág. 326).