La jurisprudencia, interpretado el principio de congruencia, ha establecido que las sentencias deben atenerse a la situación que existía al momento de trabarse el debate, resolver con arreglo a les acciones deducidas en el juicio, pronunciarse sobre todo lo que piden las partes y nada más que sobre lo que piden, decidir sobre las peticiones concretas, encuadrarse en el marco de los hechos y pretensiones precisas que se hayan traído a conocimiento y resolución del órgano, y guardar correspondencia con la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa; no debe considerar el juez otras cuestiones que las incluidas en la relación procesal, ni pronunciarse sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o solicitudes no formuladas (CNEsp. Civ. Y Com. I 71611 980, Chiazza de Formica, Josefa, c. Villa, Leopoldo). Ver también sentencia. (Martín E. Arribálzaga Diccionario Jurídico Jurisprudencial. Pág. 383 y 384). Sin embargo, este principio no debe aplicarse inflexiblemente, con total independencia de circunstancias especial”.

Sentencia de 06 de febrero de 2025. Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción Zakate Corp. vs Caja de Seguro Social. 17955.

Texto del Fallo

De igual manera, en Sentencia de 11 de mayo de 2015, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado lo siguiente sobre esta facultad, lo siguiente:

“La potestad sancionadora del Estado, es una manifestación del ius puniendi general del Estado, que le otorga legitimidad, capacidad o facultad para castigar o sancionar.

Según la doctrina mayoritaria, el ius puniendi o Derecho represor del Estado está integrado por dos ordenamientos: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, respondiendo ambos a unos principios básicos comunes, elaborados tradicionalmente desde la dogmática jurídico-penal (Eduardo Gamero Casado, Severiano Fernández Ramos. Manual Básico de Derecho Administrativo. España. Editorial Tecnos. 2007. 4ta.Ed. fs 458-459)

Como se advierte el derecho a sancionar atribuido principalmente al poder judicial (penal) también tiene sus matices en el ámbito administrativo.

La potestad sancionadora de la Administración, es la facultad o competencia de las autoridades administrativas, desarrollada en aplicación del “ius punendi”, para fiscalizar los comportamientos de los administrados y el personal de servicio adscrita a ella, y para imponer medidas restrictivas de derecho ante la inobservancia de las reglas que prescribe. Se considera una garantía del cumplimiento del derecho positivo administrativo y como una función instrumental cuye objeto es proteger los bienes e intereses definidos por el ordenamiento en cada materia sector.

Esta potestad está sujeta al principio de legalidad, por lo que es atribuida a determinados órganos del Estado por medio de ley, con la finalidad de imponer sanciones a los particulares y a los funcionarios que infringen sus disposiciones”.

Sentencia de 31 de enero de 2025. Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción Associated Steamship Agents, S.A. c Servicio Nacional de Migración. 17940.

Texto del Fallo

Resulta claro, evidente y así lo demuestra la parte motiva de las resoluciones que se encuentran visible dentro del expediente ejecutivo, que la entidad al modificar la multa impuesta, examinó los antecedentes de la empresa Disco Bar Paxion, encontrando que no existía reincidencia de acciones, toda vez que con anterioridad se había revocado sanciones, por ende, lo que ejecuta es una rectificación de la penalización, con fundamento al artículo 313 del Decreto Ley 320 de 8 de agosto de 2008.

Las diligencias de inspección, por parte de la Unidad Migratoria de Acción de Campo del Servicio Nacional de Migración, constituyen una facultad legal que tiene la autoridad administrativa, por consiguiente la parte actora parece confundir el concepto “reincidencia”, que no es más que la acumulación de faltas que incide como factor en la aplicación de multas; la modificación o reforma de la multa con la institución de cosa juzgada que constituye el procesamiento de un asunto proveniente de un mismo hecho.

Sentencia de 05 de septiembre de 2024. Proceso Cobro Coactivo Discoteca Bar Pixon c Servicio Nacional de Migración. 17351

Texto del Fallo

Por consiguiente, no es viable reconocer lo alegado por el demandante respecto a que debió surtirse el procedimiento sancionatorio establecido en la excerta legal en referencia que trata de los treinta (30) días calendario para subsanar la falta antes de imponer una sanción, ya que la situación suscitada en este caso no se enmarca dentro del supuesto contenido para dicho procedimiento, por lo que el procedimiento especial empleado por la entidad demandada fue el acertado, ya que deviene de las resultas de la inspección realizada y se enmarca dentro de la normativa aplicable para este tipo de infracciones, resultando así que la sanción impuesta a la sociedad demandante es de conformidad con la mencionada disposición legal, no siendo arbitraria ni subjetiva, en virtud de que se trata de venta de bebidas alcohólicas en ese tipo de establecimiento comercial sin la autorización y permisos correspondiente.

Sentencia de 13 de septiembre de 2024. Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción Empresa Tiendas El Paso, S.A. c Ministerio de Comercio e Industrias. 17365.

Texto del Fallo

Como vemos todas esas obligaciones y exigencias, entre otras, han sido impuestas por ley a los sujetos supervisados y entidades bancarias, a efecto de Prevenir el Blanqueo de Capitales, mismas que no fueron obedecidas a cabalidad por la demandante, situación que originó un incumplimiento que, en definitiva, daba lugar a la imposición de una sanción ejemplar de multa, cuyas faltas, aun cuando fueron subsanadas mayormente por la demandante después de la formulación de cargos, no podemos soslayar que al momento que la entidad reguladora ejecutó las inspecciones integrales Banco Lafise Panamá, S.A., estaba obligada a mantener la documentación sustentatoria de sus operaciones bancarias y financieras en debido orden, para que así pudiese encontrarse eximida de cualquier responsabilidad por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá y así evitar ser sancionada administrativamente por dicha institución por incurrir en infracciones e incumplimientos al ordenamiento jurídico bancario; sanciones que, al tenor de lo establecido en el artículo 189 del ya mencionado Texto Único de la Ley Bancaria, pueden ser objeto de publicación a discreción del Superintendente de Bancos, como en efecto ocurrió al expedir únicamente la parte resolutiva del acto administrativo acusado de ilegal.

Por consiguiente, somos del criterio que la institución expidió el acto administrativo impugnado y sus actos modificatorios y confirmatorios en estricto cumplimiento del procedimiento administrativo sancionatorio, en apego del marco de la legalidad y en respeto de la garantía del debido proceso legal.

Sentencia de 6 de marzo de 2024. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Banco Lafise Panamá c Superintendencia de Bancos de Panamá.

Texto del Fallo