Se rige por las disposiciones del Código Civil a falta de normas especiales que regulen la materia

 

Ahora bien, corresponde al Magistrado Sustanciador determinar si ha infringido alguna de las normas que la parte actora ha considerado conculcadas y procede al análisis de las mismas, en ese sentido se aprecia que, el articulo 532 del Código Civil señala lo siguiente: “Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para la utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y reglamentos especiales que las determinan, y en su defecto, por las disposiciones del presente Título”, de la norma antes mencionada podemos concluir que al existir las normas y leyes que regulan la materia en el caso en estudio, como lo son: la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, el Decreto Reglamentario No. 23 de 16 de mayo de 2007, la Ley 9 de 25 de enero de 1973, derogada por la Ley 61 de 23 de octubre de 2009 y la Resolución No. 4-2009 de 20 de enero de 2009, mal pueden considerarse infringidos los artículos 517, 518, 531, 532 y 533 del Código Civil, ya que el articulo 532 deja evidenciado que al existir leyes y reglamentos que regulen la materia, estos son lo que regirán la misma y en su defecto se aplicarán las disposiciones de los artículos arriba mencionados, por ende esta Colegiatura no considera que las normas en estudio han sido vulneradas al emitirse la Resolución No.223-08 de 10 de septiembre de 2008.

Sentencia de 3 de agosto de 2015. Caso: Gaspar Octavio Lawson Blanco vs. Ministerio de Vivienda.

Texto de fallo

Definición

 

Como cuestión previa la Sala conceptúa que la servidumbre pública es la franja territorial de uso público destinada al mantenimiento y protección de playas, ríos, quebradas, desagües sanitarios y pluviales, energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones y vías de comunicación, esta definición la encontramos en el artículo 5 numeral 14 de la Ley No. 6 de 1 de febrero de 2006.

Sentencia de 3 de agosto de 2015. Caso: Gaspar Octavio Lawson Blanco vs. Ministerio de Vivienda.

Texto de fallo

No exime al Estado del pago del valor del bien inmueble

 

Siendo así, consideramos de importancia enfatizar que esta medida no exime al Estado de la correspondiente indemnización o del pago del valor de los terrenos, por cuanto en un Estado de derecho, no pagar el monto o valor de las fincas expropiadas supone un abuso de la administración en detrimento de derechos particulares, de manera que, la expropiación por razones de utilidad pública no se constituye per se en la violación de un derecho si no la omisión del pago de la suma correspondiente al valor de los terrenos expropiados, que según lo que se revela del proceso, no ha sido establecida aún por cuanto no se llegó a un acuerdo previo y tampoco existe constancia en el proceso que dicho monto ha sido establecido por un tribunal competente.

Sentencia de 24 de octubre de 2011. Caso: Corindag, S.A. vs. Ministerio de Obras Públicas.

Texto de fallo

No puede el alcalde municipal reconocer derechos posesorios sobre estos bienes

 

Por razones de economía procesal la Sala estima que debe confrontar el acto acusado, en primer lugar con el artículo 3 del Código Fiscal, en relación con el artículo 3 de la Ley 106 de 1973. En el artículo 3 del Código Fiscal se define como bienes nacionales, los pertenecientes al Estado y los de uso público, y los existentes dentro del territorio de la República que no pertenezcan a los municipios, a las entidades autónomas o semiautónomas ni sean individual o colectivamente de propiedad particular. Como por medio del artículo único de la resolución impugnada se resuelve conceder derechos posesorios sobre bienes nacionales, y el Alcalde Municipal de Portobelo no está facultado para disponer de los mismos, a juicio de la Sala le asiste la razón a la demandante cuando alega que el acto impugnado viola el artículo 3 del Código Fiscal. El Alcalde de Portobelo no puede reconocer derechos posesorios sobre bienes nacionales cuya adjudicación, sí procede, corresponde a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, de conformidad con el artículo 139 del Código Agrario y a los numerales 1 y 8 del literal a) del artículo 12 de la Ley 12 de 25 de enero de 1973.

Sentencia de 21 de mayo de 1996. Caso: Sandra Isabel Eleta Boyd vs. Alcaldía del Distrito de Portobelo.

Texto del fallo