En ese sentido, debe tenerse presente que, de acuerdo tanto a las Constitución Política así como al Código Judicial, las Decisiones de la Corte Suprema de Justicia en materia de inconstitucionalidad, son finales, definitivas y obligatorias. Así, es preciso resaltar que, la Sentencia de Inconstitucionalidad, tiene atributos particulares que la distancian de las demás Decisiones judiciales.

Por razón de ello, en el control objetivo de constitucionalidad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, una vez comprueba la incongruencia entre un precepto legal o reglamentario, y las normas del Texto Fundamental, emite la correspondiente Sentencia con la cual hace desaparecer del mundo jurídico la referida disposición, para restablecer la guarda de la integridad del ordenamiento superior que ha resultado lesionado por el Acto objeto de la declaración.

Ahora bien, en el sistema de control abstracto de constitucionalidad, la sentencia que proferir el Pleno de la Corte tiene carácter constitutivo, lo cual significa que, a partir de su ejecutoria, crea, modifica o extingue una relación jurídica, y por ello, sus efectos se producen hacia el futuro, para respetar las situaciones que se hayan consumado en el pasado, y no generar inestabilidad o incertidumbres.

Auto de 30 de abril de 2024. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad G.F. y otros c Ministerio de Comercio e Industrias.

Texto del Fallo

Efectos jurídicos

Al declararse inconstitucional el Decreto de Gabinete No. 344 de 1969, mediante la sentencia de 2 de agosto de 1989, proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo hace inaplicable al presente caso, a pesar de que el mismo estaba vigente al momento en que se presentó la demanda para el pago de indemnización por incumplimiento del Contrato de Agencia, en el Ministerio de Comercio e Industrias. Si hubiese sido derogado se podría aplicar, pero el fenómeno de la constitucionalidad produce la nulidad de la ley, norma legal o reglamentaria.

La Doctrina ha señalado al respecto que: “Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad Y pronuncian la anulación consecuente de la norma o actos impugnados, producen cosa juzgada y eliminan la norma o el acto del ordenamiento.

Es decir, la sentencia estimatoria de la acción tiene efectos abrogativos y erga omnes hacia el futuro, pues la norma o acto declarados inconstitucionales desaparecen del ordenamiento jurídico, tal y como si hubieran sido derogados”. (HERNÁNDEZ VALLE, Rubén; La Tutela de los Derechos Fundamentales; Editorial Juricentro; San José, Costa Rica, 1990 págs. 218 y 219).

Sentencia de 3 de septiembre de 1992. Proceso. Plena jurisdicción. Caso: Panama Agencies Company Inc. c/ Ministerio de Comercio e Industrias. Acto impugnado: Resolución 105 de 19 de septiembre de 1989. Magistrado ponente: Edgardo Molino Mola.

Texto del fallo