Se surte bajo los mismos requisitos de las demandas de plena jurisdicción

 

Finalmente, es conveniente aclarar que aun en el caso de que nos encontráramos ante una acción contenciosa de protección de los derechos humanos, instaurada contra un acto de carácter particular, esta Sala ha señalado categóricamente, que cuando se trata de la violación de un derecho humano justiciable, por un acto administrativo individual, los requisitos procesales subjetivos son los mismos que en los procesos ordinarios de plena jurisdicción, dado que el artículo 98 numeral 15 del Código Judicial establece claramente, que el trámite de estos procesos se regula por las Leyes 135 de 1943 y 33 de 1946.

La única excepción a dicha regla, es que no se requiere al agraviado que agote previamente la vía gubernativa, pero sí debe cumplir con el plazo de prescripción establecido en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946. (Cfr. resolución de 18 de enero de 2000).

Auto 5 de diciembre de 2000. Caso: Luis Enrique Ortiz Martínez c/ Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República.

Texto de fallo

Copia Autenticada del Acto Impugnado

Nuestra legislación contencioso-administrativa establece como requisito indispensable para acudir ante esta Sala que la demanda se presente conjuntamente con una copia autenticada del acto impugnado, en la cual sea visible la notificación de dicho acto. Dicha copia, al igual que todos aquellos documentos que se incorporen al proceso deben estar autenticados para que tengan valor probatorio de acuerdo con los artículos 44 de la Ley Contenciosa y, 833 del Código Judicial.

Auto de 28 de febrero de 2019. Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de la Administración contra el Autor de 27 de octubre de 2017 que admite la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Damaris Isabel Flores Castillo contra Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Texto del Fallo

Debe demandarse el acto confirmatorio junto con el acto original

 

De forma reiterada la Sala ha expresado a través de la jurisprudencia, que las acciones contencioso-administrativas de plena jurisdicción deben promoverse contra el acto original, y no únicamente contra los actos meramente confirmatorios, o que niegan o rechazan el recurso de reconsideración o apelación, tal cual lo dispone el artículo 43-A de la Ley 135 de 1943.

Vale resaltar que, de darse el supuesto en que la Sala resolviera declarar nulo, por ilegal, el acto confirmatorio, siendo este, el que resuelve mantener el Decreto de Personal N.° 1569 de 15 de diciembre de 2011, resolución que fue la que realmente ordeno el despido del demandante, solo este acto impugnado, o sea el confirmatorio, sería nulo, y el acto original, quedaría ejecutoriado y en firme, surtiendo todos sus efectos.

Auto de 15 de enero de 2013. Caso: José Mercedes Miranda Rodríguez c/ Ministerio de Seguridad Pública.

Texto de fallo

Debe el acto demandado vulnerar derechos subjetivos

 

En ese sentido, vale la pena recordar que la doctrina de esta Sala ha sostenido que “La acción de plena jurisdicción ha sido concebida en nuestra legislación contra actos administrativos individuales y personales que afectan derechos subjetivos. El acto administrativo acusado de ilegalidad vía recurso de plena jurisdicción debe entonces, conformarse mediante una decisión o declaración administrativa que produzca efectos jurídicos”.

De ahí que “la doctrina sentada por esta Sala Tercera, identifica que dichos actos Administrativos recurribles mediante la acción comentada, son aquellos de carácter definitivo; lo que quiere significar que “…son los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, es decir, que causan estado. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le permite producir derecho y obligaciones y lesionar o favorecer por el mismo al particular” (Cfr. Auto de 17 de septiembre 2006).

Auto de 5 de febrero de 2013. Caso: Hernán Alba Espino c/ Procuraduría General de la Nación.

Texto de fallo

Debe demandarse el acto modificatorio

 

Lo anterior implica que el acto emitido en virtud del recurso de reconsideración, no constituye un mero acto confirmatorio, ya que si bien confirma en parte la resolución originaria, también la modifica.

Dentro de este contexto, el acto modificatorio, crea una situación distinta, por lo cual no es posible aplicarle la teoría del acto confirmatorio, ya que causa un estado distinto, debiendo la parte actora solicitar la nulidad de ambas resoluciones, ya que han creado situaciones jurídicas distintas, no pudiendo ser considerada la Resolución AN N.° 4326 de 14 de marzo de 2011, en los aspectos modificados, como un acto confirmatorio, a la luz de las explicaciones que anteceden.

Por consiguiente, si bien, el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, es claro en señalar que no es indispensable dirigir la demanda contra los actos simplemente confirmatorios que hayan agotado la vía gubernativa, en este caso la parte debió dirigir la demanda  también contra el acto modificatorio, ya que los aspectos que fueron modificados por la resolución primigenia quedarían sin efectos, y una declaratoria de nulidad de la misma, no afectaría en dichos aspectos lo decidido por la Resolución AN N.° 4326  de 14 de marzo de 2011, que se mantendría en firme.

Auto de  27 de mayo de 2013. Caso: Fortaleza Investment Group, Corp c/ Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Texto de fallo