En consecuencia, de conformidad con la normativa jurídica que, de manera especial, regula al Banco de Desarrollo Agropecuario, la investigación seguida a un funcionario debe realizarse a la mayor brevedad posible, y la acción para aplicar la sanción disciplinaria debe ser ejercida dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia del hecho, de lo contrario, la misma caduca.

Se entiende, por tanto, que la investigación realizada por la Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos, la cual incluye el período probatorio y la presentación del informe con la respectiva recomendación, así como la expedición de la resolución administrativa que establezca la sanción disciplinaria a imponer al funcionario, deben completarse en un término que no supere los seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho.

Sentencia de 23 de octubre de 2025. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción JACG c Banco de Desarrollo Agropecuario. 18591.

Texto del Fallo

De la normativa legal citada arriba, este Tribunal considera importante resaltar para el caso que nos ocupa, que el historial de crédito de un consumidor, por una transacción bancaria alcanza toda la información o dato, en cualquiera que fuera su modalidad, creación, almacenamiento, organización y acceso, relacionada una transacción bancaria, cualquiera fuera su modalidad, de ahí, que se entiende que los datos o información que reposaren en un banco por una transacción bancaria y portales efectos que sean entregados a un agencia de información forma parte del historial de crédito.

Sentencia de 23 de octubre de 2025. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Grupo Aros SA c Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO). 18590.

Texto del Fallo

Desde este panorama, es indudable que la demandante MVRC, por conducto de lo establecido en el Artículo 1 y 4 de la Ley 59 de 2005 y sus modificaciones, dejó de ser una servidora de libre nombramiento y remoción, aunque ostentara un puesto de jefatura, ya que la ley de enfermedades crónicas a diferencias de la Ley de discapacidad físicas, no hace distinción en este aspecto. Por tal razón, la protege de ser despedida, sin causa justificada.

Sentencia de 23 de octubre de 2025. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción MVRC c Ministerio de Comercio e Industrias. 18589.

Texto del Fallo

Al respecto del padecimiento de una enfermedad que puede ser tratada por varios especialistas de diferentes ramos, resulta pertinente traer a colación un extracto del criterio expresado por la Sala Tercera, mediante la Sentencia de 19 de diciembre de 2022, en la que consignó:

Frente a los elementos probatorios que se citan y describen en las líneas anteriores, este Tribunal Colegiado, concluye que, la demandante M.L., de conformidad con la solemnidad documental exigida por el artículo 5 de la Ley 59 de 2005 y sus modificaciones, ha logrado acreditar con más de dos (2) dictámenes suscritos por médicos idóneos del ramo, que padece de una enfermedad crónica que le produce discapacidad laboral, denominada Fibromialgia, siendo que su padecimiento conlleva la intervención de múltiples servicios médicos al afectar de manera generalizada algunas partes de su organismo, entre los cuales se encuentra la medicina física y rehabilitación.

Sentencia de 23 de octubre de 2025. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción MVRC c Ministerio de Comercio e Industrias. 18589.

Texto del Fallo

Y es que, en la causa bajo estudio, estamos ante una decisión derivada de la potestad sancionatoria del Estado, para punir al servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, ya sea por comisión u omisión, quebrante o contravenga sus deberes, incurra en una falta administrativa, o bien no se ciña a los postulados de conducta establecidos en el ordenamiento jurídico, a través de una Ley y el Reglamento Disciplinario, que en caso que ocupa nuestra atención, se aplica de manera autónoma con prescindencia de otros cuerpos legales.

Sentencia de 10 de octubre de 2025. Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción AW c Ministerio de Seguridad 18587.

Texto del Fallo