Aunado a ello, cabe anotar que, por regla general, tanto las normas legales como toda actuación que realiza la administración pública tienen como cualidad esencial la irretroactividad, es decir que, los efectos jurídicos-materiales que producen son ex nunc (desde ahora); ello, con el objetivo de preservar los principios de la confianza legítima, la seguridad jurídica y la certeza de los ciudadanos, de que una situación jurídica que crea derechos y obligaciones, no sea modificada por la Administración Pública, sino por procedimientos previamente establecidos tendientes a desarrollar la normativa, dentro del marco de la potestad reglamentaria consagrada en nuestra Constitución Política.
Ahora bien, esta regla no es absoluta, y puede variar en ciertas normas y actuaciones de los órganos estatales, en tanto beneficien a los derechos e intereses de particulares y no impliquen un perjuicio al orden público o al interés general, tal como lo consagra el artículo 46 de nuestra Constitución Política que dispone que las leyes no tienen de manera intrínseca efectos retroactivos, excepto las de orden público o de interés social. Y, para que adquieran tal condición, resulta indispensable que en la propia Ley se deje consignado, expresamente, ese carácter público o de interés social.
Sentencia de 16 de enero de 2025. Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción Asociación Nacional de Técnicos en Asistencia Odontológica (ANTAO) c Ministerio de Salud. 17884.