Debe aportarse la prueba de que la expedición de la copia autenticada fue denegada

 

Lo que señala la norma (refiriéndose al art. 46 de la Ley 135 de 1943), en su recta y correcta interpretación, es que, para que se proceda esta solicitud previa al Sustanciador, el demandante debe indicar en su demanda, la oficina donde se encuentra el original expresando que el acto impugna (sic) no ha sido publicado, o que se le ha denegado la expedición de la copia o la certificación sobre publicación.

En consecuencia, tratándose del supuesto de que un funcionario le ha denegado al petente la expedición autenticada de la copia o la certificación sobre la publicación del acto que impugna, es lógico suponer que dicha solicitud de expedición de documentos previamente se ha formulado en la vi gubernativa o ante el funcionario indicado, y que tal petición no ha sido atendida. Si no se ha solicitado todo previamente en la vía gubernativa, mal puede la Sala suplir esa omisión o presuponer que el actor la solicitó. Luego, la única prueba que el demandante puede brindarle a la Sala de que se le ha denegado la expedición de la copia consiste en aportar a su demanda la copia de la solicitud demandada.

Como el demandante no ha acompañado la copia del documento donde se comprueba que solicitó al funcionario la expedición indicada, la cual probaría que le fue denegada, no existe razón alguna para variar la decisión del auto recurrido.

Auto de 30 de julio de 1984. Caso: Gurgel Panamá, S.A. vs. Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Texto del fallo

El sello original de su notificación suple la falta de autenticación

 

Del estudio de las constancias procesales se desprende que el demandante acompañó a su demanda una copia simple del acto originario impugnado con el sello original de su notificación.

A juicio del resto de los Magistrados de la Sala dicho sello original de notificación suple la deficiencia de autenticación de la copia del acto impugnado, que de acuerdo al artículo 44 de la Ley 135 de 1943 debe acompañarse a la demanda. Con esta notificación se prueba además que la demanda ha sido presentada en término legal.

Auto de 28 de enero de 1994. Caso: Atlantic Pacific, S.A. vs. Caja de Seguro Social.

Texto del fallo

No pueden invocarse disposiciones de rango constitucional

 

Al respecto se evidencia y desprende claramente del escrito contentivo del recurso en cuestión, que el actor incumple con lo preceptuado en el texto de los numerales 3 y 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, al no aludir expresamente a los hechos u omisiones en los cuales fundamentaba su pretensión, así como tampoco específica el concepto de la violación de las disposiciones incoadas como conculcadas. Inclusive el peticionista invoca normas de rango constitucional, los cuales no pueden considerarse en este Tribunal Colegiado, en virtud de que su evaluación, competencia y conocimiento le corresponde exclusivamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al texto del artículo 203 numeral 1º de la Constitución Nacional vigente. En atención a lo expuesto, la Sala Tercera únicamente puede pronunciarse en lo concerniente a la legalidad de los actos impugnados, más no acerca de la Constitucionalidad de los mismos según se encuentra consagrado en el numeral 2º del precitado artículo 203 de la Constitución Nacional; por lo que los mismos no podían ser incluidos en el presente recurso, dentro del acápite denominado “La expresión de las disposiciones que se estimen violados y el concepto de la violación”.

Auto de 25 de enero de 1994. Caso: Edilia Damaris Franco Herrera vs. Ministerio de Salud.

Texto del fallo

No es viable cuando se trata de actos administrativos preparatorios

 

Al no tratarse de un acto administrativo con carácter definitivo, no es posible acceder a la medida cautelar solicitada, toda vez que ese acto puede variar su condición, no es concluyente, final o irreversible. Criterio similar ha sostenido este Tribunal en relación a la suspensión de actos preparatorios, en resolución de 26 de julio de 1991 y de 12 de junio de 1992.

Auto de 20 de enero de 1994. Caso. Adventure International Corp. vs. Junta de Control de Juegos.

Texto del fallo

Convocatoria a una licitación pública

 

Quienes suscriben, al entrar a conocer de los argumentos vertidos por el peticionario de la medida cautelar solicitada, se percatan que el acto cuya suspensión provisional se ha requerido (la Convocatoria a una Licitación Pública), es un acto de trámite, preparatorio para la celebración de un contrato con la Nación, lo cual evidentemente no constituye un acto administrativo definitivo. El Tratadista LIBARDO RODRÍGUEZ R. define los actos preparatorios o de trámite como “aquellos que se expiden como parte de un procedimiento administrativo que se encamina a adoptar una decisión o que cumplen un requisito posterior a ella …”(RODRÍGUEZ LIBARDO, Derecho Administrativo General y Colombiano; Sexta Edición. Editorial Temis. Bogotá, Colombia 1990; pág. 204).

Auto de 20 de enero de 1994. Caso: Adventure International Corp. vs. Junta de Control de Juegos.

Texto del fallo