Características

Para ello, lo primero que debemos manifestar es que el daño ha de entenderse, como la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Sin embargo, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. En este sentido, el daño sólo adquirirá el carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple una serie de requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo.

Sentencia de 18 de enero de 2018. Demanda de Indemnización. Lucía Salazar Vallester de Méndez, para que se condene al Estado Panameño (Ministerio de Obras Públicas), por los daños y perjuicios económicos, materiales y morales, causados por la prestación defectuosa del servicio público.

Texto del Fallo

Subordinación jurídica

Tal como lo ha señalado la Sala en distintos pronunciamientos, se entiende que existe subordinación jurídica en los siguientes supuestos: a) cuando el trabajador se encuentra obligado a laborar bajo la autoridad, mando y control del empleador, b) cuando el trabajador está obligado a realizar el trabajo convenido personalmente “con la intensidad, cuidado y eficiencia que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, preparación y destreza” (artículo 126, numeral 1, del Código de Trabajo); c) cuando el trabajador está obligado a prestar servicio en el tiempo convenido, y en la forma y modalidades que le sean indicadas por el empleador de acuerdo con el contrato y dentro del marco de los fines de la organización de empresa; y, d) cuando el trabajador debe rendir sus tareas en lugar convenido.

Sentencia de 17 de enero de 2018. Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción. Sociedad Industrias Lácteas S.A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 058-2014 de 20 de marzo de 2014, expedida por la Dirección Ejecutiva Nacional de Finanzas y Administración de la Caja de Seguro Social.

Texto del Fallo

Principio de Primacía Histórica

Lo anterior va de la mano, incluso, con la posibilidad de que el Estado pueda expropiar este tipo de bienes históricos con miras asegurar la permanencia de su testimonio, basados en lo que se denominó el principio de primacía histórica, sin perjuicio de que, a través de una ley, se pueda conciliar ese carácter histórico y de permanencia con fines comerciales, turísticos, industriales y de orden tecnológico. Preservándose de esa manera el carácter de patrimonio histórico, y además que el cuidado y mantenimiento quede asegurado por parte de la Iglesia Católica.

Sentencia de 29 de noviembre de 2017. Proceso Demanda de Incostitucionalidad. Caso Ana Elena Porras Guizado, para que se declare incostitucional la Resolución C.N.T. 002 de 15 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

Texto del Fallo

Solicitud de reconocimiento

 

La comparación de los Artículos anteriores del Decreto 112 de 1980 demuestran de manera clara, que le asiste razón al recurrente, ya que los reconocimientos que se solicitan al Instituto de Deportes, se hacen, de las Federaciones Nacionales, por ellas mismas; de las Ligas Provinciales , a través de la Federación Nacional respectiva; de las Ligas Distritoriales a través de la Liga Provincial respectiva; y de las Ligas de Corregimiento y del Club, a través de la Liga Distritorial o de la Liga a que esté afiliada éste último, ya sea Distritorial o de Corregimiento.

Lo expuesto demuestra que efectivamente se violó .el Artículo 38 del Decreto Ejecutivo No.112 de 1980, al hacerse un reconocimiento de un Club por parte del I.N.D.E.; contraviniendo la exigencia expresada en dicho Articulo, de que la solicitud de reconocimiento debió hacerse a través de una Liga Distritorial o de Corregimiento y no como se hizo a través de una Federación, que sólo puede solicitar reconocimiento de Ligas Provinciales.

Sentencia de 22 de agosto de 1990. Proceso: nulidad. Demandante: Carlos E. Hernández A.. Acuerdo impugnado: Resolución 9-89 D.G. de 17 de diciembre de 1988, dictado por el Instituto Nacional de Deportes. Magistrado sustanciador: Edgardo Molino Mola. Registro Judicial, agosto de 1990, p. 383.

Texto del fallo

Condiciones para que proceda

 

En seguimiento de lo anterior, el artículo 62 de la Ley Nº 38 de 2000 enuncia de forma expresa los supuestos en que puede procederse a la revocatoria de oficio de un acto administrativo que reconoce derechos subjetivos a favor de terceros. En ese sentido, la norma legal enuncia las siguientes condiciones:

1.- Cuando el acto administrativo fue emitido por una autoridad sin competencia para ello;

2.- Cuando el beneficiario del acto haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerlo;

3.- Si el afectado consiente en la revocatoria; y,

4.- Cuando así lo disponga una norma especial.

Sentencia de 11 de mayo de 2017. Proceso: Nulidad. Caso: ALFA S.A. c/ Ministerio de Comercio e Industrias.  acto impugnado: Resolución Nº 2014-183 de 30 de julio de 2014. Magistrado ponente: Abel Augusto Zamorano.

Texto del Fallo