En las demandas de nulidad procede la suspensión del acto administrativo acusado, no solo para evitar perjuicios económicos, sino, y, sobre todo, cuando el acto impugnado puede inferir una lesión a la integridad del ordenamiento legal, lo que puede ocurrir cuando el acto demandado es manifiestamente incompatible con una noma de superior jerarquía legal.
Auto de 1 de febrero de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad E.C. c Ministerio de Economía y Finanzas.
A manera de docencia consideramos significativo transcribir lo que se ha planteado en nuestra jurisprudencia con respecto a la reglamentación de las leyes y los límites de la potestad reglamentaria; recordando que el reglamento está subordinado a la Constitución y a las Leyes conforma lo establece el artículo 15 del Código Civil, y que tratándose de los reglamentos de ejecución de las leyes, uno de sus principios fundamentales consiste en que deben respetar la jerarquía normativa, es decir, no rebasar el contenido de la ley.
Auto de 1 de febrero de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad E.C. c Ministerio de Economía y Finanzas.
Sobre este tema en particular, estimamos importante indicar que el expediente administrativo constituye una de las piezas fundamentales para que el Tribunal pueda formarse una acertada convicción sobre los hechos y garantice que el proceso sirva para la realización de la justicia, ya que el mismo refleja el recorrido de formación de la voluntad del acto que se emite, sustentando la decisión de la Administración.
La inexistencia del expediente administrativo genera una presunción negativa en cuanto a la validez de la actuación administrativa carente de apoyo documental, al momento de determinar la legalidad de dicha actuación.
Es por ello que, tal omisión puede obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte actora, por lo que aprovechamos la oportunidad para hacer un llamado de atención a la entidad administrativa demandada, instándola a cumplir con la responsabilidad legal contenida en el artículo 69 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000, que señala que toda actuación administrativa debe constar por escrito y debe anexarse al expediente respectivo, con indicación de fecha de inicio y de archivo, salvo las excepciones de ley, la cual debe foliarse en numeración corrida, consignada con tinta u otro medio seguro, por orden cronológico de llegada de los documentos, y registrarse en un libro , computador, tarjetario o por cualquier medio de registro seguro, que permita comprobar su existencia o localización; de forma tal que se garanticen los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y defensa de los administrados.
Sentencia de 16 de marzo de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad E.A.O.D. c Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.
Del estudio de las distintas piezas procesales que componen el proceso, la Sala debe cumplir que ante la falta de constancia probatorias que permitan establecer el título e derecho real sobre el terreno sujeto a la medida cautelar dictada por el Banco de Desarrollo Agropecuario, no es posible considera probada la presente tercería, ello por cuando los terceristas han incumplido con su deber de la carga probatoria establecido en el artículo 784 del Código Judicial, el cual señala que: “incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables”, para el reconocimiento del derecho alegado.
En virtud de lo anteriormente expuesto, lo procedente es declarar no probado el presente incidente de levantamiento de secuestro.
Auto de 6 de marzo de 2023. Cobro Coactivo Banco de Desarrollo Agropecuario c J.E.M.M. y A.S.M.
De acuerdo al artículo 70 de la Ley N° 51 de 2005, en consonancia con los artículos 46, 47, 76 a 78 del Reglamento de Prestaciones y Servicios en Salud de la Caja de Seguro Social, publicado en la Gaceta Oficial 28634-A.
Se desprende una clara prohibición en la adquisición de servicios que la Caja de Seguro Social posee y puede ofrecer a sus asegurados, pero también señala excepciones específicas para la prestación de tales servicios por instituciones ajenas a la entidad, tales como la ausencia temporal o absoluta del servicios, cuando la demanda supere la capacidad y que tales servicios sean estrictamente necesarios para su atención.
Así mismo, el compendio normativos establece que el reembolso de gastos médicos se hará efectivo en casos de urgencias o emergencias y se compruebe que el asegurado no pudo obtener previamente la autorización de la Institución, sin perjuicio de lo que contempla la Ley N° 16 de 31 de julio de 1986 (por la cual se dictan normas para garantizar la asistencia médica de urgencia a las personas que se encuentren en grave peligro de muerte); y, que en tal supuesto, la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, procederá a conformar una Comisión Médica Evaluadora, integrada por tres médicos, que valorará la condición clínica del beneficiario y determinará si la urgencia puso en riesgo la vida o la salud, en el momento que recibió la prestación en salud.
Lo anterior evidencia que la solicitud de autorización resulta ser un trámite de carácter instrumental y que la aprobación o no del reembolso de los gastos totales o parciales en que incurra el paciente, que deben ser asumidos por la Caja de Seguros Social, dependerá de la evaluación que, en cuanto al diagnóstico, urgencia y existencia de tratamiento o servicios en dicha entidad, establezca la Comisión que la norma señala, aun cuando sean posterior a la fecha del tratamiento recibido.
Sentencia de 01 de marzo de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción V.R.H. c Caja de Seguro Social.