Principio de Igualdad

La igualdad es un principio inherente a la persona humana, emanada de la naturaleza misma del hombre. Por ello preexiste a cualquier legislación positiva. Esta Corporación de Justicia ha señalado que la igualdad exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en iguales situaciones, igual tratamiento de los iguales en iguales circunstancias. Por lo tanto, ello signifa el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias y condiciones.

Sentencia de 12 de octubre de 2017. Proceso Demanda de Inconstitucionalidad. Caso Samuel Quintero, contra la frase “La exclusión de pruebas por razones de ilicitud solo será apelable por el fiscal,…”, contenida en el artículo 347 del Código Procesal Penal.

Texto del Fallo

Principio de congruencia

Por otro lado, uno de los principios esenciales del derecho procesal es el principio de congruencia de la sentencia, por cuya virtud para resolver el litigio el juez se encuentra limitado por lo que las partes hayan solicitado, garantía esta que encuentra su fundamento en el derecho de defensa, y ello deriva principalmente en interés evidente de la protección a la tutela judicial.

Sentencia de 28 de marzo de 2018. Proceso: Advertencia de Ilegalidad. Partes: Jorge Iván Arrocha, Luis Eduardo Quirós Bernal y Adolfo Tomás Valderrama, en contra del Acto celebrado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el 21 de febrero de 2018.

Texto del Fallo

En ese mismo sentido debemos pronunciarnos respecto al principio  de la doble instancia argumentado por el activador constitucional. Garantía procesal consagrada, en todo Estado de Derecho, viene a ser un pilar importante en toda jurisdicción, especialmente en materia penal, y consiste en la posibilidad de acudir ante una autoridad de superior jerarquía para que revise la sentencia, ya sea favorable o desfavorable, con el fin de que decisiones contrarias a los intereses de las partes tengan un análisis más minucioso o amplio para evitar errores judiciales que pongan en peligro cualquier derecho fundamental, especialmente el de la libertad fundamental.

Sentencia de 04 de octubre de 2021. Demanda de Inconstitucionalidad S.S.U. c artículo 483 del Código Procesal Penal.

Texto del Fallo

Inembargabilidad de bienes públicos

 

Observa la Sala que en el presente caso, la aplicación de dicho régimen de ejecución se dirige contra bienes municipales, los cuales corresponden a la categoría de bienes del Estado, situación que por el denominado privilegium fisci, impide que dichos bienes sean objeto de embargos ni medidas de ejecución en su contra.
En nuestro ordenamiento el privilegio de inembargabilidad de los bienes públicos tiene como fundamento el artículo 1650 del Código Judicial, que en su parte pertinente dice:

“Artículo 1650. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, podrán ser objeto de embargo todos los bienes enajenables del deudor con las siguientes excepciones:

1. …

14. Los bienes pertenecientes al Estado, a los Municipios o a entidades estatales, autónomas o semiautónomas con excepción de las empresas mixtas;

…

18. Cualquier otro bien que la Ley señale como inembargable.

De oficio o a petición de parte, deberá el Juez que la decretó, o el superior, en cualquier momento, revocar una orden de secuestro o embargo violatorio de lo dispuesto en el presente artículo.”

El citado precepto prevé una excepción de posibilidad de embargo, para cierta categoría de bienes, la cual se hace extensiva a los bienes de propiedad tanto del Estado como de los Municipios.
Con fundamento a lo expuesto, el Tribunal concluye que no procede darle trámite a la presente petición relativa a la aplicación de procedimiento complementario de ejecución de sentencia.

Auto de 16 de abril de 2009. Proceso: Plena jurisdicción. Caso: Solicitud de ejecución de la Sentencia de 2 de septiembre de 2008. Solicitante: Alcalde del Municipio de Chame. Magistrado ponente: Adán Arnulfo Arjona L.

Texto del fallo

No puede quedar abierto indefinidamente

 

De lo que se lleva dicho, resulta con meridiana claridad que la normativa examinada, responde a la noción de orden que debe regir todo proceso, conforme a la cual, los actos procesales han de realizarse a través de una serie de etapas, hasta la finalización del juicio, impidiendo volver atrás una vez se concluye una fase determinada.

Ello es así, pues el proceso no puede quedar abierto indefinidamente para que las partes o los interesados realicen los actos procesales cuando a bien lo consideren, o intenten acciones distintos a las establecidas en la ley, pues el proceso ha de regirse por un principio de orden hasta llegar a la definición de la pretensión de quien accede a la jurisdicción.

Auto de 2 de septiembre de 2008. Caso: Banco Nacional de Panamá y Pequeña Suecia, S.A. vs. Dirección Nacional de Reforma Agraria del ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Texto de fallo