Por otro lado, observamos que, tanto en la sección de los hechos de la Demanda, como en las normas infringidas y el concepto de infracción, estos ubican como fuente de su pretensión una sentencia de tipo penal.

Dicha sentencia no ha sido adjuntada al libelo de demanda, por tanto, la parte actora debe saber que en virtud del principio según el cual a las partes les incumbe demostrar los hechos y al juez dispensar el derecho, o sea el onus probando contemplado en nuestra legislación en el artículo 784 del Código Judicial, que a letra dice: “Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables”, debió probar si la demanda fue interpuesta en tiempo oportuno, situación que no ocurre en el negocio jurídico en cuestión, recordando, que la carga procesal definida como “la condición que establece la ley de ejecutar determinados actos procesales si se desea lograr ciertos propósitos”, le corresponde en este caso, a quien solicita a esta Corporación de Justicia le sea admitida la demanda en cuestión.

La carga de la prueba implica la obligación que tiene una parte de conseguir la prueba. Además, ese es un deber de las partes y sus apoderados y cuando no aparece probado el hecho, ello permite que el juez no pueda otorgar la pretensión de quien pide; pues ello, se resume en esa frase romana onus probando incumbit actori, es decir la carga de la prueba le incumbe al actor, y partir de allí poder efectuar las respectivas reclamaciones de carácter indemnizatorias.

Auto de 9 de junio de 2023. Demanda Contencioso Administrativa de Indemnización R.A.H.C. c Banco Nacional de Panamá (Estado Panameño).

Texto del Fallo